Hace unos días, el Tribunal Supremo (TS) anuló varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo, por considerar que ese plan no especifica los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Aunque, como era de esperar, esta sentencia ha levantado las iras de un sector de la sociedad murciana, alicantina y almeriense, tal vez hay que recordar que el caudal ecológico es, según la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica) aquel caudal “que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”.
La sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del Plan Hidrológico del Tajo le da la razón a los postulados de los ecologistas, en el sentido de que, en un contexto de cambio climático en el que nos encontramos, es del todo insostenible que se siga confiando en la política de trasvases para atender a las demandas de agua del Sureste y el Levante español, sobre todo cuando estas demandas no son para consumo de boca, sino para mantener el modelo intensivo de agricultura y el turismo de masas.
Sabido es que el trasvase extrae de la cabecera del Tajo prácticamente la mitad del agua que lleva el río en año y medio, y que tres cuartas partes de ese agua se utiliza para regadío. El cambio climático ha provocado que la cabecera reciba un 30% menos de agua en los últimos 10 años. Un estudio publicado en 2003 por la ONG ambientalista WWF ('Trasvase Tajo-Segura: Lecciones del pasado') recogió el impacto que supuso la construcción de esta obra faraónica y los impactos del uso continuado de la misma.
Así, en la cuenca donante se cita el efecto barrera para la fauna debido a los embalses y conducciones asociadas al trasvase, la reducción de caudales circulantes en el río Tajo durante todo el año, pero muy en particular en verano, el empeoramiento crítico de la calidad de las aguas del Tajo, el paso de especies piscícolas de unas cuencas a otras y la alteración de la dinámica fluvial que afecta tanto a parámetros físicos como a químicos.
Pero también afecta a la cuenca receptora, la del Segura, al producirse un incremento exponencial de las demandas de agua para agricultura y turismo, con las consabidas consecuencias fatales para el Mar Menor. Además, el trasvase también produce impactos socioeconómicos, como los desequilibrios territoriales, con el despoblamiento y envejecimiento de la población de los pueblos de la cuenca donante, largamente denunciados por los colectivos locales contrarios al trasvase.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un alarde de simplismo y populismo, se pregunta “si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente, ¿cuál es el problema para que todos los españoles tengamos el agua que necesitamos?”. El problema de base es que, en España, el 80% del agua se utiliza para riego, los acuíferos subterráneos están sobreexplotados y la superficie de cultivos dedicados al regadío superan los 3,7 millones de hectáreas, un 22% del área cultivada total, porcentaje que se eleva al 45% en la Región de Murcia.
La superficie de regadío en nuestro país ha aumentado en más de 700.000 hectáreas desde 1986 a la actualidad, al tiempo que el fenómeno de la desertificación se ha agravado en este periodo. Según un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica) publicado en 2016, el 80% del suelo de nuestro país está en riesgo de desertificarse, es decir, de perder la cubierta vegetal que prevenga la erosión, sobre todo en la Región de Murcia y Almería.
Frente a esto, la solución pasa por abandonar la política de trasvases y adaptarnos a la situación de aridez y escasez de agua, con el desarrollo de técnicas cada vez más avanzadas en la depuración de aguas residuales y desalación de agua de mar, con disminución progresiva de sus costes, mediante el uso de energías renovables.
El sueño iniciado en la Segunda República, construido durante el franquismo y puesto en funcionamiento en plena Transición parece tocar a su fin. Seguir pensando en los ríos como meros canales de riego, y en las cuencas como inmensas bolsas de agua que pueden trasvasarse de un lado a otro con vasos comunicantes, es reducir la función de nuestro ecosistemas fluviales a simples sistemas puestos al servicio del ser humano, sin importar las consecuencias ecológicas que ello conlleva, cuyos principales damnificados seremos nosotros mismos.
Hace unos días, el Tribunal Supremo (TS) anuló varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo, por considerar que ese plan no especifica los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Aunque, como era de esperar, esta sentencia ha levantado las iras de un sector de la sociedad murciana, alicantina y almeriense, tal vez hay que recordar que el caudal ecológico es, según la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica) aquel caudal “que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”.
La sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del Plan Hidrológico del Tajo le da la razón a los postulados de los ecologistas, en el sentido de que, en un contexto de cambio climático en el que nos encontramos, es del todo insostenible que se siga confiando en la política de trasvases para atender a las demandas de agua del Sureste y el Levante español, sobre todo cuando estas demandas no son para consumo de boca, sino para mantener el modelo intensivo de agricultura y el turismo de masas.