Cabía esperarlo, otra vez más el aumento de la turbidez, por crecimiento de fitoplancton, y la mortandad de peces observada en el Mar Menor en estos días, son la evidencia de la contaminación de la laguna costera y su fragilidad como ecosistema. Una vez más asistimos al cansino runrún del Gobierno regional, obviando sus competencias, descargando siempre las culpas en los demás y permaneciendo mudos ante los impactos ambientales de la agroindustria que ha desembocado de nuevo en esta situación. Debiera haber una ley de responsabilidad de altos cargos en la que se respondiera, con su patrimonio, por las actuaciones de restauración y reversión sobre la laguna salada. Mientras tanto, la Fiscalía, que sí, que sigue investigando…
El Instituto Español de Oceanografía indica que se trata de una mortalidad, especialmente de peces y crustáceos, que desarrollan su actividad en el fondo o muy cerca del mismo, la mayoría de talla pequeña, más vulnerables frente a factores de estrés como la temperatura, la anoxia o la toxicidad de algún tipo de elemento contaminante.
Parece que se olvida interesadamente, en las instancias oficiales, que el origen de la actual crisis ecológica está en la entrada de nitratos y fosfatos generados por la agroindustria. Es necesario reclamar de una manera directa al Consejero Luengo y al Presidente López Miras que ejerzan sus competencias para revertir la situación crítica del Mar Menor, o dejen paso a otras personas que tengan la voluntad necesaria para hacer cumplir este objetivo. Necesitamos soluciones no un mareo de la perdiz y una ceremonia de la confusión a las que nos tienen acostumbrados, Hay que desarrollar medidas eficaces que sean aplicadas en origen, en ámbito del Campo de Cartagena.
No existen dudas sobre el origen agroindustrial de los fosfatos y nitratos que llegan a la laguna desde hace varias décadas. El peso de la evidencia científica es fundamental. Si no se toman medidas, la laguna estará condenada a una lenta agonía, que acabará con cualquier posibilidad de un desarrollo económico y turístico en el futuro, e incluso terminará afectando a las propias empresas agrícolas. Sin embargo, el Gobierno regional está haciendo una defensa numantina del sector agroindustrial, frente al interés general de la ciudadanía murciana.
El Consejero Luengo se muestra incapaz de hacer cumplir la legalidad ya que no ha eliminado ni un solo metro cuadrado de regadíos ilegales. No hay un control exhaustivo del uso de fertilizantes en el Campo de Cartagena y siguen sin aplicarse las medidas del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia y la Estrategia de Gestión de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno. Lo que sí ha hecho este Gobierno regional, que actúa como un instrumento dócil de la agroindustria y la CROEM, es derogar la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Esta ley establecía limitaciones y exigía medidas concretas al sector agroindustrial. Han aprovechado la crisis sanitaria de la COVID-19 para modificar, vía decretazo, varias leyes, reduciendo las garantías ambientales y vendiendo el interés general al beneficio privado. También ha reducido a mínimos la plantilla de la Dirección General de Medio Ambiente, y organizaron una Dirección General del Mar Menor sin recursos humanos y objetivos.
Frente a esto, hay que destacar la labor de la Plataforma que promueve la Personalidad Jurídica del Mar Menor a través de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP), con el objetivo de recoger medio millón de firmas, para que el Mar Menor sea dotado de personalidad jurídica y así la laguna cuente con derechos y normas de protección, como un elemento fundamental para su preservación.
El Consejero Luengo y al Presidente López Miras tienen que abandonar actitud irresponsable echar las responsabilidades a otras instituciones y trabajar de una vez, en el ejercicio de sus propias competencias, para aportar soluciones realmente eficaces en el origen, para salvar el Mar Menor y el futuro de las poblaciones ribereñas. El Mar Menor no pertenece a la agroindustria del Campo de Cartagena, tampoco pertenece al sector turístico de la zona. Nuestra laguna pertenece a toda la ciudadanía de la Región de Murcia y es una tarea urgente y noble salvarlo para la valoración y el disfrute las próximas generaciones.