Críticas contra un sindicato policial por pedir un plan especial de vigilancia a los MENAS que acogerá Navarra

Los representantes del Sindicato de Unificado de Policía Nacional (SUP) han comparecido este viernes en comisión para trasladar a los grupos parlamentarios la urgencia de elaborar un “plan de actuación en materia de menores en desamparo”. Desde el sindicato han afirmado que es necesario un mayor control de los MENA por parte del Gobierno de Navarra y que su “objetivo no es criminalizar a este colectivo, pero que es necesario un mayor control de estos menores extranjeros no acompañados (MENA)”. A pesar de que el índice de conflictividad de los MENA está por debajo del 6% -media de la población en general- y de que apenas protagonizaron el 0.03% de los procesos en los que tuvo que intervenir la Fiscalía, el sindicato apunta que buscan “poner la tirita antes de que se produzca la herida”. El consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, ha desmentido que los MENA supongan un “problema de criminalidad”.

El secretario general del SUP en Navarra, Eduardo Riballo, ha explicado que el número de MENA en Navarra “se ha multiplicado casi por 6, pasando de unos 50 en el año 2018 hasta los alrededor de 300” que está previsto que haya en Navarra a final de año. Asimismo, ha afirmado que en los meses de julio, agosto y septiembre se han registrado más de 50 denuncias mensuales por fugas de los centros de menores donde están internados.  El sindicalista ha relacionado las fugas con una “inseguridad ciudadana completa”. Uno de los representantes del sindicato ha  llegado a afirmar en el turno de réplica que el aumento de MENAs en Navarra conllevará un mayor número de delitos por “una simple cuestión matemática”, aunque no ha aportado ningún dato que así lo argumente. 

Desde el sindicato han asegurado que se ha registrado un incremento de delitos por hurto, abusos sexuales, peleas, robos y tráfico de drogas debido a la presencia de los MENA, aunque, de nuevo, no han aportado datos. Por otra parte, han señalado a estos menores como un colectivo con “riesgo de ser captados por el terrorismo yihadista”, sin tampoco apuntar argumentos contrastados.

Sin embargo, el consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, desmentía este jueves en el pleno del Parlamento -a preguntas de Geroa Bai- que existiese un “problema de criminalidad ni de orden penal” con estos menores. Santos apuntó que en 2018 se registraron 26.649 casos en los que participó la Fiscalía. De ellos, explicó, “nueve delitos graves” fueron cometidos presuntamente por menores no acompañados. Por ello, deducía el consejero, están implicados “en un 0,03% de los casos”. 

La parlamentaria de Navarra Suma, Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha arrancado su exposición afirmando que en su coalición “no son xenófobos, lo que quieren es que el sistema funcione”.

Desde el PSN -socio de Gobierno- Nuria Medina ha acusado al sindicato de “hacerle el caldo gordo a un partido político muy concreto”, y les ha solicitado que citen fuentes para justificar esos “datos alarmistas”. La parlamentaria ha explicado que los datos contrastados con los que cuenta el Gobierno expresan que “solo un 5% de estos menores” están relacionados con la delincuencia, y que este colectivo “tiene una tasa del 6% de conflictividad”. Unas cifras, ha señalado Medina, que son “similares a los de la población en general”. La parlamentaria ha recordado que “la realidad es que estos menores son menores y que hay que trabajar con ellos para que tengan un proyecto de vida”. Asimismo, ha puesto en valor “el proceso de integración de muchos de estos MENAs”.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, ha calificado de “irresponsable” la intervención de los representantes del sindicato, a los que ha acusado de “mezclar datos sin ningún tipo de rigor”. Asimismo, ha incidido en que “estos menores están en libertad, no son menores condenados, no residen en centros de internamiento”, por lo que han defendido que tengan libertad para desplazarse. Por otro lado, Regúlez ha explicado que las diligencias a las que hace referencia la Memoria de la Fiscalía -en la que se ha basado el sindicato para arrojar los datos de su exposición- incluyen “todos los procesos, no solo los penales”. Además, les ha acusado de estar “haciendo un flaco favor a los menores que están acogidos por el sistema de protección y sí tienen ganas de insertarse y de ser uno más”

Txomin González, de EH Bildu, también ha sido crítico con la exposición del SUP, a los que ha acusado de “crear alarmismo”. Ha reconocido que existen “aspectos mejorables en la atención a los MENA”, pero que no son un “problema de orden público”. , 

Una de las intervenciones más críticas ha sido la de Ainhoa Aznárez, de Podemos Navarra - Ahal Dugu, quien les ha acusado de “mantener un posicionamiento sensacionalista, sin una sola cifra o dato digno de estudio y con rigor”. Aznárez ha resaltado que los datos aportados por el sindicato “no son coincidentes” con los que cuenta el Gobierno. Aznárez ha subrayado que el sindicato ha ahondado “en la irresponsabilidad y el alarmismo al relacionar a estos menores con consumo de drogas e incluso con el terrorismo yihadista” sin aportar datos fiables y  contrastables. De hecho, Aznárez ha llegado a apelar a la Delegación del Gobierno en Navarra, quien “debería estudiar medidas al respecto, o al menos, comunicar a los responsables del Ministerio de Interior qué tipo de mensajes se están difundiendo, bajo el paraguas del Cuerpo Nacional de Policía”.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que no existe “ningún problema ni ninguna situación de alarma” con los MENA. De Simón ha subrayado que “los portavoces de los policías no transmiten la misma versión” que los representantes del sindicato. Por otra parte, ha apelado a la necesidad de “actuar sobre la raíz, ¿por qué algunos de estos MENA actúan así?”.