Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, que fue el punto de partida con el que se pretendía superar la desigualdad que venía existiendo entre hombres y mujeres, hasta nuestros días, si bien es cierto que ha habido avances a nivel social y laboral, también lo es la persistencia de problemas estructurales que evidencian que las mujeres sigan enfrentando dificultades para el acceso y permanencia en el mercado laboral.
Es indudable que este carácter estructural se debe a la construcción sexuada de las categorías profesionales que, junto a la construcción cultural tradicional del trabajo, relega a las mujeres, mayoritariamente, a trabajos relacionados con el cuidado de la vida, la limpieza, tareas administrativas y similares, mientras los índices de masculinidad se reparten entre un mayor y más variado número de ocupaciones.
Reflejo de esta realidad, es el constructo patriarcal social y familiar donde frases como “eso es cosa de mujeres” sigue persistiendo, lo que hace que continuemos sufriendo la interferencia de las responsabilidades domésticas. La división sexual del trabajo es, por consiguiente, el núcleo sobre el que se establece la dominación y subordinación de las mujeres, una dominación que se traduce, desde antiguo, en un estatus social inferior para nosotras.
Las políticas de empleo no ayudan en demasía al promover el tiempo parcial femenino como solución para conciliar la vida laboral y familiar. Tan solo hay que hablar con las dependientas de centros comerciales, limpiadoras, cuidadoras u otras mujeres empleadas en servicios similares para darse cuenta de que la desregulación del horario de la jornada laboral diaria impide o dificulta en mayor medida la mencionada conciliación, penalizando a las mujeres que se ven discriminadas en su salario (pluses, antigüedad etc.) y en su cotización al computar menos horas en su jornada laboral, lo que conlleva aparejado una exigua pensión futura.
La reforma laboral ha supuesto una regresión en la regulación de algunos derechos de conciliación, como la reducción de jornada contemplada en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.
El pasado 24 de enero, en una entrevista realizada al Sr. Rajoy, le preguntaban por la brecha salarial y el presidente respondía: “No nos metemos en eso”. Sin duda, no le faltaba razón, no debemos olvidar que tres años después de promulgada y publicada la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIE) fue suprimido el Ministerio de Igualdad, órgano encargado de poner en marcha la estructura institucional y las políticas transversales, lo que motivó que la ley entrara en una fase de estancamiento agravada por la crisis y por un gobierno para el que la igualdad no es un asunto importante.
Resulta paradójico que se promulguen leyes para que, contraviniendo el art. 14 y 9.2 de la CE, se ignore su aplicabilidad y su eficacia en cuanto a norma obligatoria. Decía el Sr. Rajoy en la entrevista referida anteriormente que “los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios”, luego hemos de entender que la ley aprobada, cuyo objeto es promover la igualdad efectiva (incluido el salario) y que goza de carácter imperativo, no es competencia de los gobernantes. ¿Es, o no es, una paradoja? Máxime cuando hace unos días teníamos noticia a través de la prensa del adelanto de la segunda edición del informe “Brecha salarial y techo de cristal” elaborado por los Técnicos de Hacienda (Gestha), en el que se recoge que en el conjunto de España las mujeres cobran un 30% menos que los hombres y, en Murcia, concretamente, un 25,7% menos; es decir, traducido a euros, las murcianas cobramos 3.578 euros menos que los murcianos.
El Sr. Rajoy zanjó la cuestión diciendo: “Demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas”. En esto podríamos estar de acuerdo si no fuera porque la buena dirección de quienes nos gobiernan es un dislate que dista en demasía de lo que es justo para las mujeres.
Caricaturizar las cuestiones que afectan a los derechos de las mujeres ha sido una práctica de los sectores más conservadores de la sociedad, pero como bien dijo Natalie Clifford Barney “Me parece que las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad son las que hacen posible la vida..., son las rebeldes quienes amplían las fronteras de los derechos, poco a poco..., quienes estrechan los confines del mal y los reducen a la inexistencia”. Esas, tú, yo, ella, han sido, son y serán las mujeres de los movimientos feministas, las únicas promotoras del cambio social que este año al grito de “Sin nosotras, ni se produce, ni se reproduce” animan a todas las mujeres a sumarse, a la huelga (legal) del próximo 8 de marzo, Día internacional de la Mujer.
*Lola Poveda es miembro del grupo sectorial de Mujeres, Feminismos e Igualdad de Cambiemos Murcia.
Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, que fue el punto de partida con el que se pretendía superar la desigualdad que venía existiendo entre hombres y mujeres, hasta nuestros días, si bien es cierto que ha habido avances a nivel social y laboral, también lo es la persistencia de problemas estructurales que evidencian que las mujeres sigan enfrentando dificultades para el acceso y permanencia en el mercado laboral.