¿Estuvieron bien atendidos? ¿Murieron solos o tuvieron alguien que les cogiera la mano en sus últimos momentos? ¿Se pudo haber impedido esta tragedia? ¿Qué falló? ¿Qué podemos hacer para que nunca más suceda? Lo de las banderas a media asta y los crespones negros está muy bien. Pero lo que quieren los familiares de los fallecidos en nuestras residencias es saber cómo y por qué murieron sus mayores. La verdad y nada más que la verdad.
¿Cómo está mi padre? ¿Cuándo podré hablar con mi madre? ¿Por qué nadie coge el teléfono? Preguntas sin respuesta. La historia se repite y ésta es la angustia que viven hoy miles de familias. El coste medio de una plaza en una residencia, cofinanciado generosamente por la administración, supera los 1.400 €. El trato recibido en cambio por la dirección de los centros es en muchos casos peor que el una prisión.
Era un día caluroso de verano, pero la ocasión imponía vestir de etiqueta. El 22 de julio todos los altos cargos y autoridades de la Región estaban presentes en el acto para honrar a los fallecidos en la plaza de la catedral. En el centro un olivo, 121 velas, 68 de ellas por los fallecidos en residencias, y una placa: “Siempre en nuestro recuerdo y nuestro corazón”. Siempre que no les toque a ellos dar cuentas, claro está.
Llegó así el otoño y el viento que arranca las hojas de los árboles, también ha desnudado al Gobierno murciano. A las primeras de cambio, muchos de los que estuvieron en aquel homenaje han demostrado lo poco que les duran a algunos los buenos propósitos. Golpes en el pecho, todos. Rendir cuentas, va a ser que no. El pasado miércoles Partido Popular, Ciudadanos y Vox cerraban la puerta a la comisión de investigación propuesta por Podemos. Los Castillo, Liarte, Pascual y Segado, que en julio se echaban la foto, ahora quedan retratados.
Y mientras tanto la segunda ola avanza dejando en mantillas a la primera. Más de 400 contagios y 60 muertos en nuestras residencias. La tragedia de Caser se repite hoy en Ballesol. El infierno que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encontraron en algunas residencias en marzo, es el mismo que hoy relata el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud enviado a las residencias Virgen de la Fuensanta, a Caravaca, a Campos del Río o a Ceutí. Úlceras en la piel, ancianos deshidratados, condiciones de higiene lamentables. Un escenario propio de “una zona de guerra o de un campo de concentración”.
No es la única ola que crece. El 26 de septiembre los familiares de los fallecidos en residencias se manifestaron en la avenida Alfonso X el Sabio. Una semana después los familiares de Caser se concentraban a las puertas de la residencia en Santo Ángel para recordar a sus seres queridos y pedir a los trabajadores que rompan su silencio. El pasado viernes, convocados por la Marea de Residencias, se concentraron de nuevo frente a la sede de la Consejería de Política Social en la Fama. Cada vez son más y somos más los que los apoyamos.
Con la marea subiendo y el agua al cuello, alguno ha pensado que lo mejor es sacarse de la manga una comisión interna y esperar a que escampe el temporal. Un comité investigador formado por el personal de las consejerías de Salud y Política Social, es decir, por los que deben ser investigados, y en el que los comparecientes quedan a elección del Gobierno regional. López Miras ha reinventado así lo de ser juez y parte y lo ha llevado un paso más allá. La comisión de puertas adentro que propone el PP es como un juicio en que el juez, el acusado, el fiscal, el abogado y los testigos fueran todos parientes de primer grado.
Y a todo esto la semana que viene se pone en marcha la comisión de investigación por la llegada de pateras. Esa sí que es urgente y necesaria. Los mismos diputados que votaron en contra de investigar las muertes en residencias, crean comisiones para seguir metiendo cizaña con un drama humanitario que no se va a detener mientras haya guerras, limpiezas étnicas, países enormemente ricos y otros enormemente pobres. Propongo que los investigadores vayan a la raíz del problema. Tomaros el tiempo que haga falta allá por las costas de Argelia. Que se vayan con un billete de ida, pero que no vuelvan.
¿Estuvieron bien atendidos? ¿Murieron solos o tuvieron alguien que les cogiera la mano en sus últimos momentos? ¿Se pudo haber impedido esta tragedia? ¿Qué falló? ¿Qué podemos hacer para que nunca más suceda? Lo de las banderas a media asta y los crespones negros está muy bien. Pero lo que quieren los familiares de los fallecidos en nuestras residencias es saber cómo y por qué murieron sus mayores. La verdad y nada más que la verdad.
¿Cómo está mi padre? ¿Cuándo podré hablar con mi madre? ¿Por qué nadie coge el teléfono? Preguntas sin respuesta. La historia se repite y ésta es la angustia que viven hoy miles de familias. El coste medio de una plaza en una residencia, cofinanciado generosamente por la administración, supera los 1.400 €. El trato recibido en cambio por la dirección de los centros es en muchos casos peor que el una prisión.