“Tú a esa gente no la conoces. No sabes de dónde viene. No sabes si ha estado en la cárcel o en algún otro sitio. No me fío”. A apenas 100 metros de la casa de Asensio, que vive en la urbanización de El Rosalar, al oeste de Cartagena, una valla metálica y oxidada protege las instalaciones del antiguo Hospital Naval de la ciudad. La vasta verticalidad de un edificio de más de diez plantas acapara la vista. A su alrededor, oculta tras setos verdes y tupidos, se extiende una espaciosa explanada de asfalto cruzada por palmeras y jardines descuidados. En ella, tal y como confirmó el lunes el ministro de Inclusión en funciones, José Luis Escrivá, se va a ubicar a finales de la próxima semana un campamento de acogida de migrantes procedentes de diversos países de África. La decisión del Ejecutivo ha despertado recelo en el Ayuntamiento y en colectivos vecinales, que han mostrado en los últimos días actitudes xenófobas por medio de declaraciones públicas y protestas colectivas.
El Hospital Naval de Cartagena lleva cerrado más de diez años. El número de migrantes que acogerá, recalcan fuentes de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, es de, “como máximo”, 600, de las más de 30.000 personas que ya han desembarcado en las costas de las Islas Canarias en lo que llevamos de año. El Ministerio de Inclusión ha abierto 7.000 plazas de emergencia migratoria en la península.
La oposición de algunos vecinos ante la iniciativa en la ciudad portuaria se ha evidenciado, primero, en sus palabras. “Por aquí pasan muchos críos, muy temprano, de camino al colegio o al instituto, o sale mucha gente a hacer deporte por la noche, ahora que los días son más cortos”, dice Asensio, con un cariz de indignación, apoyado en la barandilla de la terraza de su casa. Sus opiniones van en la línea de las de Vox, que vincula sin pruebas criminalidad e inmigración. Una postura xenófoba a la que en los últimos días también se ha sumado el PP. “Imagínate que ocurre una desgracia. En este lugar se vive muy tranquilo como para traer a toda esa gente. Nos tacharán de racistas, pero no es verdad”, concluye el vecino.
Estas posturas extremas han pasado de las palabras a los hechos. Una multitudinaria protesta vecinal abarrotó el pasado domingo 29 la puerta de entrada al Hospital. Mientras transcurría, Ana María se encontraba paseando por el bosque de Tentegorra, cuya dilatada arboleda envuelve el terreno del antiguo centro sanitario. Entre los árboles se extiende un complejo entramado de propiedades militares, de almacenes, de cuarteles y barracones. Una estrecha carretera divide el bosque en dos mitades. La gente aprovecha la sombra y la tranquilidad que ofrece para salir regularmente a hacer deporte, a correr o a montar en bicicleta. Al final de su camino rutinario, Ana María se topó con los vecinos agrupados, con las consignas de rechazo al campamento que mostraban en pancartas y vindicaban decididos a través de micrófonos. “Me quedé completamente horrorizada. Me parece terrible lo que se dijo”, explica.
Camerún y Somalia
“Soy voluntaria en una ONG que se ocupa de dar clases a inmigrantes. La mayor parte es gente que ha venido de Camerún o de Somalia. Son muy buenas personas, educadas, tranquilas y comprometidas”, dice. “Cuando vi la noticia de que querían poner aquí el centro de acogida, supe que inmediatamente iba a ver confrontación”.
La actualidad política y social de Cartagena ha estado marcada esta semana por esos planes del Gobierno de rebajar la presión migratoria en el archipiélago canario. Desde primeros de octubre se rumoreó que el Hospital Naval iba a ser el emplazamiento elegido por la cartera que dirige Escrivá para la construcción de un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).
La alcaldesa, Noelia Arroyo, manifestó su “rechazo por la concentración de recursos” en la localidad, que ya posee un centro de similares características, y cuya apertura, en 2022, suscitó igualmente controversia. Pero Ministerio y Delegación del Gobierno confirmaron al consistorio que el CETI no se construiría en Cartagena. No obstante, el repudio expresado por la primera edil también tenía que ver, añadió, con “levantar campamentos para recoger migrantes llegados de otros puntos del país”.
El tono de las declaraciones de Arroyo estuvo vinculado al de la concentración que se encontró Ana María al final de su paseo del domingo. Eran unos 300 vecinos, según fuentes policiales, y estaban convocados por la asociación Cartagena Futuro. Mostraron al unísono su negativa ante los planes gubernamentales.
La presidenta de dicha plataforma, Cristina Martínez, pronunció severos calificativos durante la lectura del manifiesto: “El Naval debe ser para los cartageneros”; “Cartagena no puede convertirse en un municipio albergue”. Martínez comenta a elDiario.es Región de Murcia que el Hospital Naval está ubicado en “una zona de esparcimiento” de los habitantes de la localidad. “No va a ser un campamento temporal. Sabemos qué significa eso. Puede durar una semana, un mes o cinco años”. “En esta Comunidad hay 44 municipios más. No todo tiene que concentrarse aquí”, cuenta.
