La Coordinadora Regional de Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Murcia ha criticado el nuevo Plan Regional de Vivienda para 2018-2021, dado a conocer el pasado 15 de marzo por el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, al consejero de Fomento, Pedro Rivera.
Este último fue el encargado de trasladar las decisiones de la Conferencia Sectorial a los empresarios, profesionales y colectivos del sector en Murcia el pasado 16 de marzo, en una reunión donde destacó la “vertiente social” del nuevo Plan.
En ella hizo hincapié en la cuantía anunciada por el Ministro de Fomento, el carácter retroactivo de las subvenciones, las ayudas de hasta 400 euros mensuales para personas desahuciadas, el apoyo a la adquisición y arrendamiento de viviendas para jóvenes o la ampliación del plazo de ejecución de obras de tres a cinco años.
Rivera también resaltó la medida para fomentar el alquiler de viviendas mediante la subvención a promociones de titularidad privada. Una subvención que “aumentará la oferta y conllevará un abaratamiento de los precios de los alquileres”.
Este nuevo paquete de ayudas públicas, que mantiene la “apuesta decidida por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario” incluye entre las novedades la “atención directa a las personas que sean objeto de desahucio” mediante un programa de ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.
Críticas de la PAH
La denuncia principal de la Coordinadora regional de Plataformas de Afectados por la Hipoteca es acerca del destinatario final de los fondos, y la escasa capacidad de adaptación a las necesidades regionales.
Según explican, “es un plan destinado a transferir dinero público a constructores y grandes tenedores de vivienda” ya que, al acabar los tres años de vigencia del Plan, “seguiremos sin disponer del Parque Público de Viviendas para alquiler que se necesita para que el acceso a la vivienda sea un Derecho Real en nuestro país”.
En relación a la adaptabilidad a un Plan Regional, la PAH denuncia que “es solo la traslación del Plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros”, por lo que se trata de “un plan cerrado y cuantificado por el Gobierno central, y que en nuestra Comunidad Autónoma no podemos adaptar ni aplicar a nuestra Ley Regional de Vivienda”.
También han criticado las ayudas destinadas al alquiler de la vivienda debido a que “todos los expertos coinciden en que las ayudas suponen echar gasolina al fuego” ya que supondrán un fuerte incremento de los precios.
Por último, la PAH ha criticado al Gobierno de Rajoy por registrar un veto al proyecto de Ley de Vivienda. “Como siempre, prefiere regalar dinero de todos a sus amiguetes de constructoras y bancos, aunque en España se sigan produciendo 167 desahucios al día”.
El veto del Gobierno será debatido en la Mesa del Congreso el próximo martes día 20 y su levantamiento depende de la abstención o el voto en contra de Ciudadanos, ya que tanto PSOE como Unidos Podemos han hecho público su compromiso de debatir la Ley de Vivienda en el Parlamento.
Financiación del Plan
La financiación del Plan depende de las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado y la distribución de fondos que lleva a cabo cada Comunidad Autónoma
Según informó De la Serna en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, la Región dispone de 63,5 millones de euros de fondos estatales para desarrollar el nuevo Plan, publicado el pasado sábado 10 de marzo en el BOE.
Una cuantía que duplica la partida del plan 2013-216, que disponía de 35,4 millones de euros y que benefició a 3.845 familias.
En este sentido, el consejero de Fomento destacó la oportunidad “para realizar políticas activas de empleo en el sector de la construcción y el inmobiliario regional” debido de la partida a casi el doble que el plan anterior.