Han pasado tres días desde la mayor tragedia en el ocio nocturno de España en las últimas décadas. En la madrugada del domingo 1 de octubre 13 personas morían carbonizadas en una trampa mortal: la discoteca Fonda Milagros de Murcia, un local segregado de manera ilegal en 2019 de otro mayor, la discoteca Teatre, que también ardió. El lunes, en rueda de prensa, responsables del Ayuntamiento admitieron que la discoteca Teatre carecía de licencia de actividad desde enero de 2022. En octubre de ese mismo año se decretó su cierre. Un cierre que nunca llegó a efectuarse. ¿Por qué? “Ese es el tema”, dijo el exconcejal de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, quien descargaba toda la responsabilidad en los empresarios dueños de los locales. Dos empresas distintas gestionaban los locales, aunque la matriz propietaria de Teatre consta en el registro mercantil a nombre de Juan Inglés Rojo, un conocido empresario una de cuyas discotecas, en la localidad de San Pedro del Pinatar, ya sufrió un incendio mientras carecía de licencia.
Un juzgado ha abierto este martes diligencias penales por lo que considera 13 homicidios imprudentes. El juez también ha decretado el secreto de las investigaciones, algo que previamente ya había hecho la Policía Nacional. Mientras los forenses intentan identificar a todas las víctimas (de momento ya se conoce la identidad de seis de ellas), las preguntas se acumulan en torno a lo sucedido al alba del 1 de octubre.
Lógicamente, y hasta que no concluya la investigación de la Policía, no se dilucidarán todos los detalles. Sin embargo, hay datos clave, meramente administrativos, que obran en poder del Ayuntamiento de Murcia –desde mayo en manos del PP– y que no han sido compartidos ni en la rueda de prensa ni a requerimiento directo de este periódico a fuentes del Consistorio. Una investigación municipal está en marcha. Estas son las preguntas que el Ayuntamiento de Murcia ha sido incapaz de responder:
¿Quién es el responsable directo de que no se precintaran los locales? ¿Quién tenía que dar la orden de precinto y quién tenía que ejecutarla físicamente?
Este miércoles se ha sabido que en octubre de 2022 un inspector de actividades del Ayuntamiento de Murcian, por incumplir la orden del entonces concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, del PSOE, pidió precintar el local si seguía en funcionamiento. El concejal ordenaba al inspector a “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”. Ese precinto nunca se aplicó, según informa La Verdad y ha podido confirmar elDiario.es.
Argumenta esa decisión el inspector en que los titulares de la empresa aportan “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba”, para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. La nota del inspector concluye con un “informándose de esto para sus efectos oportunos”. El trámite habitual, según han relatado fuentes municipales a La Verdad, es que ese informe sea elevado al Servicio Administrativo. El exconcejal Guerrero, según el rotativo murciano, “no era capaz de asegurar ayer si esto ocurrió, defendiendo que ni siquiera se le dio traslado de su existencia”. Queda en el aire la duda de si el exconcejal sabía o no del incumplimiento de sus órdenes por parte del inspector de actividades y de los argumentos que este dio para hacerlo.
Fuentes jurídicas recordaban esta martes a elDiario.es Región de Murcia que, en cualquier caso, el responsable último es el “el propio Ayuntamiento”: “El deber de vigilancia de esas órdenes se ha de achacar a la propia Concejalía de Urbanismo que es la competente en esta materia”.
Para su ejecución, los inspectores pueden apoyarse en las fuerzas de seguridad (Policía Local de Murcia, en este caso), pero debe ser el jefe de servicio y los técnicos de la concejalía quienes den la orden y se aseguren de que se lleve a cabo, continúan las mismas fuentes. De hecho, las propias ordenanzas municipales –siguen– recogen un régimen de responsabilidad del técnico que suscribiese los informes relativos a toda la tramitación de las licencias de actividad que se gestionan a nivel municipal. “Toda la actividad sancionadora del Ayuntamiento se encuentra regulada en una ordenanza municipal, la cual prevé incluso la adopción de medidas de carácter provisional, como la suspensión temporal de la actividad”.
