Pasado el primer aniversario del inicio de un confinamiento domiciliario que vaticinaba la gravedad social y económica que suponía afrontar una pandemia en pleno siglo XXI, hoy los estudios sobre sus consecuencias sociales se abren paso con datos demoledores de nuestra realidad social.
'Quédate en casa', rezaba el eslogan institucional que daba cuenta de la obligación decretada por el Gobierno durante el primer estado de alarma. Y en casa nos quedamos. Cada cual en la suya evidenciando el lugar que ocupa cada uno de nosotros y nosotras en la estructura social. Las diferencias entre viviendas, entornos y situaciones vitales fueron cobrando más y más peso en la conciencia de la ciudadanía a medida que pasaban los días de encierro en una Región que partía con una gran desventaja social antes de que el coronavirus llamara a nuestras puertas.
Una desventaja social cuyas políticas asistencialistas, a las que tan acostumbrados nos tiene el Partido Popular, se vuelven a plasmar en unos presupuestos autonómicos continuistas, tardíos y sin ambición que nos han convertido no sólo en la cuarta comunidad autónoma más pobre de España, sino que también nos han situado entre las 20 regiones con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en la Europa libre y socialmente responsable a la que debiéramos acercarnos. Una gestión que ha convertido la consejería de la tránsfuga Isabel Franco en la consejería de la vergüenza, al volver a dejar sin gastar casi 11 millones de euros en el remanente del IMAS, de los cuales 5 pertenecen al programa de personas mayores en un año de vital importancia para las personas dependientes.
Con pandemia y año y medio de gestión a las espaldas, ya podemos hablar de una gestión pública caótica, irresponsable y nefasta por parte del Gobierno regional, que pone en riesgo a los más vulnerables que lejos de impulsar la reconstrucción social “congela ayudas” como la de la Renta Básica de Inserción, que previamente recortó en casi 2 millones de euros en el presupuesto de 2020. Y recorta, cual Mariano Rajoy, en casi 1 millón de euros programas entre cuyos objetivos están el paliar los efectos de la pobreza energética, criminalizando así a los más desfavorecidos en tiempos de pandemia en una Región a la cola en todos los servicios sociales. En dependencia, en legislación social, sin Plan ni Mapa de Servicios Sociales (desde hace 15 años), en infancia y discapacidad (sin Decreto-Ley de Atención Temprana para que la gratuidad y la universalidad sea una realidad lo antes posible). Y sin aumentar el 'dinero de bolsillo' para los usuarios de residencias que, actualmente, pasan el mes con poco menos que 120 euros. ¡Vergonzoso!
Nuestra visión de la Justicia Social nos impide no aportar soluciones reales y realistas para salir de la actual pobreza cronificada. Nuestras políticas sociales han sido la bisagra del actual Estado Social y democrático de Derecho que no ha hecho más que mejorar la vida de los demás, a pesar de los votos en contra de primero Alianza Popular (al que pertenecieron Aznar y Rajoy). Y después del PP y VOX.
Es gracias a la libertad que nos proporcionó aquel Escudo Social por lo que hoy disfrutamos de avances sociales como la Ley de Igualdad de Género, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de la Dependencia, el aborto, la universalización de la sanidad pública o la eutanasia. Derechos, avances y progresos consolidados. Tanto, que la sociedad los ha abrazado y ningún otro gobierno se ha atrevido a modificarlos, a pesar de los votos en contra de las derechas. Y será gracias a la libertad que nos proporciona el Escudo Social del Estado por lo que hoy se podrá aumentar en casi 44 millones de euros el presupuesto social para el 2021.
Mientras otros, como López Miras, el primer presidente autonómico mantenido casi al cien por cien por el Gobierno de todos los españoles y las españolas, se dedica a confrontar dejando una región endeudada hasta las cejas que pagará al día más de cuatro millones y medio de euros. El Estado aporta para que nadie quede atrás. Dichos los hechos, suyas son las conclusiones.
Pasado el primer aniversario del inicio de un confinamiento domiciliario que vaticinaba la gravedad social y económica que suponía afrontar una pandemia en pleno siglo XXI, hoy los estudios sobre sus consecuencias sociales se abren paso con datos demoledores de nuestra realidad social.
'Quédate en casa', rezaba el eslogan institucional que daba cuenta de la obligación decretada por el Gobierno durante el primer estado de alarma. Y en casa nos quedamos. Cada cual en la suya evidenciando el lugar que ocupa cada uno de nosotros y nosotras en la estructura social. Las diferencias entre viviendas, entornos y situaciones vitales fueron cobrando más y más peso en la conciencia de la ciudadanía a medida que pasaban los días de encierro en una Región que partía con una gran desventaja social antes de que el coronavirus llamara a nuestras puertas.