En 1992, John Grisham escribió una novela que luego fue llevada al cine, 'El Informe Pelícano' (1993), donde el personaje principal fue interpretado por Julia Roberts. El argumento de la película era que un grupo de poderosos con importantes casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se había conjurado, tras estudiar los votos de los jueces en determinados casos, para eliminar físicamente a los magistrados más problemáticos. La trama se descubrió gracias a una estudiante de Derecho dedicada al estudio de los votos de los magistrados y sus interpretaciones. El libro, que capturaba el espíritu de la discusión de las derechas internacionales, dejaba, sin embargo, sin contestar la segunda parte y quizás más importante: ¿Cómo harían esos mismos grupos para elegir a los jueces que debían sustituirlos?
En 2018 se publicó el libro de Steven Levitsky, especialista en América Latina, y Daniel Ziblatt, 'Cómo Mueren las Democracias'. El libro, escrito ante la situación norteamericana, desarrolla en uno de sus capítulos la oposición a la elección de uno de los miembros del Tribunal Supremo en 2016, en el año final del mandato de Obama. La negativa de los conservadores señala el momento clave que explica, en parte, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. El problema, bajo su punto de vista, no estaba en el manido concepto de polarización, que sirve para ocultar tantas otras cosas, sino en los movimientos para controlar uno de los poderes del Estado, el judicial.
Este, en sus más altas cortes, por su capacidad de generar y casar jurisprudencia, es un creador de derecho, sin pasar por el legislativo. De ahí que determinadas fuerzas se hayan conjurado para hacerlo propio y seleccionar a los jueces. Esto que ha sucedido en Estados Unidos comenzó hace tiempo en España. En este caso, mientras no gobierna el Partido Popular, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial no busca controlar a los jueces (eso es muy burdo), sino premiar ciertas interpretaciones conservadoras del derecho, que no tienen que ser vistas por la mayor parte de la población como justas. Léase las lecturas de las cláusulas abusivas por parte del Tribunal Supremo y los varapalos de la justicia europea. La internacionalización de estas prácticas es una cuestión sobre la que reflexionar.
La erosión de ciertas formas institucionales también tiene que ver con la economía y es un reflejo de nociones similares. En este sentido, el mejor ejemplo de esta situación sea el cierre de la ITV pública de Alcantarilla y, como sucede con el libro antes mencionado, tendremos que retroceder en el tiempo. En 2017, vencían las concesiones de ITV que se habían realizado y tenían que ser devueltas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En ese momento, el PP negociaba con el PSOE para mantener la ITV pública, mientras que Ciudadanos abogaba por una liberalización del mercado sin restricciones. Andrés Pedreño, el diputado por Podemos, solicitaba la reversión de las ITV concesionarias al sector público, mientras se liberalizaba el mercado. Con su propuesta, al mantener las ITV incorporadas a la Comunidad Autónoma se aseguraban los ingresos a la hacienda regional garantizando además precios y servicios.
La decisión adoptada, debido a la presión de Ciudadanos, fue una liberalización mediante autorización administrativa. Aquellos que participaron esperaban recibir una parte del pastel valorada en aproximadamente 48 millones de euros en ingresos. Bajo esta supuesta liberalización, nos encontramos con un problema básico: las barreras de entrada al negocio de las ITV son de al menos 100.000 euros en inversión para una sola línea de mantenimiento, y con unos retornos a largo plazo debido a los precios al consumidor que están limitados por la existencia de una ITV pública que establece los precios del sector impidiendo una subida desmedida.
Ante esta situación, quedaban dos opciones: por un lado, presionar, como hizo la patronal de las ITV en 2022, con una ley que minimizara la liberalización del sector para que la competencia no les hiciera perder dinero (las vueltas que da la vida); por otro lado, y esto de manera más velada, acabar con la ITV que marcaba el precio mínimo, esperando que el coste de oportunidad de viajar a otra comunidad con precios más bajos a pasar la ITV (las ITV en Valencia han pasado a ser públicas), permitiera subir el precio para aumentar los márgenes de beneficio de las empresas.
Al final, como siempre en esta película, los perjudicados son los ciudadanos. En el caso de las ITV, el Gobierno regional ha perdido una fuente de ingresos que, tal como están las arcas de la Comunidad, nos vendría muy bien. Además, a medida que pase el tiempo, es más que probable que el cierre de la ITV pública haga que los precios de las ITV mediante autorización administrativa vayan creciendo para lograr aumentar su rentabilidad. Por último, al perder la ITV pública, no sabemos cómo el ciudadano podrá hacer trámites que antes solo podían hacerse allí: homologación de los vehículos importados, retroquelado del número de bastidor en los vehículos, duplicados de fichas técnicas de ciclomotores sin antecedentes en el archivo de Automoción, diversas reformas de importancia que las privadas no pueden atender. Todo ello, sin hablar de lo que hará la Guardia Civil cuando tenga que inspeccionar un vehículo, dónde lo llevará a pesar, o cómo hará la Comunidad Autónoma para pasar la inspección a sus vehículos. Porque tengan la seguridad de que el precio que ofrecerá el mercado privado no será el mismo que el de una ITV pública, pero no nos preocupemos en exceso, los neoliberales van ganando y los demás perdiendo. Es lo que hay, es lo que tenemos
En 1992, John Grisham escribió una novela que luego fue llevada al cine, 'El Informe Pelícano' (1993), donde el personaje principal fue interpretado por Julia Roberts. El argumento de la película era que un grupo de poderosos con importantes casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se había conjurado, tras estudiar los votos de los jueces en determinados casos, para eliminar físicamente a los magistrados más problemáticos. La trama se descubrió gracias a una estudiante de Derecho dedicada al estudio de los votos de los magistrados y sus interpretaciones. El libro, que capturaba el espíritu de la discusión de las derechas internacionales, dejaba, sin embargo, sin contestar la segunda parte y quizás más importante: ¿Cómo harían esos mismos grupos para elegir a los jueces que debían sustituirlos?
En 2018 se publicó el libro de Steven Levitsky, especialista en América Latina, y Daniel Ziblatt, 'Cómo Mueren las Democracias'. El libro, escrito ante la situación norteamericana, desarrolla en uno de sus capítulos la oposición a la elección de uno de los miembros del Tribunal Supremo en 2016, en el año final del mandato de Obama. La negativa de los conservadores señala el momento clave que explica, en parte, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. El problema, bajo su punto de vista, no estaba en el manido concepto de polarización, que sirve para ocultar tantas otras cosas, sino en los movimientos para controlar uno de los poderes del Estado, el judicial.