La Asamblea Regional ha convalidado este lunes dos iniciativas del Gobierno autonómico para modificar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, una norma aprobada el año pasado por los grupos de PP, Ciudadanos y PSOE. Para la portavoz de Podemos, María Marín, la modificación aprobada es “una amnistía encubierta a los regadíos ilegales que durante años han robado agua y contaminado el acuífero”. Marín ha recordado que durante la tramitación de la ley, Podemos denunció que el acuerdo entre las tres fuerzas suponía un “pacto del nitrato para seguir permitiendo las prácticas contaminantes de la agroindustria”, algo que “hoy ha quedado demostrado”. Para la diputada morada, PSOE, PP y Ciudadanos “no tienen más remedio” que adoptar la supresión de fertilizantes con nitratos en el entorno del Mar Menor, pero lo hacen “sin ningún convencimiento, forzados por la movilización social y limitando la medida a un plazo de dos años, cuando el Mar Menor va a tardar décadas en recuperarse”.
Con respecto a los regadíos ilegales, la portavoz de Podemos ha insistido en que el decreto convalidado supone “una amnistía para todos aquellos que han incumplido la ley, robando agua y recursos a los agricultores que sí hacen las cosas bien”. Marín ha denunciado que mientras que la Ley de Recuperación y Protección obligaba a estos delincuentes a restituir los terrenos a su estado natural, con la modificación llevada a cabo “se les da la posibilidad de restituir el regadío ilegal a secano y seguir como si nada hubiera pasado”, lo que entraña “un borrón y cuenta nueva que es un premio a los infractores”.
Por otra parte, el Gobierno regional también ha sacado adelante otra modificación legal para prohibir los vertidos del Albujón. Sin embargo, Marín ha denunciado que en realidad el texto “ni menciona la rambla del Albujón ni tampoco prohíbe los vertidos”, sino que al contrario, “indica que esos vertidos deben ser canalizados por las infraestructuras del plan vertido cero y desnitrificados, antes de ser abocados al Mediterráneo”. La diputada ha criticado que con esta modificación, López Miras hace realidad “el sueño húmedo de las multinacionales del agronegocio”, ya que permite a las multinacionales seguir “llenándose los bolsillos, mientras que son los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia quienes asumen el coste millonario de una red de tuberías para trasladar el problema al Mediterráneo”.