Todos sabemos que cualquier intento de mejora de nuestra Constitución necesita mayorías parlamentarias tan fuertes que se hace indispensable el acuerdo, como mínimo, de los partidos mayoritarios. Sin embargo, una propuesta de mejora del calado que se nos presenta no puede pactarse en una negociación entre el presidente del Gobierno y los jefes de los principales partidos en la oposición, disciplinadamente instrumentada por sus respectivos grupos parlamentarios, como se hizo en 2011 con la inútil reforma del artículo 135. Reformar la Constitución exige empezar con una comisión representativa más amplia, encargada de alumbrar acuerdos políticos básicos sobre la finalidad y el contenido de lo que se propone.
El Consejo de Estado acaba de enviar al Gobierno un informe en el que propone reformar la Constitución para reducir los aforamientos del presidente, los ministros, diputados y senadores. Se plantea modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Ley Fundamental para añadir que el fuero especial se limite a “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”. Se recomienda además que en un año como máximo se modifiquen otras leyes que regulan el régimen procesal de otros aforados como diputados autonómicos y jueces. La pregunta ¿no habría que hacer lo propio, con la inmunidad del Jefe del Estado?
En mi opinión es fundamental hablar del Título VIII. Debe darse un paso hacia una organización federal del Estado, sobre la base de redefinir los poderes y atribuciones del Gobierno. Una vez establecidas claramente esas competencias, las partes de la federación tendrían su propia responsabilidad y capacidad normativa y fiscal. La insatisfacción de muchos catalanes con el statu quo no puede resolverse negando toda necesidad de reforma, igual que lo exigen las dificultades de otras autonomías para gestionar las competencias que tienen. Hay que completar esa reforma con la del Senado.
Hay que hacer autocrítica y resolver el problema que tiene que ver con la crisis de confianza, de desafectación entre el pueblo y sus instituciones. La laicidad del Estado, la democracia representativa está cuestionada desde sectores que protestan por las distorsiones de la proporcionalidad producidas por el sistema electoral, que prima a los partidos mayoritarios a escala estatal y amplía el peso político de los nacionalistas en el conjunto de España.
A falta de un referéndum es imposible conocer las preferencias, pero se hace imprescindible eliminar contradicciones, y me estoy refiriendo al Título II: hay que acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Jefatura del Estado, con su inmunidad, y dotar a esta institución de un Estatuto que favorezca la transparencia.
Los cambios para la mejora de la Constitución deben verse como un mecanismo de defensa de la misma. No se trata de cuestionarse si es legítima una Constitución porque apenas la ha votado una cuarta parte de los españoles actuales: ningún estadounidense vivo ha votado la suya, que data de 1788, pero ha sido enmendada 27 veces. La mayoría de las democracias introducen los cambios que va experimentando la sociedad en la Constitución o en las leyes. Es ineludible hacerlo en España y además debería permitir la consulta a los ciudadanos del pacto resultante.
En todo caso, abordar una reforma sería una señal de mejora en la búsqueda de soluciones constructivas. Me disgusta que mi partido, el PSOE, plantee con miedo los cambios necesarios. No terminamos de concretar propuestas y las conocidas como blindar derechos como la educación, la sanidad, las pensiones públicas, el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna dan cierta impresión de timidez. La derecha, en especial el PP, ha demostrado empeño conservador, inmovilista. Para los socialistas, mejorar la Constitución debe convertirse en una bandera política y de primer orden.
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