¿Acabará la Ley Foral en torno al impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito en los tribunales? La pregunta está ya en el aire y, desde el Gobierno Foral, reconocieron que esta norma, la 6/2014, podía ser un nuevo foco de conflictos con Madrid, que podría recurrirla y que, de nuevo, el asunto se decidiera en el Tribunal Constitucional, como por ejemplo ha pasado con la ley de producción de energía eléctrica. Sin embargo, antes de que esta situación se repita, el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central buscarán una vía para el acuerdo con una nueva negociación. En concreto, a través de la llama Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral.
Esta Junta de Cooperación es un órgano que puede tener su origen en una junta (cuya actividad se registra desde 1927) que dirimía las tensiones entre las dos administraciones a raíz del Convenio Económico, al contar con una representación equilibrada de ambas entidades. Y, ahora, afronta un nuevo tema en su agenda, que ya se veía anunciando: la posibilidad de que el Estado recurra la Ley Foral sobre el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
Así, el Boletín Oficial de Navarra ha publicado este lunes el acuerdo en torno a esta Junta de Cooperación, con fecha del pasado 15 de julio, que incluye tres puntos principales: iniciar la negociación para resolver las “discrepancias” entre ambas administraciones, designar un grupo de trabajo y, por último, comunicar al Tribunal Constitucional esta medida.
En la práctica, este trámite al final es el anuncio de una vía intermedia, con el que ambas instituciones ganan tiempo para evitar, mediante estos contactos, que el asunto acabe de nuevo en los tribunales. Porque, una vez detectadas estas discrepancias tras los trámites realizados en el Parlamento de Navarra en mayo, se abrió un plazo para discutir el tema que finaliza a los tres meses. Con este nuevo acuerdo, sin embargo, las administraciones disponen, según apuntan fuentes forales, de otros seis meses extra antes de que la ley pueda ser recurrida. Sin embargo, ese plazo límite también supone el anuncio de que podemos estar ante una nueva norma navarra recurrida.
Este anuncio llega apenas un mes después de la presidenta foral, Yolanda Barcina, acudiera a Madrid a una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisamente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló la ley navarra tras el recurso de Madrid, que entendió que esa norma invadía sus competencias. Ambas partes, no obstante, llegaron en esa reunión posterior al pacto de renovar el Convenio Económico para dejar claras las competencias tributarias de Navarra. Y para, además, reducir la litigiosidad.
Sobre la norma
Ahora, esa promesa se pone a prueba, aunque fuentes forales insisten en que las reuniones, ya iniciadas, en torno a la modificación del Convenio son paralelas a este caso. En cuanto a la Ley Foral en sí, aprobada el pasado 10 de abril, cabe recordar que fue respaldada por los votos de UPN y PSN, que contó con la abstención de Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra, y con la oposición de PPN y los parlamentarios no adscritos. Entre otras cuestiones, la ley tiene el objetivo de gravar, según puntualizó entonces el Parlamento a través de un comunicado, los depóstitos constituidos en las entidades de crédito que actúen en Navarra, incluidas las sucursales bancarias extranjeras. Las diferencias en torno al porcentaje del gravamen hicieron, no obstante, que la propuesta original de I-E fuera modificada, y de ahí el reparto de votos final en la Cámara.