El juicio contra los cineastas Carolina Martínez y Clemente Bernad ha quedado aplazado hasta el próximo 12 de diciembre, tiempo que se ha dado el tribunal para tratar de localizar a dos curas testigos de los que el Arzobispado parece no tener noticia. Los dos acusados, en su declaración, han proclamado un hecho evidente: “Teníamos permiso del Ayuntamiento para grabar”, asegura Carolina a eldiario.es.
“Lo hemos dicho públicamente, teníamos permiso para grabar. Pedimos autorización al Ayuntamiento de Pamplona y nos la dieron, en ningún momento nos dijeron que no pasáramos por un espacio o por otro, o que no grabáramos aquí o que no grabáramos allá”, recalca la acusada.
Los técnicos del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona han ratificado su declaración: en ningún momento dijeron a los cineastas que no pudiesen grabar una parte del edificio en concreto, o que el permiso tuviese alguna limitación.
“Nuestra versión de los hechos es lo que ocurrió ese día, no hemos contado ni más ni menos. Clemente estaba haciendo fotos y grabando vídeos, y entonces vio la rejilla y dijo: 'Desde aquí puedo grabar la misa', y ya está. No hay ningún problema”, rememora Carolina.
Tanto para su pareja como para ella “el interés informativo era claro, objetivo. Una misa mensual que se celebra en un edificio del que estás grabando un documental es interesante, fuera de toda duda. Sería de tontos no grabarlo”.
En el juicio, el acusado ha exculpado a su mujer al decir que la idea de grabar la cripta se le ocurrió en el momento y mientras ella estaba realizando otras labores. “La cámara la puso Clemente, yo en ese momento no estaba enterada, porque estaba en otras cosas, ya está”, reconoce la acusada.
Declaración de dos miembros de la Hermandad
Además de los acusados y los técnicos de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, han declarado dos miembros de la Hermandad de los Caballeros de la Cruz -uno de ellos como testigo protegido-, que han explicado cómo hallaron la cámara que apuntaba a la cripta y que ese lugar es la sede de la Hermandad y está cerrado con llave.
De ese lugar exhumó el Ayuntamiento los cuerpos de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo. El edificio, el segundo más grande del franquismo, fue donado por el Arzobispado al Ayuntamiento de Pamplona en 1997, que ahora debate qué hacer con la construcción. El Arzobispado, eso sí, reservó la cripta para cederla en usufructo a la Hermandad de los Caballeros de la Cruz.
La fiscal solicita una pena de dos años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos y una multa de 12.000 euros. La acusación particular, ejercida por el miembro de la Hermandad que presentó la denuncia, solicita dos años y seis meses de prisión, además de una multa de 18 meses a 20 euros por día y una indemnización de 1.200 euros. La defensa, que no ha hecho preguntas, reclama la absolución de los acusados.