Hace unos días, durante una excursión por la sierra murciana alguien sacó a pasear el tema de la vivienda en Murcia. ¿Sabéis que van a construir en nuestro barrio viviendas de lujo con todo tipo de servicios? Piscina, gimnasio, sala de trabajo, barbacoa, etc. por solo 400.00 euros.
¿Por solo 400.000 euros? El problema no es que se edifique vivienda por ese precio. El problema es que nos parece normal para pisos que no llegan a los 100 metros en el extrarradio de una capital de provincia.
Hasta hace menos de 20 años cualquier pareja con un salario medio y un trabajo estable podía plantearse la emancipación mediante la compra de una vivienda. Incluso había jóvenes que decidían independizarse solos y accedían al mercado inmobiliario sin demasiadas dificultades. Un mercado de alquiler también accesible ofrecía la posibilidad de iniciar una vida independiente con mayor facilidad.
Sin embargo, la situación cambió con la irrupción de la burbuja inmobiliaria y los locos años 2000. Se construía para especular y se olvidó, especialmente por parte de las administraciones públicas, que tal y como establece el artículo 47 de nuestra constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
A pesar de que los precios se han ajustado a la baja desde los picos de 2008, el descenso ha sido claramente insuficiente. Si a esto sumamos la precariedad del empleo en general y del juvenil en particular -no hace falta que recuerde que somos líderes europeos- las posibilidades reales de emancipación de nuestros jóvenes son bastante limitadas.
Precios de acceso a la vivienda inaccesibles, empleo de baja cualificación y mal remunerado, una formación superior mal estructurada, como nos recuerda recurrentemente el informe PISA, y la dejadez de nuestros gobiernos que andaban más preocupados en garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas que en resolver el futuro de nuestros jóvenes, nos ha traído hasta aquí.
En nuestra región se acaba de anunciar un plan de apoyo a la juventud que extiende la edad de los beneficiarios hasta los 40 años y que cuenta con un presupuesto de casi 80 millones de euros. El citado plan incluye medidas centradas en el ocio, el empleo y también en la vivienda. Un totum revolutum de acciones que pretenden mejorar la situación de nuestros jóvenes desde los 14 a los 40 años. Según el propio presidente, 'OporTUnidades', que así se llama el plan, no es un programa cerrado, “si una medida no funciona, se sustituye por otra que pueda funcionar y que hayan propuesto los jóvenes”.
Creo que nuestra sociedad, y en especial nuestros jóvenes, merecen una aproximación mas elaborada a este complejo problema. En primer lugar, se merecen que las medidas que se anuncian se ejecuten completamente. Por ejemplo, las ayudas al alquiler, que apenas se han concedido, o las de adquisición de vivienda en localidades inferiores a 10.000 habitantes o incluso el aval joven.
También se merecen nuestros jóvenes que los gestores públicos realicen un planteamiento a largo plazo de los desafíos que afectan a nuestra sociedad, porque en este caso el problema de la vivienda no se resuelve con medidas aisladas.
Si el propio sector inmobiliario pide un pacto de estado para impulsar el desarrollo de vivienda asequible, si el Sr. Feijóo ofreció ese mismo pacto en abril de 2023, y si la recién nombrada ministra de Vivienda acaba de reclamar a comunidades, ayuntamientos y empresas ese acuerdo, entonces, ¿cuál es el problema?
Creo que es necesario adoptar valientes reformas estructurales en diferentes ámbitos, así como fomentar un verdadero acuerdo, más allá de intereses partidistas, para resolver uno de los más graves problemas que afronta nuestra sociedad, el de la vivienda.
0