Decía Martin Luther King en su 'Carta desde la cárcel de Birmingham' (1963) que “una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar”, extendiendo así la defensa de los derechos civiles de los negros en EEUU hacia otros colectivos. En la actualidad, las democracias occidentales nos hemos dotado, después de siglos de luchas y conquistas, de un corolario de derechos y libertades que, si bien protegen formalmente a los ciudadanos, en ocasiones están lejos de resultar eficaces. No solo se producen graves y continuas vulneraciones de los derechos humanos en regímenes de carácter más o menos totalitario, como es el caso de Arabia Saudí, China o Rusia; sino que cada vez es más frecuente que estos ataques se realicen desde aquellas democracias occidentales que no solo se han obligado formalmente a su cumplimiento, sino que deberían ser garantes de los mismos.
Evidentemente, los conflictos armados son el caldo de cultivo ideal para el atropello de todo tipo de derechos. Cicerón hace dos mil años sentenció que “las leyes son silenciosas en tiempos de guerra”. Solo tenemos que asomarnos a las más cercanas contiendas de Ucrania e Israel, o a otras más silenciadas y lejanas como las del pueblo uigur en China o la guerra de Tigray en el norte de Etiopia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados recogen una amplia gama de derechos. Cronológicamente podemos distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Entre los primeros encontramos los derechos civiles y políticos, ampliamente reconocidos, que giran en torno al reconocimiento de la libertad personal y la protección de los individuos contra las violaciones cometidas por el estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social Europea del Consejo de Europa recogen los derechos de segunda generación, entre los que se incluyen el derecho a la educación, a la salud, al trabajo o a la vivienda. También el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. Por último, tenemos los derechos humanos de tercera generación, entre los que incluimos el derecho al desarrollo sostenible, a la paz o a un medio ambiente sano.
No hace falta, sin embargo, que vayamos a China o a Etiopia para comprobar como estos derechos no terminan de garantizarse ni siquiera en las más cercanas democracias. Así, quienes vulneran nuestros derechos “no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, como decía el ex presidente Aznar. Tenemos ejemplos palmarios simplemente cruzando el puerto de la Cadena. El colapso del Mar Menor, sin ir más lejos, es probablemente el mayor desastre ecológico de toda Europa meridional. Una catástrofe que ha terminado por arruinar la zona y ha devastado municipios como Los Alcázares, San Pedro del Pinatar o San Javier, cuyo parque inmobiliario se ha devaluado en casi 5.000 millones de euros en los últimos años.
Sin embargo, más allá de los conflictos de carácter armado o las grandes catástrofes medioambientales, las vulneraciones de los derechos humanos se reproducen de manera sistemática en todo el mundo. No solo los estados amenazan nuestra libertad, también las grandes corporaciones disponen de instrumentos cada vez más potentes, silenciosos y, por tanto, eficaces. En los últimos años hemos asistido a la generalización de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, que suponen una esperanza para mejorar nuestra calidad de vida, pero que también constituyen una clara amenaza a nuestros derechos y libertades. Las oportunidades para mejorar exponencialmente sectores tan relevantes como la sanidad, la educación o la seguridad plantean también importantes reservas que empiezan a tomarse en serio por los Estados y por las grandes empresas. La IA generativa esta siendo utilizada por muchos países para el control de sus ciudadanos a través de la censura o la vigilancia. China es el ejemplo paradigmático monitoreando, perfilando y controlando a su población; aunque en las sociedades occidentales también estamos sujetos a este tipo de controles sin ser muy conscientes de ello. Esperemos que la distopía anunciada por Orwell en su novela '1984' no acabe confirmándose y en los próximos meses las grandes potencias mundiales y corporaciones tecnológicas se pongan de acuerdo para regular una tecnología tan ilusionante como peligrosa para nuestros derechos.
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