“Indignación, enfado, impotencia y rabia”. Los familiares de los condenados en el conocido como 'Caso Alsasua' han expresado así su impotencia tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que confirma las penas de entre uno y medio y nueve años y medio de prisión para los condenados por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en noviembre de 2016 en Alsasua (Navarra).
Los familiares de los condenados -organizados en Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske- han asegurado este jueves en rueda de prensa que esta sentencia “es una barbaridad y un despropósito”. En referencia a la reducción de penas de los jóvenes condenados, su portavoz, Antxon Ramírez, ha afirmado que “si han intentado maquillar la injusticia, no lo han conseguido”.
Ramírez ha apelado “a la solidaridad y a la movilización para continuar luchando frente a la injusticia”, y en esta línea, ha presentado un calendario de movilizaciones, que arrancará el próximo 26 de octubre a las 17 horas en el Palacio de Justicia de Pamplona. En dicha concentración finalizará la “marcha de la dignidad”, una marcha de bicis que saldrá esa misma mañana desde Alsasua. Antxon Ramírez ha pedido que “se abarrote Iruña para demostrar esta injusticia” y ha exigido en nombre de todos los familiares de los jóvenes que los liberen: “Pedimos la libertad de los jóvenes. Ya está bien”.
Sobre cómo se tomaron los jóvenes en prisión la resolución del Supremo, Ramírez ha explicado que al principio “estaban nerviosos, pero luego ya se relajaron y afrontan con tranquilidad la siguiente fase. Ahora hay que estudiar la sentencia y qué factores pueden beneficiarles para que puedan salir con permisos”. Ramírez ha explicado que tanto los jóvenes como los familiares están “tratando de asimilar el castigo, pero ahora tenemos que responder porque la vida sigue, y los chavales tratan de no perder el tiempo, que bastante tiempo les han hecho perder en esta época clave en su vida”.
Los familiares se han mostrado decididos y han afirmado que van a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo: “Este caso va a acabar en Estrasburgo y, si es necesario, iremos a Marte”.
Proceso judicial
Respecto al proceso judicial -que dura ya 3 años- los familiares de los condenados aseguran que, empezando por el juicio en la Audiencia Nacional, donde se les acusaba de Terrorismo -con penas de hasta 62 años de cárcel para algunos-, se ha desarrollado “un juicio lleno de irregularidades y falto de garantías”. De esa acusación de Terrorismo, se pasó a acusarles, entre otros delitos, de 'atentado a la autoridad con agravantes'. Así, se les condenó a penas de entre dos y trece años de prisión. Ahora se han eliminado algunos agravantes y se les han reducido esas penas a condenas de entre año y medio y nueve años y medios.
Antxon Ramírez ha explicado que la sentencia del Tribunal Supremo descarta el agravante de “discriminación ideológica”, lo que, a su juicio, “elimina la peligrosa amenaza a las libertades democráticas del conjunto de la sociedad que hubieran supuesto los precedentes de terrorismo y discriminación ideológica”. Sin embargo, ha añadido, “se convierte en firme una sentencia sin terrorismo, sin discriminación ideológica, pero con unas penas de cárcel absolutamente desorbitadas. No se ha hecho justicia, se ha confirmado la injusticia”.