Los obstáculos para abortar en Murcia: “Me metieron prisa porque si no lo hacía rápido me tendría que ir a otra región”

En unos tiempos en los que es tan común hablar sobre los partos respetados y el derecho de la mujer a decidir el ambiente en que dará la bienvenida a su bebé, se sigue dando la espalda al debate sobre los abortos espontáneos y las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) –dentro de las 14 semanas en las que se puede abortar libremente o los abortos terapeúticos que se pueden realizar también a partir de entonces por razones médicas–. No hace falta saltar hasta Marruecos o cruzar el charco hasta algunos países de Latinoamérica para darnos de bruces con la incómoda realidad de los cientos de mujeres que cada año, y aquí mismo en España, se sienten abandonadas por la sanidad pública y presas de la angustia y el miedo al decidir interrumpir sus embarazos.

Es una realidad que comparten más de una decena de provincias del Estado español y que se hace especialmente sangrante en la Región de Murcia, donde una especie de objeción institucional y colectiva a practicar abortos se ha instalado en la sanidad pública. El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia es el centro con más nacimientos en España y donde, en cambio, no se practica ningún aborto, al igual que en el resto de hospitales públicos de la comunidad. Cuando la interrupción del embarazo se produce antes de las 14 semanas, las mujeres son derivadas a clínicas privadas murcianas y, si se sobrepasa ese umbral, sobre todo a partir de la 20, tienen que abortar fuera de la Región, principalmente en clínicas en Alicante o Madrid, estas últimas a 400 kilómetros de distancia de sus hogares y sus familias.

Cuando las mujeres se ven obligadas a viajar para que les practiquen abortos terapéuticos –en caso de que haya peligro para la vida de la madre, se encuentren polimalformaciones en el feto, muchas veces incompatibles con la vida, o se descubra que es síndrome de Down–, se producen las situaciones más dramáticas, como puso sobre la mesa el último programa Salvados de La Sexta. “La ecografía de la semana 20 se hace principalmente para comprobar todo esto”, dice una ginecóloga de ese hospital que prefiere no identificarse. Esta médica siente “vergüenza ajena” ante lo que está ocurriendo en la Arrixaca: “Constitucionalmente se está discriminando a las mujeres por razones políticas y religiosas”, afirma con rotundidad al otro lado del teléfono. “Estamos fallando a las mujeres. No tiene sentido que viajen a Madrid a una clínica que no está abierta 24 horas, no tiene UCI ni banco de sangre y que después las manden inmediatamente de vuelta a casa. Es una bomba de relojería, el día menos pensado muere una”, sentencia.

Una paciente que acaba de salir de su consulta ha estado llorando. Vio el programa de Salvados y revivió su viaje a Madrid para interrumpir su embarazo cuando en la semana 20 encontraron que el feto tenía una malformación craneal incompatible con la vida. “Vino con restos de placenta retenidos y tardó más de un mes en solucionarse. El riesgo que hay de hemorragia posterior a alguna de estas intervenciones es espectacular. De vez en cuando nos llega una 'sorpresa' de las clínicas privadas aquí en Murcia, que tienen siempre mucha prisa”, añade la médica.

“Están vendiendo un problema de objeción de conciencia que nunca ha habido realmente. No hemos hecho una carrera y una especialidad para evitar el sufrimiento de las pacientes y ahora encontrarnos que no nos permiten ayudar”, se lamenta la ginecóloga.

La médica relata cómo en 2017 les hicieron una pregunta intimidatoria por teléfono que consistía simplemente en: '¿Practicarías abortos, sí o no?'. Con esta encuesta la Consejería murciana de Salud, a preguntas de la diputada de Podemos María Ángeles García, informó de que el 78% de los ginecólogos del Servicio Murciano de Salud eran objetores. Pero la ginecóloga cuenta cómo en noviembre de 2020, desde la anterior gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS) se llevó a cabo otra encuesta online más detallada y en la que los 62 ginecólogos del hospital contaban con 48 horas para responder. El resultado que arrojó fue diferente: el 25% se mostraba objetor y el 75%, no objetor. De estos últimos, la mitad de ellos se mostraba dispuesta a practicar abortos de fetos polimalformados y con síndrome de Down, mientras que la otra mitad solo a aquellos que contaran con malformaciones. De ese modo, habría entonces 48 facultativos dispuestos a poner en marcha el servicio de IVE en la sanidad pública murciana.

“A día de hoy se pagan miles y miles de euros a clínicas de Madrid y Alicante, que son imposibles de cuantificar porque no hay registros. En Murcia esto sería a coste cero, ya que no se precisan ni más medios técnicos ni humanos, solo haría falta alguna modificación organizativa. Es un problema de voluntad porque se trataría de pocos cambios para un inmenso beneficio”, abunda. La doctora subraya, además, que la Consejería murciana de Salud no tiene conciertos con las clínicas de la Región ni de las otras comunidades. “Hay un problema de calidad asistencial, pero también de seguridad”, resume, tal y como ha venido denunciando en reiteradas ocasiones la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.

“No me explicaron nada”

A estas mujeres a quienes mandan fuera de su territorio, en el mejor de los casos les abonan 45 euros: 25 por el viaje y 15 de dietas. Al menos, desde mayo de 2019 la sanidad pública murciana financia la sedación en los abortos hasta la semana 12, que antes pagaban las mujeres. “Las criminalizan y las dejan sin asistencia ni acompañamiento, ni en ese trago ni en el posterior de la superación del duelo”, se quejan matronas murcianas que prefieren mantenerse en el anonimato y se preguntan por qué “sí que se hace un parto humanizado cuando la muerte del bebé es natural, y por qué se las abandona cuando son ellas las que deciden interrumpir el embarazo”.

