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La oposición en bloque frena la privatización de la ITV

Según el PP, con el decreto Murcia habría tenido las tarifas más bajas de España

Erena Calvo

Murcia —

Ciudadanos “funciona a impulsos”. Lo ha dicho hoy el portavoz del PP en la Región de Murcia, Víctor Martínez, después de que su formación en la Cámara regional se quedase compuesta y sin novio este lunes, y sin poder alcanzar un acuerdo con el partido naranja para sacar adelante la nueva regulación para el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

El decreto ley ha sido elaborado por el Ejecutivo regional y en palabras de Víctor Martínez habría sido “muy beneficioso” para la Región. Según el popular, el no de Ciudadanos a esta normativa “ha creado un problema a los usuarios, a los trabajadores y a los municipios, donde seguirán las colas”.

El proyecto, entre otras medidas, contemplaba pasar de las 8 estaciones de ITV actuales a 18, habilitando este tipo de instalaciones en municipios como Mula, Águilas o Cieza, donde no existen estas infraestructuras.

“Todo por culpa de un nuevo impulso de la formación que lidera Albert Rivera que ha vuelto a cambiar de rumbo cuando se había alcanzado un acuerdo, anteponiendo su interés político al general”, ha añadido Martínez.

Ciudadanos, sin embargo, ha denunciado que el modelo de ITV que pretendía implantar el PP fomentaba las concesiones bajo sospecha, el “capitalismo de amiguetes” y la anulación “de cualquier atisbo de liberalización real”.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha afirmado que “hemos impedido la implantación de un oligopolio en el sector que hubiera sido pésimo para los consumidores, y que sólo hubiera favorecido a los amigos del PP que pretendían aprovechar este modelo caduco para hacer negocio; nos llama la atención que el PP defienda un sistema que está en contra de los principios de su programa político”.

El portavoz popular ha pedido “responsabilidad” al partido naranja porque la Asamblea Regional no es un laboratorio “de no sabemos qué experimentos, y no se puede poner en juego el beneficio de un millón y medio de murcianos”.

Ha insistido, además, en que los términos del decreto-ley habían sido acordados y el Gobierno regional en el proceso de negociación “había renunciado a algunas de sus pretensiones iniciales para garantizar el acuerdo”, incluida la “liberalización total del servicio” que iba a ser posterior, ha manifestado.

El portavoz de Cs, por su parte, ha desmentido que su formación hubiera alcanzado un acuerdo con el PP para apoyar el decreto. “No había ningún acuerdo y la prueba de ello es que nunca se rubricó nada”.

“Sí se produjeron unas negociaciones, y en ellas ambas partes acordamos que se liberalizaría el sector una vez que finalizase la prórroga de diez años que pretendía implantar el Gobierno”, ha explicado.

Según el portavoz de la formación naranja, el PP rompió las negociaciones en el mismo momento en el que en la redacción del decreto-ley “se negaron a reflejar que se produciría tal liberalización, que era una condición innegociable para nosotros”.

El PP “tiende puentes”

Según informan en un comunicado de prensa, Víctor Martínez ha mostrado la disposición del Partido Popular de tender puentes con otras fuerzas políticas “en beneficio del interés general”.

Aunque al mismo tiempo, ha considerado que esta propuesta no va a prosperar en la Asamblea regional “porque está en las antípodas de lo que proponen PSOE y Podemos”.

Aun así, desde el PP han incidido en que el PSOE debería ser el “gran aliado” a la hora de sacar adelante grandes temas como este y ha apuntado que de las concesiones de ITV que se iban a otorgar, ocho estaban destinadas municipios gobernados por los socialistas.

El PP ha recordado también que contaban el “apoyo explícito” de organizaciones agrarias como Fecoam, de consumidores como la OCU y Thader, y los taxistas.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que “no hay razones de interés general, técnicas o jurídicas, para justificar la privatización; solo razones de interés partidista y determinados intereses empresariales”. Y ha tachado de “neoliberal” la política que está aplicando el Gobierno regional.

Tarifas “más bajas”

El portavoz popular, a través de un comunicado de prensa, ha lamentado que la Región de Murcia “pierda la oportunidad de tener las tarifas más bajas de España” en las ITV’s, y ha recordado que en el caso de los vehículos la rebaja propuesta por el PP era del 56 por ciento, casi un 80 por ciento para los tractores y un 69 por ciento para las motocicletas

Sin embargo, desde Ciudadanos han resaltado que “el PP sigue con su estrategia de querer confundir a los ciudadanos anunciando que la aplicación de su modelo conllevaría unas tarifas irreales; conviene recordar que hace 20 años los populares manifestaron que con el decreto que se aprobó entonces se abaratarían las tarifas, y muy poco después éstas aumentaron considerablemente, con el consiguiente perjuicio para los usuarios”.

El portavoz de la formación naranja ha recordado en una nota de prensa que fue Ciudadanos el partido que hace un año abrió el debate sobre el modelo de las ITV y “que siempre hemos mantenido el mismo discurso”.

Ciudadanos apuesta “por una liberalización real, que aumentaría los puestos de trabajo, reduciría los precios por la competitividad, acabaría con las colas de espera, y, además, ofrecería una oportunidad a los emprendedores, un aspecto que es imposible con el modelo que propugna el PP”.

Por su parte, el diputado regional, Andrés Pedreño, ha señalado que “se ha evitado que el PP convierta un servicio como el de la ITV en un chiringuito para los que hacen negocio siempre a costa de todos”.

Pedreño ha afirmado que la aprobación del decreto hubiese supuesto la “precariedad de las condiciones de trabajo del personal de estas estaciones y la pérdida de calidad del servicio de inspección”.

El diputado de Podemos ha subrayado que el modelo por el que ha apostado Podemos desde el principio es la gestión directa y pública de las ITV en la Región de Murcia. “En otras Comunidades autónomas se está demostrando que es la que mejor garantiza la calidad del servicio y los derechos laborales”.

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