Si hay orden de cierre y no se ejecuta, la responsabilidad penal también puede recaer sobre el Ayuntamiento. Es una responsabilidad del Gobierno local, analizan juristas. “Una de las cuestiones que se espera resolver en ese expediente informativo es por qué no se ejecutó la orden de cese de actividad sobre Teatre decretada en enero de 2022”, apuntan desde el consistorio capitalino ante esta cuestión.
¿Por qué no se precintaron las discotecas?
En octubre de 2022 los locales no se precintaron porque el inspector de actividades dio por buena la “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba”, presentada por la empresa para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. Se desconoce si después de 2022 hubo más comprobaciones municipales o intentos administrativos de precintar el local (el Consistorio lo niega). En cualquier caso, durante un año Teatre y Fonda Milagros siguieron operando pese a esa orden de precinto de octubre de 2022.
El abogado de Fonda Milagros, Francisco Adán, ha asegurado –sin ofrecer ninguna prueba y contradiciendo al Consistorio– que su representado estaba actuando con licencia de actividad. El letrado ha insistido en que ya ha dado a los medios la “única” información que maneja hasta ahora y ha declinado seguir dando entrevistas hasta que empiecen las actuaciones judiciales y cuente con más datos. Adán ha mantenido desde que cogió el caso que Fonda Milagros sí que contaba con licencia municipal “pero la documentación se quemó en el incendio” y también ha apuntado a que el foco de las llamas se originó en el local de Teatre y no en el de su defendido.
“El Ayuntamiento estaba al corriente de que Fonda estaba en funcionamiento y mi cliente no ha recibido ninguna notificación del cese”. La versión de Juan Esteban Ramírez, propietario de la empresa que gestiona la discoteca Fonda Milagros (local subarrendado a Teatre SL), ha sido durante estos días que los propietarios de Teatre le habían asegurado que sí que contaban con la licencia en orden.
Sin embargo, el letrado de Teatre, José María Caballero, concedió este martes una entrevista a Onda Cero en la que reconocía que “el problema vino cuando se subarrendó a esta otra sociedad mercantil” parte del espacio al separar la nave y revocarse la licencia.
El expediente informativo abierto por el Ayuntamiento de Murcia determinará, supuestamente, todas las responsabilidades. La orden de precinto tenía que darla, y la dio, el concejal de Urbanismo en la etapa del PSOE, el citado Andrés Guerrero, y quien tenía que ejecutarla era el servicio de inspección de actividades.
“Ha habido una dejación de funciones brutal: empezando por el alcalde, por los concejales, el jefe de servicio, los técnicos municipales, la Policía Local y el jefe de dicha Policía para que no se ejecute la orden de cierre”, apunta una fuente conocedora del funcionamiento del Consistorio murciano.
“Hay que recordar que fue en junio de 2019 cuando Teatre pidió por primera vez la división del local. Eso hacía necesaria una nueva licencia que pidió el concejal socialista de Urbanismo, Andrés Guerrero, seis meses después de hacerse cargo en marzo de 2021 de la concejalía, pero es que antes y después ha estado al frente del organismo Antonio Navarro (PP) y estamos hablando de tres años, primero, y tres meses, después”.
¿Tenía salidas de emergencia y el resto de medidas de seguridad necesarias?
En marzo de 2023, ha relatado a Onda Cero el abogado, se realizó una inspección municipal del servicio de Sanidad “se dio el visto bueno y se informó favorablemente, por lo que se cumplían todos los requisitos” higiénico-sanitarios. En ningún caso esa inspección controló aspectos de seguridad o de prevención de incendios.
El letrado sí que reconoce que el local no dejó de funcionar y lo ha calificado de “irregularidad formal” al cumplir “absolutamente” con todos los requisitos, a excepción de los administrativos. Y ha hablado de “tolerancia” por parte del Ayuntamiento y ha dicho no tener constancia de que hubiese una “orden de precinto”. “Aquí hay un montón de locales que están funcionando sin licencia”, ha afirmado.
¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no tuviera constancia de que seguían abiertas?