Según los últimos datos que ponen encima de la mesa estas matronas, en 2019 fueron derivadas 85 mujeres por graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada, 75 por anomalías del feto y 10 por malformación extremadamente grave.

María (nombre ficticio) ya puede revivir sin rabia aquel día. “Han pasado ya casi 4 años y, aunque es algo que nunca se olvida, lo tengo un poco más superado”. A su bebé, una niña, le diagnosticaron angenesia del cuerpo calloso –una alteración en el desarrollo– a las 20 semanas. “Recibir esa mala noticia fue un shock”. El ginecólogo le habló de la posibilidad de interrumpir el embarazo por la privada, “pero mi seguro no lo cubría” y entonces “me metió prisas porque si no lo hacía rápido me tendría que ir fuera de Murcia”. La derivaron a una de las clínicas privadas de la Región: “Me hicieron una ecografía, me dieron una pastilla para tomar la noche anterior de la IVE y me citaron; no me explicaron nada”. El día de la cita “me acompañaron mi madre, mi suegra, mi cuñada y mi pareja; solo podía entrar una persona y hasta la sala de espera, así que finalmente todos se quedaron en la calle”. Fueron cinco horas, sin móvil ni comunicación con sus familiares. “Compartía la habitación con una muchacha joven que estaba en una cama supletoria; yo estaba muy nerviosa y asustada”. Al rato, “me llevaron a una sala, me rompieron la bolsa y me suministraron oxitocina, para llevarme de nuevo a la habitación, donde empezaron las contracciones”.

María recuerda “mucho dolor; lloraba mucho y no paraba de pedir auxilio; pero no me sedaron hasta que me llevaron al quirófano”. Al despertar recuerda que le hicieron volver a la habitación “andando, con las piernas ensangrentadas; la verdad es que el dolor físico me hizo evadirme del emocional”. Un gran vómito le sobrevino a la salida, ya en la calle, y toda esa primera noche la pasó sangrando en su casa bajo la atenta mirada de su pareja.  

No hubo seguimiento, tan solo una revisión a las dos semanas. Tampoco tuvo mejor suerte en el psicólogo de la seguridad social: “No recibí una buena atención; a mí lo que me ha curado es mi entorno, mi pareja, familia y amigos, y encontrarme con otras mujeres que han vivido esta experiencia en la Red El Hueco en mi Vientre”. Para María la falta de información fue “clave” y piensa que si le hubieran explicado todo el proceso “lo habría vivido de otra manera, quizás nos habría gustado despedirnos de la bebé y poder enterrarla”. 

Expulsadas y criminalizadas

Lo que más sienten las mujeres, aseguran matronas que han vivido de cerca estos procesos, es sentirse expulsadas de la sanidad pública y criminalizadas. “Algunas ni se lo dicen a su familia porque sienten que están haciendo algo clandestino”. Y además tienen que enfrentarse “al trauma del trato que reciben en las clínicas donde realizan la IVE; y donde en la mayoría de ocasiones tienen que estar solas, no les dejan ni entrar con su teléfono”. Las clínicas alegan que cumplen con la legalidad, “pero obvian la humanidad y la evidencia científica que apoya los procesos de duelo”, explican fuentes sanitarias.

El consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, ha asegurado esta semana que su departamento trabaja “ahora mismo” en un programa de IVE y ha considerado que “es un proceso que puede llevarse a cabo en el sistema público o puede realizarse en el sistema privado”, además ha concretado que hay un acuerdo con las clínicas donde se deriva a las mujeres y que se está trabajando también en “revisar este tipo de convenios y conciertos”. Matronas de la Región, sin embargo, puntualizan que “no hay ninguna supervisión, cuando por ejemplo en las derivaciones de fecundaciones in vitro sí que acude la mujer con un miembro de la Arrixaca que sigue toda la intervención”, puntualizan matronas de la Región.

La objeción, de forma individual y por escrito, según la ley

El artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recoge que “la prestación sanitaria de la interrupción se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, teniendo que ser preferentemente realizadas en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida y cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en centros cualificados de la red sanitaria pública”.

En cuanto a la objeción de conciencia, recuerdan fuentes sanitarias, el médico que quiera acogerse a ella para no llevar a cabo una IVE debe hacerlo de forma individual, por adelantado y por escrito “y nunca puede ir en detrimento de la calidad asistencial; pero a estas mujeres no se les comunica nada por escrito y lo que se les dice es que se trata del procedimiento que sigue el hospital en estos casos”. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue si la comunidad autónoma está enviando a mujeres que quieren abortar a otras comunidades.

La Asociación de Matronas de la Región de Murcia ha instado a las administraciones sanitarias a ser coherentes con la legislación vigente y garantizar “que todas las mujeres de nuestra Región tengan acceso a una asistencia digna a lo largo de toda su vida sexual y reproductiva, no siendo menos importante la humanización de todas y cada una de las pérdidas perinatales”. Para las matronas, “las mujeres merecen vivir esa pérdida rodeadas de todo lo que se la haga más liviana: acompañadas por su pareja o la persona que ellas elijan, con una analgesia adecuada al momento y sus preferencias, cerca de sus hogares”.