- “Cuando la Comunidad Autónoma se hace cargo de la desaladora de Escombreras ya sabía que los contratos que se estaba asumiendo iban ser muy lesivos para las arcas públicas”
Antonio Urbina diputado de Podemos en la Asamblea Regional ha calificado de “despropósito todo el proceso que desemboca en que el proyecto fuese diseñado desde el ámbito público pero que al final se otorgase a dedo todas las empresas, del grupo ACS, que fueron las que finalmente construyen la desaladora con un crédito de Banesto, que fue avalado por una carta del gerente del Ente Público del Agua”.
Antonio Urbina ha señalado que cuando la Comunidad Autónoma se hace cargo de la desaladora de Escombreras “ya sabían que los contratos que se estaban asumiendo iban ser muy lesivos para las arcas públicas. Por lo tanto, el gobierno del Partido Popular acepta unas cargas financieras desproporcionadas y unas cláusulas que son claramente abusivas para los intereses públicos, y se deben denunciar”.
De hecho, ha añadido, esos contratos “pueden ser la base de una responsabilidad contable que, en manos del Tribunal de Cuentas podría llevar al pago de importantes multas a las personas que tomaron las decisiones”.
Por otro lado, el diputado de Podemos ha incidido en que hoy la Comisión ha confirmado que “todo el entramado jurídico financiero en torno a la desaladora de Escombreras se diseña desde los despachos de la Comunidad Autónoma. Si bien, las asesorías se las encargan a gabinetes privados de abogados, el estudio de viabilidad financiera a empresas privadas y se olvidan e ignoran a la propia Consejería de Hacienda y a los Servicios Jurídicos de la CARM. El resultado de la asesoría privada ha sido un gran beneficio para empresas privadas y una ruina para las arcas públicas”.
Por ello, Antonio Urbina ha calificado de “despropósito todo el proceso que desemboca en que el proyecto fuese diseñado desde el ámbito público pero que al final se otorgase a dedo todas las empresas, del grupo ACS, que fueron las que finalmente construyen la desaladora con un crédito de Banesto, que fue avalado por una carta del gerente del Ente Público del Agua”.