El pasado 24 de abril el Ejecutivo regional murciano anunció que va a sustituir el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) por un único 'Comisionado Especial de la Transparencia' que, además, asumirá las competencias del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
De esta manera, el Gobierno regional consuma uno de los puntos del pacto de gobierno con Vox accediendo a dar a este partido de ultraderecha las competencias en esta materia, nombrando asimismo la figura del Defensor del Pueblo, que, como se ha conocido, recaerá también en la misma persona.
El vicepresidente del Ejecutivo regional, José Ángel Antelo, propuso en enero refundir el Consejo de la Transparencia con la institución del Defensor del Pueblo para crear un nuevo órgano con competencias regionales y municipales, que actúe como “un elemento de crítica constructiva”. Por su parte, esta misma semana, el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, insistió en que con esta decisión “se gana en eficacia y en responsabilidad”, y que el modelo “pretende ser más ágil en la resolución de los expedientes”.
Ahora, con la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, formulada conjuntamente por PP y Vox, no sólo desaparecerá el Consejo de la Transparencia y se transformará en el Comisionado de la Transparencia, sino que además el Pleno de la Transparencia se sustituirá por una Comisión de Transparencia, compuesta por el comisionado y cuatro funcionarios.
Sin duda, estamos ya acostumbrados a las actitudes cínicas y autoritarias del Gobierno regional murciano, pero en este tema han llegado a un nivel tan extraordinario como preocupante. En una Región en la que el Partido Popular gobierna desde hace la friolera de 31 años, en la que se siente seguro para comprar voluntades y escaños o despreciar a sus socios de gobierno porque sabe que los puede absorber cuando quiera. El PP culpa a los demás -partidos, comunidad científica, gobiernos- de su gestión, ya sea económica, ecológica o turística, de forma que se desprende de cualquier responsabilidad, como si no fuera el partido que se supone que debe gobernar. Eliminar el Consejo de la Transparencia es una nueva vuelta de tuerca para convertirnos en una comunidad en la que el derecho a la información pública va a ser también eliminado.
Es tal la desfachatez en este tema por parte de Vox y PP que, después de que los primeros calificaran en sesión parlamentaria el CTRM de “chiringuito”, una fórmula cómoda y simplona de nombrar algo que no te interesa o que no puedes controlar, será precisamente Vox quien elegirá a la persona que se pondrá al frente del comisionado, es decir, otro puesto a dedo, otro cargo que no hará nada cobrando mucho o que seguirá fielmente las directrices de sus jefes.
De hecho, hay que señalar en este punto que el CTRM estaba formado por personas de la sociedad civil que no cobraban sueldo por su trabajo, profesionales acreditados que eran incómodos para el Gobierno regional porque no los podían controlar, una circunstancia insoportable para el mismo debido a su carácter censor; mientras que, como hemos señalado anteriormente, el nuevo comisionado, a sueldo, podrá contratar personal eventual dentro del límite de gasto presupuestado y, además, tendrá a su servicio una Comisión de Transparencia formada por otras cuatro personas. Eso sí, la excusa, reconocida por el Partido Popular, es que esta propuesta de comisionado tendrá que ser refrendada por la Asamblea, con mayoría de PP y Vox, es decir, será elegido “por una mayoría cualificada en este Parlamento”.
Se puede decir que la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia ha muerto. En su preámbulo, esta ley señala que “los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios de la acción de gobierno (...) son los auditores de la misma, del buen desempeño de la Administración y de los servicios públicos que se les proporcionan. (...) Desean conocer cómo se ejecutan las políticas públicas y la acción de sus respectivos gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que integran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas que sufragan con sus tributos…”. Pues bien, con la certeza que proporcionan los años de gobierno del Partido Popular con sus diferentes socios, ya sean Ciudadanos o Vox, todas estas cuestiones no serán más que papel mojado, no significarán absolutamente nada.
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