No hay dinero. El mantra de las arcas públicas vacías es la única respuesta que han dado en común los diferentes gobiernos forales desde hace más de 10 años a la necesidad de reforzar la seguridad de los túneles de Belate y Almándoz. Inaugurados por los entonces reyes Juan Carlos y Sofía en 1997, la puesta en funcionamiento de estas infraestructuras, que forman parte de la los siete túneles más largos de España, desveló pronto una serie de problemas con los que no se contaba en la flamante inauguración real.
Los túneles de la NA-121-A soportan actualmente una intensidad media de tráfico de 12.000 vehículos al día, la gran parte de ellos vehículos pesados y de transporte de mercancías. Sólo entre los años 2009 y 2014, se produjeron en ellos 360 incidentes por avería de vehículos en el interior, o en el acceso a los túneles, que causaron un corte de carril o el cierre completo de la infraestructura. Es decir, según las cuentas de un ex consejero de Fomento, en los túneles “hay un incidente cada cinco días” provocado por la avería o el accidente de algún vehículo.
A esta estadística de “fuera de servicio” habría que sumar las de los incidentes producidos por desprendimientos, deslizamientos de tierra, o incluso el hundimiento de la parte central del túnel que se produjo durante los primeros trabajos para la construcción del túnel, sucesos todos ellos que suman muchos días de estas infraestructuras cerradas al tráfico.
Tal vez una de las claves pueda entreverse en el informe que realizó la Cámara de Comptos al año de que los túneles entrasen en funcionamiento. El órgano fiscalizador ya advertía de que en 1998 “todavía se están produciendo pagos de obras, asistencia técnica de las instalaciones en túneles y reparación de desprendimientos” por un importe de 147 millones de pesetas para unas obras que habían costado más de 12.000 millones de pesetas. Es decir, a un año de la inauguración, ya se estaban produciendo desprendimientos.
El informe de Comptos recoge otra serie de advertencias: “Hay que destacar las numerosas y costosas modificaciones de obra, lo que parece evidenciar la baja calidad de los proyectos, sobre todo del túnel de Belate, sin que conste que se hayan pedido responsabilidades a sus redactores”. Comptos también destaca que las adjudicaciones de las obras se realizaron atendiendo a una baja del precio de licitación del 24,3% de media, pero que las empresas compensaron dicha baja con modificaciones posteriores que supusieron una desviación media del 33,47% sobre el presupuesto adjudicado.
Concretamente, sobre las modificaciones sufridas por el proyecto para la construcción del túnel de Belate, Comptos advierte que “tanto la Intervención como los Servicios Jurídicos del departamento de Obras Públicas se cuestionen la bondad del proyecto”, aunque no exigieron responsabilidades a los redactores. Para rematar su diagnóstico, el órgano fiscalizador pone de relieve que, para adjudicar las obras, el Gobierno las dividió “en excesivos tramos, sin que dicha división obedezca a unos razonamientos técnicos, ya que incluso complican posteriormente el desarrollo de las obras”.
Baja calidad de los proyectos técnicos, falta de supervisión, división de las obras en muchos tramos para poder adjudicar a muchas empresas, adjudicaciones a la baja y posteriores desviaciones de presupuesto… Las observaciones de Comptos no hablaban precisamente bien del proyecto.
Ninguno de los ayuntamientos que en la actualidad se ha puesto en pie de guerra para que el Ejecutivo repare las deficiencias de los túneles pone en cuestión el gran avance que estas obras supusieron para Navarra. Pero todos están de acuerdo en que se trata de una gran infraestructura mal ejecutada. “Las obras se hicieron mal, nadie ha querido reconocerlo, pero durante todos estos años se han estado haciendo parches muy caros para arreglar desperfectos, desprendimientos y carencias que la obra tenía de origen”, señala un alcalde.
El Gobierno sí reclamó daños y perjuicios a la UTE constructora que, después de un largo proceso judicial, se vio condenada en 2012 a pagar 9 millones de euros que las reparaciones de esta infraestructura le habían costado a las arcas públicas. Sin embargo, a pesar de la reposición de esos 9 millones de euros al erario foral, las deficiencias del túnel seguían ahí. Ningún titular de Fomento ha pasado por el cargo sin haber tenido que ordenar el cierre temporal de los túneles para acometer obras de reparación.
Las denuncias sobre la seguridad de los túneles se han sucedido desde su puesta en funcionamiento. Una de las más urgentes procedía del mismo cuerpo de Bomberos del Gobierno. Un exhaustivo informe elaborado por un alto cargo de los bomberos, y que circulaba de forma oficiosa por los despachos del gobierno, ponía el dedo en la llaga: la infraestructura carecía de unas mínimas condiciones de seguridad en el caso de que se produjera un accidente con incendio en su interior.
