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La protesta de la escuela concertada saca cientos de coches a las calles de Murcia

La protesta de la escuela concertada saca cientos de coches a las calles de ciudades de toda España

elDiariomurcia

22 de noviembre de 2020 13:49 h

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La plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, ha convocado este domingo manifestación en coche en una treintena de provincias para mostrar su rechazo a la ley educativa, la Lomloe, conocida como ley Celaá. La movilización ha sacado a las calles a cientos de vehículos en el centro de Murcia.

La caravana, que ha circulado a partir de las 11:00 horas entre la avenida Juan Carlos I y la Delegación del Gobierno, cuenta con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, entre otros partidos y organizaciones, y en los vehículos se han exhibido banderas españolas, globos naranjas y carteles con el lema “Stop Ley Celaá”.

A la finalización de la marcha, el portavoz de Más Plurales y presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos de la Región de Murcia(Concapa), Alberto González-Costea, ha animado a los partidos a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la norma.

Además, ha afirmado que “presionarán” a los gobiernos autonómicos para disminuir “al máximo” los efectos de la aplicación de esta norma, al tiempo que pedirán la “responsabilidad” de otros grupos políticos para que manifiesten “explícitamente” su compromiso de derogar esta ley “tan pronto sea posible”.

En el manifiesto se refleja que los participantes no toleran “límites ni recortes” a la libertad de enseñanza, defienden la “complementariedad” de las redes pública y privada concertada y tampoco admiten que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado.

Además, se han sumado a la protesta varios cargos del PP, como la consejera de Educación, Esperanza Moreno, que ha pedido en un comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “escuche” a “toda” la comunidad educativa ante la validación “sin consenso” de una norma que “daña a todos”.

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