Simplemente con echar un vistazo a las redes sociales de los locales se puede ver que estaban plenamente operativos por lo que era pública y notoria su situación de apertura (además de que son locales muy famosos dentro del ocio nocturno murciano, especialmente Teatre, el más antiguo y espacioso de los dos).
La Fiscalía de la Región de Murcia pedirá “la documentación de todos los expedientes relativos a estas discotecas para comprobar si hay algún tipo de responsabilidad por omisión o falta de inspecciones por parte de los responsables de la administración que, en este caso, es el Ayuntamiento”, explica a este periódico el fiscal superior de la Región, José Luis Manzanera.
“Esto no se puede banalizar. No se puede saber todavía hasta que tengamos los informes periciales de la Policía y los expedientes del Ayuntamiento, pero descartable no hay nada, claro”. “Incluso estoy leyendo que uno de los dueños de los locales no le llegó la orden final de cierre: todo eso ha de constar en el expediente de las notificaciones”, añade Manzanera.
¿Cómo es posible que la discoteca Teatre superase una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de este año, pese a carecer de licencia municipal y tener una orden de cese de actividad desde 2022?
El acta de la inspección de Sanidad fue levantada por el Ayuntamiento un mes después de que ese mismo servicio sanitario advirtiera determinadas deficiencias en sus condiciones higiénico-sanitarias. Los controles de marzo de 2023, pues, se centraron en cuestiones de higiene y no de seguridad.
“Se han subsanado todas las deficiencias detectadas en anterior visita de inspección de fecha 9 de febrero de 2023. El local cumple condiciones higiénico-sanitarias, y procedo a que sea inscrito en el Registro Sanitario Autonómico de establecimientos minoristas de alimentación”, según indica en su escrito el funcionario del servicio de veterinaria del consistorio murciano que firma el documento.
Para la portavoz de Teatre S.L.V, sociedad propietaria de la discoteca homónima, María Dolores Abellán, este hecho corrobora que “todo el mundo sabía que el local funcionaba”, según ha dicho este martes en declaraciones a la agencia EFE.
El anterior equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia ha señalado que tener un acta favorable por parte de un funcionario de la Inspección de Sanidad del Consistorio “en ningún caso supone reconocer que la empresa tiene actividad, sino que tiene intención de tenerla”.
Esta inspección, explican las fuentes, “se hizo a instancias del Servicio de Disciplina de Actividades (Urbanismo) como uno más de los informes preceptivos que los establecimientos deben de tener para que el Servicio de Disciplina les conceda licencia de apertura, por lo que se realiza cuando el establecimiento no está con actividad”. “Y superar el informe no implica que tenga licencia de apertura, tiene que superar otros como el de extinción de incendios u otras instalaciones”, cuentan desde el gabinete de prensa del grupo municipal socialista en la capital del Segura. Así, han añadido que “todo este proceso es el normal cuando existe una nueva solicitud y corresponde a la tramitación normal que realizan los propios funcionarios del servicio ante este tipo de solicitudes”.
¿Tenía seguro en vigor la discoteca?
Jesús Jiménez, portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (Hoytu), explica que los locales de ocio no necesitan presentar la licencia de actividad a las compañías aseguradoras, “solo la cantidad asegurada y las coberturas”. Aunque sí que deben hacer inspecciones para comprobar que todos los requisitos se cumplen.
¿Sobre cuántas discotecas de Murcia pesa una orden de cierre?
El Ayuntamiento de Murcia no ha podido facilitar esta información a elDiario.es. “Habría que pedir a Transparencia un listado de la situación en la que se encuentran todos los establecimientos de pública concurrencia del Ayuntamiento de Murcia y a ver si son capaces de darla”, explica una fuente cercana al Consistorio. “Diría que la mayoría no tienen los papeles necesarios. Aquí se tiran 15 ó 20 años sin dar licencias a los empresarios, dejándolos en una inseguridad jurídica brutal”, apunta.
“Digamos que para llevar a cabo cualquier obra es muy difícil obtener la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento y la inspección final”, resume dicha fuente.