De forma soterrada, los diferentes consejeros que se sucedieron al frente de Fomento fueron destinando miles de euros del presupuesto a corregir algunas de las deficiencias que denunciaba el informe de bomberos. El incendio de un camión en el interior del túnel en 2011 precipitó estas correcciones. Uno de los bomberos que actuó en aquella incidencia relata que podía haber ocurrido una tragedia porque el sistema de ventilación, en lugar de desalojar el humo, consiguió cegar el túnel. Las imágenes que se difundieron sobre el suceso, grabadas por los propios bomberos, sirvieron de acicate a la administración para intentar paliar graves deficiencias de seguridad en el túnel, como el sistema de evacuación de humos. El túnel permaneció dos meses cerrado al tráfico.
El consejero de UPN Zarraluqui lo reconocía años después, en julio de 2014, en una comparecencia parlamentaria a la que acudió para rendir cuentas sobre la siniestralidad en el túnel. “El sistema de ventilación se ha revisado varias veces, se revisa. Precisamente el año pasado se contrató y se ha realizado un estudio de diseño e implantación de nuevos algoritmos de ventilación sanitaria contra incendios que ya están implantados. Es decir, esos comentarios que usted ha traído recogidos en un documento, que también recibimos nosotros por parte de una persona que creo que es bombera, están resueltos. Está resuelto ya desde 2013. En ese sentido, tranquilidad”.
Una tranquilidad que no sienten en absoluto los usuarios que transitan a diario por los túneles. “Es un poco lotería, cuando estás llegando siempre lo piensas… ¿me tocará el puerto?”, explica una usuaria que se desplaza a diario desde la comarca de Baztán hasta Pamplona.
Hasta hace unos años, la seguridad de los túneles de Belate ha vivido en una especie de limbo jurídico. A pesar de que la directiva europea que regula esta materia es del año 2004, los diferentes gobiernos no se han visto impelidos a aplicarla hasta que se ha ido acercando el año en que se acaba el plazo para que las infraestructuras anteriores a la directiva se adecúen a sus exigencias: 2019.
El anuncio oficial corrió a cargo del consejero Zarraluqui. En marzo de 2015, a unos meses de las elecciones forales que dieron paso a un nuevo gobierno cuatripartito en Navarra. Zarraluqui anunció entonces que el Gobierno tendrá que desdoblar los túneles de Belate y Almándoz para cumplir con la directiva europea que exige que este tipo de infraestructuras estén dotadas de túneles de evacuación. El coste estimado por Zarraluqui eran 150 millones de euros, un importante regalo envenenado que UPN dejó en el debe al gobierno de Uxue Barkos.
“La directiva europea es del año 2004, se nos han pasado 10 años en los que el departamento de Fomento se ha olvidado un poquito de este tema, y ahora vamos deprisa y corriendo”. Es la queja de uno de los alcaldes de los ayuntamientos por los que atraviesa la N-121-A, formulada el año pasado de forma conjunta por 29 primeros ediles para reclamar al gobierno foral una evaluación de seguridad de los túneles. A estos 29 pueblos iniciales se han sumado recientemente dos más que exigen al Gobierno que estudie alternativas al desdoblamiento del túnel.
El Gobierno conoce ya de forma oficial la evaluación de la seguridad de los túneles, y el diagnóstico es sobrecogedor. Según los parámetros establecidos por el Ministerio de Fomento, que divide la clasificación de la seguridad de los túneles en tres categorías, el de Belate se enmarca en la de “peligrosidad elevada”, la de máximo riesgo. “Los túneles con peligrosidad elevada requerirán la adopción de medidas complementarias para aumentar su seguridad y poder mantenerse o ponerse en servicio, según su caso. En cada caso, es la autoridad administrativa la que debe aprobar las medidas”, recoge la normativa ministerial.
La portavoz del Gobierno, Ana Ollo, ha tenido que admitir públicamente que en estos momentos no hay dinero público que pueda destinarse a revertir esta situación de alto riesgo. Desdoblar el túnel podría costar entre 150 y 200 millones, y la alternativa, construir una galería de evacuación paralela al túnel, tiene un coste estimado entre los 25 y los 30 millones“. ”Evidentemente, este Gobierno en este momento no tiene esos recursos para asumir ninguna de esas dos soluciones“, reconoce Ollo. ”Responsable es el Gobierno. Antes era UPN, ahora es Barkos. El peligro no tiene color político, así que no hay que buscar culpas. Hay que encontrar soluciones“, resume un alcalde.