“Había predisposición porque eran blanquitos”
Incluso el pleno del Ayuntamiento votó el pasado jueves a favor de llevar a cabo la oposición al CETI y al campamento, con el beneplácito de PP, Vox y Movimiento Ciudadano. El polémico CETI ha quedado finalmente descartado. “La presión vecinal”, comentó Noelia Arroyo en esta dirección, “ha sido un éxito”. Pero el campamento de acogida, todos lo saben ya, sigue adelante. El secretario general del PSOE en Cartagena, Manuel Torres, achaca el problema a que “los partidos de turno no quieren que los migrantes estén en la ciudad”. “Los quieren en otros municipios, o a las afueras”, explica. “Este rechazo”, prosigue, “conlleva que entre los vecinos se genere odio”. “Cuando llegaron refugiados ucranianos, la ciudad estaba dispuesta a acogerlos”. “Pero cuando vienen subsaharianos o africanos, nadie quiere”.
De aquella situación se acuerda muy bien Ana María, pues en su voluntariado también imparte clases, junto a los migrantes africanos, a ucranianos que huyeron de la guerra y dejaron atrás su país. “Todo se vivió de otra forma”, dice. “Yo creo que había predisposición para acogerlos por una simple razón: porque eran blanquitos”.
El Gobierno tiene previsto que los migrantes comiencen a alojarse en la explanada del Naval a finales de la próxima semana. A cargo de Inclusión, dentro del perímetro del Hospital ya han comenzado los preparativos. Responsables de los trabajos sopesan el terreno, discuten ubicaciones propicias y mantienen conversaciones telefónicas. Hay operarios que entran y salen, que portan herramientas, cables y cajas y conducen grúas y vehículos de carga. Entre todos montarán carpas, tiendas de campaña, mesas plegables, camas provisionales y lugares y materiales acondicionados para el tratamiento humanitario.
La ONG Accem será la encargada de la gestión del dispositivo una vez se ponga en marcha. “Por desgracia, no es el primer sitio en que nos hemos encontrado con determinadas actitudes xenófobas”, apuntan desde la organización. “Pero estas actitudes no se corresponden con la realidad. Los discursos de odio y de rechazo llegan a mucha gente que no tiene información previa y que se deja llevar por opiniones ajenas”.
Para Accem, que despliega sus labores de ayuda por todo el país, “no hay indicios que relacionen la delincuencia y la inseguridad con la acogida de migrantes”. “Defendemos que la integración de estas personas es muy positiva para las sociedades de acogida, tanto económica como culturalmente”. Desde la ONG inciden, pues les choca, en la visible diferencia de aceptación que hubo en la crisis migratoria de Ucrania. “Acogimos en toda España a más de 100.000 personas que huían de la invasión, y se hizo sin ningún tipo de problemática”. “Esperamos que, si existen estos prejuicios, se terminen desmontando y que, al final”, defienden, “la sociedad sea igual de tolerante como lo fue con el drama ucraniano”.
“¡Cartagena te necesita!”
Las concentraciones vecinales no parecen detenerse. Actores políticos representativos en la ciudad las respaldan e incluso fomentan la participación masiva. José López, alcalde de la ciudad portuaria entre 2015 y 2017 y líder de Movimiento Ciudadano hasta que renunció al cargo tras el varapalo en las municipales del 28M, insta a los ciudadanos a través de un post en X (antiguo Twitter) a reunirse frente a la Asamblea Regional a las siete de la tarde del jueves 2 de noviembre bajo el lema: “¡Cartagena merece más!”.
Al mismo tiempo, mientras progresan los trabajos de acondicionamiento en el Hospital y los operarios van y vienen al otro lado de la valla metálica, Asensio asegura que los vecinos están unánimemente en contra de la acogida. Acto seguido entra en su casa y cierra tras de sí la puerta. Él también estuvo en la protesta del domingo. Hay en El Rosalar, en toda la urbanización, en las puertas de las casas y de los bloques de pisos, pegados con tiras de celo, carteles de papel con fotografías del Hospital y mensajes que alientan a los vecinos a reclamar usos del terreno “para fines más beneficiosos para la comunidad”. “¡Cartagena te necesita!”, titulan.
Los vecinos hablan con signos de preocupación y sospecha. Uno de ellos, durante la manifestación dominical, agarró el micrófono y trató de relacionar, con sus palabras, la inmigración y el aumento de violencia en las ciudades, aunque los organizadores impidieron que continuara hablando.
Raquel vive al otro lado de la manzana. Ella amplía la unanimidad vecinal de la que hablaba Asensio a “toda la ciudadanía” de Cartagena. “Puede afectar a toda la ciudad. Es mucha gente que luego se deja suelta, sin trabajo, sin donde alojarse”, dice. “Cuando salgan del campamento se buscarán la vida, irán a otros pueblos y otros barrios. Dicen que van a meter a 600 personas, pero por espacio pueden ser muchas más. Entran unos, salen otros, y al final la zona se devalúa y se genera inseguridad hasta para ir a tirar la basura”, añade relacionando, de nuevo sin pruebas, inmigración y criminalidad.