Seis meses con una ex de Vox al frente de la Educación en Murcia: “Es un auténtico 'educacidio'”

Se cumple medio año desde que la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos se saldó, entre otras cosas, con una expulsada de Vox al frente de la consejería de Educación y Cultura. Mabel Campuzano, que sustituyó a la por entonces consejera popular Esperanza Moreno, juró su cargo con protestas por parte de la comunidad educativa. Días después publicó una carta exponiendo sus “líneas maestras” al frente de Educación. “No aprueba”, concluyeron desde la plataforma Docentes Unidos. Seis meses después, su opinión hacia la consejera no ha cambiado: “Estamos asistiendo a un auténtico 'educacidio', una muerte lenta y planificada de la educación pública”, resumen los profesores.

“En términos reales el equipo es el que hereda del PP, ha habido algunos cambios poco significativos. Es una persona que no pertenece a ningún partido político, no representa ningún proyecto. Es como si en un belén quitan una figura y la cambian por otra, sin más”, asegura Nacho Tornel, secretario general de enseñanza de CCOO, para señalar que la gestión educativa del PP marcaba ya esa línea.

Campuzano no solo ha heredado el equipo de su predecesora, también su gestión frente a la COVID en las aulas, siendo la Región la única comunidad que ha instaurado la semipresencialidad en todas las etapas educativas: “En el curso anterior hubo un diez por ciento de titulados menos en bachiller”, señala Antonio José Espín, diputado del PSOE-PSRM. “Eso va unido a los que nos cuentan las familias: niños desmotivados, que han dejado la escolaridad, que han perdido ritmo de estudio porque no iban todos los días a clase. El que tenía una familia que podía estar con ellos para motivarles ha ido tirando, pero el que tenía una familia que no le puede atender porque estaba trabajando ha quedado desatendido”, expone.

La consejera también recibió de la anterior gestión el dilema de qué hacer con los 1.500 docentes de refuerzo contratados a tiempo parcial el curso pasado. Finalmente, en vísperas del comienzo de curso, Campuzano anunció que la Región sería la única comunidad autónoma que no contrataría cupos extra de profesores para el curso 2020-2021: “Hay aulas masificadas en las que no se cumplen las distancias de seguridad. El profesorado, que gracias a su trabajo está sacando al alumnado adelante, ahora tiene doble carga de trabajo: la suya propia y la que hacían los profesores de refuerzo COVID. No hay quien entienda que no vuelvan a contratar al menos a esa gente, nosotros propusimos que se quedasen fijos en la plantilla de la Región. En la crisis de 2012 perdimos 3.000 docentes en las aulas, ya tenemos que ir recuperándolos”, denuncia Espín.

“Recortan en personal y no invierten en infraestructuras. Si el dinero para el alumnado desfavorecido, para la digitalización y para paliar los efectos de la COVID viene de fuera de la Región, ¿en qué está invirtiendo su dinero la comunidad autónoma?”, inquiere Docentes Unidos.

“Nosotros estuvimos con el consejero de Economía, Hacienda y Administración digital hace menos de tres semanas. Le preguntamos cómo era posible que no se contratasen de nuevo a estos 1.500 docentes. Su respuesta no fue que había falta de dinero, me preguntó si realmente yo pensaba que esos docentes eran necesarios, porque él consideraba que no”, recuerda Tornel.

84 millones de euros, en el aire

Tanto la comunidad educativa como sindicatos y partidos políticos aseguran desconocer en qué ha invertido la Consejería el conocido como fondo COVID enviado por el Gobierno central: “Nosotros lo hemos preguntado por activa y por pasiva: En los plenos, por escrito, en comparecencias delante de la consejera. No han dado respuesta, no han sabido decirnos en qué se han gastado los 84 millones que han llegado a la Región entre septiembre y diciembre de 2020. Tampoco sabemos en qué gastarán el dinero que va a venir para garantizar el dinero de los servicios públicos durante la pandemia”, denuncia Espín.

“Hemos pedido tanto a la consejera de Educación como al consejero de Economía y Hacienda que nos digan qué planes tienen para esos fondos cuya cantidad aún desconocemos y nos dicen que aún no lo saben. Cosa que no me creo, es imposible sabiendo las necesidades que hay”, subrayan desde CCOO.

“Se enrocan en el mantra del no hay dinero pero no para de llegar dinero de España y de Europa. Desde el Gobierno regional están haciendo política con la falta de dinero, pero en realidad se trata de su dejadez para atender e invertir en las necesidades educativas de la Región”, exponen desde Docentes Unidos.

Aulas en barracones

“Durante la inauguración del curso escolar, en el colmo del despropósito y desconocimiento del ámbito, a Campuzano se le ocurre dar la noticia de que han bajado las matriculaciones por un descenso de la natalidad y que si esto sigue así habrá que pensar en cerrar aulas. Esto lo dice mientras abre el curso escolar, en lugar de dar apoyo incondicional a la escuela pública, que es su obligación”, relata Tornel.

El secretario general de educación de CCOO recuerda el “colapso” al que se enfrentan muchos de los centros de la comunidad: “Hemos ido al instituto de Los Alcázares, en el que hay más grupos escolares que aulas. Antes, cuando tenían un primero B de la ESO, con treinta críos y diez tenían dificultades del idioma o en matemáticas, hacían un desdoble. Eso ahora es imposible no porque falten profesores, si no porque físicamente no hay sitios. Estamos hablando de un instituto con cinco aulas prefabricadas en el patio y que ha pedido otras tres más”, ilustra Tornel. “En la misma localidad hay un colegio en el que estamos viendo dar clases de apoyo a los niños en la entrada al final del pasillo, un colegio con niños de padres jornaleros en el que la orientadora va un día cada dos semanas. En Torre Pacheco nos dijeron que si venía una familia con dos niños más no tenemos donde meterlos”, abunda.

Espín reclama que la bajada de matriculaciones se aproveche para disminuir las ratios: “Los recursos que tenemos y otros que se tienen que ir ampliando se deben usar para mantener y mejorar la calidad educativa. Queremos reducir las ratios progresivamente hasta llegar a 20 alumnos máximo en infantil y primaria, 25 en secundaria y 30 en bachillerato”.