Cámara niega beneficios urbanísticos para Samper en el caso 'Nueva Condomina'
El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el ex director de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas han declarado hoy, como acusados en el caso 'Nueva Condomina', que el convenio suscrito con el entonces dueño del Real Murcia Jesús Samper para construir un nuevo estadio fue beneficioso para el ayuntamiento.
El primero en declarar en la primera sesión de la vista oral por este caso de presunta corrupción urbanística, en un Juzgado de lo Penal de Murcia, ha sido Cámara, que ha dicho que actuó siempre de acuerdo con los criterios mantenidos por los servicios técnicos municipales y los servicios jurídicos del ayuntamiento.
El exalcalde ha negado que el contenido del convenio de 2001 se hubiera preparado de forma que beneficiara a los intereses urbanísticos de Samper, ya fallecido, para añadir que él no planteó la edificabilidad de los terrenos adquiridos por este promotor, ni dio instrucción alguna a los técnicos del consistorio para que redactaran informe en la dirección que deseaba.
Cámara ha recordado que en el pleno municipal en el que se aprobó el convenio urbanístico, de los 29 concejales que integraban la corporación votaron a favor 27, incluidos los ediles socialistas,“que lo apoyaron fervientemente”.
Y ha añadido que el entonces presidente de ese grupo municipal, José Salvador Fuentes Zorita, llegó a decir que “lo había estudiado hasta la última peseta y que lo consideraba muy positivo”.
El segundo en declarar ha sido el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, que también ha defendido la legalidad a la que se ajustó todo lo relacionado con este convenio urbanístico.
Ha comentado que jamás recibió indicación alguna de sus superiores, “lo que nunca habría permitido”, aseveró, y que la decisión inicial de no obligar al promotor a la entrega del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico fue porque éste aportó una cantidad muy superior a la que habría supuesto ese porcentaje, ya que entregó dinero y el nuevo estadio.
Como había hecho antes Cámara, Morillas se ha referido también a las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que consideraron ajustado a derecho el texto del convenio, con excepción de lo referido al 10 por ciento, que determinó que el consistorio debía exigirlo.
El que fuera gerente de Urbanismo ha reprochado al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que confundiera las siglas SMI, que figuraba en un escrito suyo que le fue incautado y que se referían al Servicio Municipal de Información, con las de una empresa de Samper, para concluir de ello que aquel estaba supeditado a lo que dijera el empresario.
“Fue una auténtica mentira, y aún estoy esperando una disculpa”, ha comentado visiblemente dolido, porque, ha añadido, era todo lo contrario a lo real, “porque Samper no me podía ni ver”.
En cuanto a la solicitud de prescripción reclamada por los otros dos acusados, ha dicho que todo estará en función de que el delito de prevaricación que se les atribuye se entienda que fue continuado o no.
La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, reclama para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación, y para Peñalver, ocho años y siete meses, en el caso de los dos últimos, como cooperadores necesarios y por inducción.
Críticas desde el PSOE a Cámara
El Grupo Municipal Socialista ha censurado la “lamentable gestión del convenio Nueva Condomina, por parte del PP, que no solo no ha cumplido con las promesas hechas a los murcianos sino que ha provocado que el anterior alcalde se siente el banquillo y, para colmo, con un Club como el Real Murcia con una deuda confesada de 45 millones de euros”.
Susana Hernández también ha explicado que el grupo socialista apoyó el convenio “porque lo que recogía era positivo para nuestro municipio, y también era bueno para nuestro Real Murcia, y de hecho grande fue nuestra sorpresa cuando comprobamos que, en la primera versión del Convenio, ni se mencionaba al Club. Empezamos a sospechar un pelotazo urbanístico y a comprobar los incumplimientos y lo denunciamos durante años”.
De hecho, en 2007 “ denunciamos públicamente que la valoración del aprovechamiento urbanístico era irrisoria, ridícula, tanto que presentamos tasaciones que suponían más de 700 millones de euros de pérdida para el Ayuntamiento, lo que sirvió para que la Fiscalía abriera diligencias”.
Al respecto, ha arremetido contra los argumentos que esgrime Cámara para su defensa. “Nos resulta espeluznante que quien ha sido alcalde de Murcia durante 20 años se escude en la prescripción de un presunto delito para eludir cualquier castigo derivado de la acusación de prevaricación y no intente demostrar que todas las decisiones fueron legales y con la vista puesta en el interés de los ciudadanos. Desde luego esta justificación suena a excusa de mal pagador y, cuando menos, da mala espina
