Un año más, este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos de celebrarlo bajo la siniestra contabilidad de los accidentes del trabajo sumando nuevos incrementos (un 6% en 2016). Este crecimiento viene produciéndose desde 2012, y no es casualidad que coincida con el año de la entrada en vigor de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy. Los destrozos provocados por esta Reforma han sido tantos, en forma de generalización de la precariedad y debilitamiento de la negociación colectiva, que el accidente de trabajo se ha convertido en todo un síntoma de la degradación de la organización social del trabajo que estamos viviendo en España.
La prevención de riesgos laborales es otro de los derechos de ciudadanía afectados por las políticas de recortes. Tanto las instituciones como las empresas han dilapidado la cultura preventiva. Las empresas se escudan en el problema del absentismo para convertir al trabajador en “un sospechoso” cuando pide una baja por accidente o por enfermedad. De tal forma que las Mutuas -que gestionan casi todas las contingencias profesionales, pero que son asociaciones de empresarios cuyos intereses son los propios de sus asociados- se inclinan por rebajar la calificación de los accidentes de trabajo. De hecho, aunque estadísticamente se incrementa la accidentalidad, sin embargo, las Mutuas notifican más accidentes sin baja que con baja. Las Mutuas están actuando también activamente para invisibilizar las enfermedades profesionales, de tal forma que no se reconozcan como tales y pasen por contingencias comunes. El objetivo es disuadir a los trabajadores de ausentarse del trabajo por razones médicas. El sueño empresarial de un trabajador que cumpla con su deber pese a estar enfermo es el que parece estar detrás de la (inaceptable) propuesta de la Patronal en el actual diálogo social de que sean los médicos de las mutuas quienes puedan dar las altas y bajas a los trabajadores en caso de accidente o enfermedad común.
Todo esto es lo que está detrás del crecimiento de los accidentes de trabajo y de otro problema del que se habla mucho menos: el escaso reconocimiento de las enfermedades profesionales. El trabajo produce numerosas enfermedades que sin embargo pasan desapercibidas como contingencias comunes -de nuevo, las Mutuas cumplen un activo papel en esto- Y sobre todo quedan sumergidas como problema público, pues no todo el daño en el trabajo se reduce al accidente. Tiene razón la OIT cuando afirma que las enfermedades profesionales provocan más sufrimiento, más muertes y más pérdidas de horas de trabajo que los propios accidentes. Por ejemplo, el cáncer ocupacional está absolutamente infrareconocido siendo una de las formas de mortalidad laboral más habitual (según la Comisión Europea está detrás del 53% de las muertes laborales). Y no digamos ya las enfermedades de carácter psicosocial o las que degeneran músculos del cuerpo.
En el 2016 se ha producido un tímido aumento de las enfermedades profesionales respecto a 2015, en un 7,6% hasta las 20.730, la mitad de ellas sin baja. Hay que aplaudir este incremento pues ello implica reconocimiento, pero tampoco hay que entusiasmarse con el dato pues mientras tanto el 70% de estas enfermedades quedan ocultas como comunes. En esas cifras no están las mujeres camareras de piso con las que tuve ocasión de hablar recientemente, todas ellas empleadas mucho tiempo en un prestigioso hotel murciano, todas ellas con dolencias crónicas musculares y todas ellas sin ningún reconocimiento de enfermedad profesional. Tampoco están los trabajadores de una empresa cárnica murciana que impuso el sistema de primas por rendimiento hace 35 años e impulsó a sus trabajadores a tremendos sobresfuerzos físicos para conseguir elevar sus bajos salarios, con el resultado de una generalización de lesiones y minusvalías que raramente alcanzan el estatuto de enfermedad profesional.
Como también están invisibilizados los miles de trabajadores que en esta Región están muriendo de cánceres pulmonares específicos como el mesotelioma por haber estado expuestos en algún momento de su vida laboral al material del amianto. Mueren en silencio y sin reconocimiento de sus derechos. La propia Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desconoce el número de trabajadores víctimas del amianto. Y los pocos que consiguen su reconocimiento de enfermedad profesional son gracias a la heroica labor de la asociación APENA, que reúne a los afectados y familiares
Es la sociedad quien tiene que asumir la salud laboral y la prevención de riesgos laborales como un problema colectivo. El colectivo médico tiene que implicarse más en la certificación de las enfermedades profesionales. Pues de lo contrario sus víctimas pierden derechos y prestaciones económicas. Pero perdemos todos pues al final es la Seguridad Social quien asume los gastos cuando deberían ser las Mutuas quienes pagaran. Y sobre todo, pierde el derecho a la prevención que es un derecho de ciudadanía.
*Andrés Pedreño Cánovas es diputado regional de Podemos
