El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Óscar Urralburu, ha recordado que “desde hace varios años, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles. En la Región de Murcia, 40 de los 45 municipios han tenido o tienen causas abiertas con sus alcaldes imputados y algunas de las personas implicadas han pasado o están en esta Cámara, y formaban parte o forman parte del Consejo de Gobierno”.
“Esto es inadmisible”, ha asegurado Uralburru, quien ha señalado que “el Partido Popular ha evitado que los diputados de esta Asamblea y los mismos miembros del Consejo de Gobierno, dejen de disponer de beneficios judiciales, pudiendo ser detenidos o imputados por mandato de los tribunales ordinarios y no por parte del TSJ o el Tribunal Supremo”.
Para Podemos “es prioritario que exista una política activa para luchar contra la corrupción en las instituciones y contra las malas prácticas establecidas en la relación entre lo público y lo privado”. Es “esencial”, ha advertido, “que haya una normalización judicial de los representantes políticos: los cargos públicos no deben mantener ningún tipo de privilegio que les permita eludir los tribunales ordinarios y retrasar así los procedimientos”. Al respecto, ha añadido que “los procesos se convierten en un laberinto, se retrasan las imputaciones, se remiten a unos tribunales y luego a otros, se renuncian a actas y vuelven a la primera de las estancias y así pasan los plazos. Se va alargando artificialmente cada procedimiento, hasta que llega a prescribir”.
Uralburru ha explicado que en la Región “los casos de corrupción han estado vinculados, en su mayor parte, a procesos especulativos e inmobiliarios, lo que pone de manifiesto que el fenómeno de la corrupción no es una secuencia de casos aislados, sino un fenómeno estructural que ha contado con la aquiescencia y la tolerancia, cuando no la colaboración desde las más altas instancias políticas e institucionales de la comunidad autónoma”.