El portavoz del grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, considera que “no existe ni urgencia ni extrema necesidad para aprobar en diez días y de espaldas a la sociedad la reforma de la Ley Electoral”. Martínez agradece que los grupos parlamentarios hayan aceptado la propuesta del Partido Popular de introducir mejoras y enriquecer la reforma mediante la presentación de enmiendas, pero lo considera “insuficiente” y apela a abrir un “debate social” que permita a los murcianos pronunciarse sobre la reforma propuesta. PSOE, Podemos y C's han aceptado que el PP aporte a la reforma con una fecha límite, y esperan aprobarla este mismo mes de julio.
Para el portavoz del grupo parlamentario Popular, en el debate de una ley deben primar los “intereses sociales frente a los políticos”, y la primera ley de la legislatura del “diálogo y la participación” no puede hacerse, estima, sin las aportaciones de los ciudadanos. En este sentido, Víctor Martínez ha pedido a los grupos parlamentarios que reflexionen sobre la conveniencia de impedir un “debate social y participativo por el empeño de tramitar la ley de forma urgente sin justificación”.
Dentro de ese debate social, el Partido Popular propone consultar a organismos como el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el Consejo Económico y Social, la Federación de Municipios y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, entre otros. Y en cuanto a la propuesta lanzada por el PSOE y Podemos de abordar la revisión de la ley por fases, el portavoz parlamentario del PP considerainnecesaria esa fórmula cuando en menos de seis meses la Asamblea puede aprobarla de forma definitiva.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, propone que la reforma se apruebe este mes de julio, y posteriormente, que se cree una ponencia para que comparezcan expertos y aquellos sectores que quieran hacer aportaciones. Sobre el interés de abrir el debate, González Tovar ha manifestado que “el Partido Popular está haciendo todo lo posible por obstaculizar la aprobación de la reforma de la Ley Electoral y está utilizando todas las tretas para que no salga adelante”.
El portavoz socialista ha dicho que desde el PSOE, a pesar de no ser un partido al que beneficie esta reforma, están por la labor de que “se apruebe por la vía de urgencia y con esa figura de término fijo que se decidió en la Diputación Permanente, ese término fijo es para el día 24 de julio, para que dé tiempo a hacer un debate de enmiendas y tramitar la ley.”
“Dimos nuestra palabra y firmamos el Pacto del Moneo, y estamos comprometidos a hacerlo junto a los otros partidos que suscribieron ese pacto”, ha señalado González Tovar, que también ha denunciado que “el Partido Popular se escuda en que quiere un informe jurídico de esta ley y otro del CES, algo inusual con una Ley planteada por un grupo parlamentario”. “Lo que más sorprende de la petición del PP es que ellos, que presentaron 30 proposiciones de ley en la anterior legislatura, frente a 16 proyectos de Ley del Gobierno, vengan con estas exigencias”, ha concluido.
En la misma línea se ha expresado el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu: “Lo que pretende el Partido Popular es dilatar al máximo la tramitación y aprobación de una ley que no quieren que salga adelante porque saben que les perjudica”, si bien, ha continuado Urralburu, “los criterios de circunscripción única y la barrera del 3% han sido aceptados por el Partido Popular en la Junta de Portavoces de este martes”. “Lo que tienen que hacer es sumarse y añadir sus posibles enmiendas en el periodo habilitado para ello”, ha añadido.
Según Óscar Urralburu, cuando la reforma salga adelante el 23 de julio, “día en el que quedará aprobada sí o sí”, se podrá iniciar un proceso de consulta a expertos y diferentes organismos para ampliar la participación de la ciudadanía y ahí es donde el “plazo es ilimitado”, coincidiendo de ese modo con el portavoz del PSOE. Además, a juicio de Urralburu, lo que se pretende con esta reforma es “democratizar el proceso electoral en la Región, eliminar los privilegios y ventajismos, y cumplir una demanda social que es lo firmado en el Pacto del Moneo por Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos”.
Óscar Urralburu también ha subrayado que la pasada legislatura se constituyó una comisión para el estudio de la reforma electoral, una comisión presidida por el propio PP, y que quedó en “un simple gesto para la galería”. Asimismo, al aceptar que se retrase la tramitación y que haya espacio para las enmiendas y el debate, Podemos planteará que se incluya en la reforma la lista cremallera, que alterna mujeres y hombres en las candidaturas, y la incompatibilidad retroactiva de los diputados que a la vez son alcaldes.
Debate sí, pero sin dilaciones
Por otro lado, el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región ha recomendado, como ya hizo en abril de 2013 y en septiembre de 2014, un “debate público, transparente y con argumentos técnicos” para reformar la Ley Electoral en la Asamblea Regional, “teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los expertos”.
La Junta de Gobierno del Colegio de politólogos y sociólogos se pronuncia, por tanto, “a favor de la participación colectiva en la modificación de la regulación que determina la conversión de votos en diputados regionales”, pero remarca que “dicho debate no debe ser dilatorio”. En este sentido, recuerda que la Comisión Especial para la Elaboración de un Informe para la Modificación de la Ley Electoral de la Región de Murcia, creada en 2013 por la Asamblea Regional, “tuvo escasa actividad y no dio ningún resultado”.
El decano del Colegio, Javier Sierra, indica que “estamos ante una oportunidad única”, ya que “es la primera vez en décadas que existe una voluntad manifiesta por parte de los partidos políticos con representación en el parlamento autonómico de abordar una reforma electoral”. “El Pacto del Moneo firmado por PSOE, IU, Podemos y UPyD, así como el acuerdo de investidura entre el PP y C´s recogen de manera inequívoca la reforma, aunque ahora falta que exista un compromiso mayoritario sobre los aspectos a tratar, siendo esperable que los planteamientos más aceptados sean la circunscripción única y la reducción de la barrera electoral” indica.
El equipo colegial solicita a los partidos políticos, y en especial a sus representantes en la Región de Murcia, que aborden este debate alejados, todo lo que sea posible, del cálculo electoralista, y advierte que las modificaciones electorales tienen “efectos mecánicos” sobre la distribución de representantes, pero también “efectos psicológicos” en la orientación del voto que son difícilmente anticipables.
En línea con los principios de Buen Gobierno y con las recomendaciones del Manual de Observación Electoral de la Unión Europea, el Colegio recomienda tomar las decisiones sobre la legislación electoral con antelación suficiente a los próximos comicios. “Tal y como explicaba el filósofo John Rawls, la manera más justa de establecer las reglas de juego es aquella en la que los jugadores desconocen la posición que van a ocupar en la contienda”, señala el comunicado del Colegio.
El Colegio recuerda que “Murcia es la única comunidad uniprovincial que divide su territorio en varias circunscripciones y establece al mismo tiempo una barrera electoral para el conjunto de la región” -Asturias coincide con la Región de Murcia en tener varias circunscripciones, aunque en el caso del Principado son tres y no cinco-. “Hasta las pasadas elecciones del 24 de mayo”, añade el Colegio, “el sistema electoral murciano había proporcionado siempre gobiernos con mayoría absoluta pero también importantes desviaciones en la representación de los partidos respecto al resultado electoral”. Por primera vez, se ha roto el juego de mayorías absolutas incluso sin cambiar la ley electoral.