Y, finalmente, ha habido recurso, aunque se haya hecho esperar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral que regula en Navarra los colectivos de usuarios de cannabis. La medida, en la que la Comunidad Foral ha sido pionera (también está la normativa de San Sebastián, igualmente recurrida), cobró forma a través de una iniciativa legislativa popular para la que se recogieron 10.000 firmas. De ahí que desde la Representación Cannábica de Navarra, que promovieron este texto, hayan valorado que esta decisión del Estado es un intento de “criminalizar” a los consumidores y, por ello, han reiterado que están dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional.
El Gobierno central, con esta decisión, defiende que el Ejecutivo navarro “invade” las competencias estatales sobre legislación penal, seguridad pública, bases de la Sanidad y legislación de productos farmacéuticos. También considera que el consumo a través de este tipo de clubes no es esporádico, sin trascendencia o insignificante, como puede recoger la jurisprudencia sobre el consumo compartido. Por ello, considera que esta ley genera confusión por ejemplo sobre el consumo o la distribución de sustancias estupefacientes.
De fondo, en cualquier caso, está el debate sobre el cannabis y sus posibles efectos adversos. Por ejemplo, desde la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad, ya evidenciaron sus dudas al oponerse a la norma aprobada en San Sebastián, al defender que invadía competencias estatales pero también que, según el delegado para esta materia Francisco de Asís Babín, este tipo de asociaciones (aquí un repaso a cómo funcionan) “conllevan un aumento del consumo problemático, especialmente entre adolescentes”.
“No escuchan a la sociedad”
Con todo, el Gobierno ha apurado los plazos para anunciar su decisión. Desde la RCN, que presentaron el texto que se aprobó en el Parlamento de Navarra en diciembre de 2014, ya reconocieron en su día que era probable que el Ejecutivo central presentara este recurso, pero están convencidos de que la ley encaja en el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Civil. Y, pese a todo, ya consideraron que un recurso podía plantear la oportunidad de debatir sobre el consumo de cannabis en altas instancias como el Tribunal Constitucional. Y, finalmente, así ocurrirá.
Desde RCN han anunciado, a través de un comunicado, que acudirán al Constitucional para “defender el mejor camino para la regulación”. La representación ha recordado que, hasta ahora, ha habido jueces que han avalado la actividad de los clubes de cannabis, por lo que el secretario general de la entidad, Ramón Morcillo, ha criticado que el Gobierno siga “haciendo oídos sordos a las peticiones de la sociedad”. Por ello, ha lamentado que “aplicar las normas preconstitucionales en vez de adecuar la ley a la realidad de la calle es la receta que conoce el Ejecutivo central”.