Investigan al expresidente de Murcia por una presunta mordida de medio millón de euros en un centro de la mujer
La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha impulsado una querella que apunta, una vez más, al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. La denuncia del Ministerio Público, de la que se ha hecho eco La Verdad está suscrita por su máximo responsable en la Región, José Luis Díaz Manzanera.
La denuncia señala a Sánchez como presunto protagonista en una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y construcción de un centro de Atención a la Infancia y de la Mujer de Puerto Lumbreras, realizados entre el año 2006 y 2009, años en los que Sánchez ejercía como primer edil de dicha localidad.
Las diligencias del nuevo 'caso Guardería' están siendo impulsadas desde hace unos días por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo.
La querella apunta a que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras solicitó dos subvenciones diferentes, entre los años 2005 y 2006, para la construcción de sendos inmuebles en la calle San Javier de la localidad. De un lado, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad Autónoma aportaron una subvención de 192.000 euros para levantar lo que se denominó 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años) para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar'; de otro, la Dirección General de Familia aprobó una cuantía de 473.000 euros para otro proyecto diferente, llamado, 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años)'.
Según narra La Verdad, las obras de ambas dependencias, situadas en el mismo solar, se iniciaron formalmente el mismo día, el 17 de abril de 2007. La Fiscalía sostiene, no obstante, que “trataba de ocultarse” que se trataba “de la misma obra”. El motivo sería que el dinero de las subvenciones aportadas para el primero de los inmuebles se habría destinado a fines diferentes y desconocidos.
Cuatro años y medio por el 'caso Auditorio'
Hace unos días, se hacía público que el Ministerio Fiscal pedía pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio'. El fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, reclamaba también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.
Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.
