Euskera en Navarra, ¿imposición o reparación?
Han sido prácticamente 20 años de gobiernos ininterrumpidos de UPN, el partido que nació para defender Navarra de los ataques nacionalistas. Casi dos décadas en las que el discurso no oficial del Gobierno (“¡que vienen los vascos!”) ha terminado por calar profundamente en buena parte de la sociedad navarra.
20 años en los que una parte de los navarros ha visto con buenos ojos cómo, para espantar el miedo a los vascos, los sucesivos gobiernos forales iban adoptando iniciativas que, siempre dentro de la ley, daban como resultado práctico un arrinconamiento público de todo lo que pudiera ser identificado como vasco. Especialmente, el euskera. El idioma propio de los navarros que, para los sucesivos gobiernos de UPN, era “la herramienta fundamental de los nacionalistas para la construcción nacional de Euskal Herria”.
La llegada de los nacionalistas al Gobierno foral ha invertido los papeles. La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, puede observarse estos días, criticando a quienes hacen un “uso partidista del euskera”, reflejada en el espejo de los 20 años de gobiernos de UPN, criticando a quienes buscaban “la construcción nacional de Euskal Herria a través del euskera”. Son las dos caras de la misma moneda. La derecha lleva años arrinconando el euskera y los nacionalistas no quieren esperar otros veinte años para invertir la situación.
Una modificación aprobada la pasada legislatura por el PSN, I-E, Geroa Bai, Bildu y Aralar en la Ley del Euskera es la que está dando pie a las sucesivas iniciativas del Gobierno de Barkos en pro del euskera. Hasta que se aprobó este cambio, la ley del euskera únicamente contemplaba para la zona no vascófona la financiación total o parcial de ikastolas concertadas, en función de la demanda. Con la modificación aprobada, la ley permite la educación en euskera en los centros públicos de la zona no vascófona mediante la creación “gradual, progresiva y suficiente” de líneas de modelo D. La ley deja además en manos del Gobierno la concreción del ratio de alumnos necesario para abrir nuevas líneas.
“Imposición del euskera”
El consejero de Educación, Eduardo Mendoza, no ha dejado pasar la primera oportunidad. Tras anunciar que el Gobierno foral abriría una nueva aula siempre que hubiera al menos ocho solicitudes para estudiar en euskera, la campaña de preinscripción en Educación Infantil para el curso 2016/2017 ha dado como resultado la creación de tres nuevas aulas para atender a 40 niños. “Por primera vez se ha podido atender el derecho de todos los navarros y navarras a poder acceder a la enseñanza obligatoria en las dos lenguas oficiales de la Comunidad foral”, proclamó Mendoza su logro.
Al otro lado del espejo, formaciones políticas como UPN y PP, o el PSN en menor medida, y sindicatos como UGT, CCOO o Afapna, prefieren ver en esta iniciativa de Mendoza un paso hacia la “imposición” del euskera en las aulas de toda la Comunidad foral. Estas mismas formaciones políticas y sindicales ya denunciaron previamente la “discriminación” a la que el mismo consejero Mendoza quería someter a los opositores de Educación que solo hablan castellano frente a los bilingües, a quienes se reservó inicialmente más del 70% de las plazas. Finalmente, debido a los recursos judiciales interpuestos por el Estado, el Gobierno de Barkos ha aprobado una oposición con muchas menos plazas en euskera de las que anunció Mendoza, pero también ha advertido que corregirá esta situación en cuanto tenga todas las garantías legales para hacerlo.
La lista de iniciativas del Ejecutivo que lidera Barkos para reparar, en palabras de Mendoza, la “conculcación histórica de derechos de los navarros” con respecto al euskera es larga. Resulta llamativa la forma de referirse a cada una de dichas iniciativas, en función de si lo hace el Gobierno y las formaciones políticas que lo apoyan, o si lo hace la oposición. Así, la segregación escolar por idiomas, es “inmersión lingüística” para unos y “atentado contra la convivencia” para los otros. Permitir que un opositor bilingüe pueda optar en la misma especialidad educativa a dos plazas, en castellano y en euskera, es “lista única” para unos y “privilegio” para los otros. Cambiar dos líneas de guardería pública de euskera a castellano, sin previo aviso a padres ni educadores, es “promover la igualdad” para unos y “un paso en la construcción nacional” para los otros.
Pero, más allá de las cuestiones semánticas, están los datos. Y el mapa sociolingüístico de Navarra de 2011 (el último que se elaboró desde el Gobierno de Navarra) señala que “según los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 en Navarra residen, en viviendas familiares, 600.213 personas de 5 o más años. De ellas, el 13,68% expresan que son bilingües, el 10,48% son bilingües pasivas y el 74,08% dicen que no hablan ni entienden euskera”.
El mapa analiza el crecimiento del euskera de 1991 a 2011 y detalla que, “transcurridos estos 20 años, la población bilingüe ha aumentado un 3,78%, el incremento de los bilingües pasivos ha sido de 5,8 puntos y el porcentaje de la población clasificada como no vascófona ha descendido en 8,52 puntos”.
Del mismo mapa sociolingüístico se concluye que sólo el 0,6% de los puestos de trabajo en la plantilla del Gobierno de Navarra requiere el conocimiento del euskera como requisito. Un porcentaje que sube al 8% si se tienen en cuenta los trabajos públicos en Educación.
Como el papel lo aguanta todo, estos mismos datos objetivos sirven para que el anterior consejero de Educación, de UPN, señalara como “reseñable que el aumento de hablantes no implica necesariamente una mayor vitalidad del euskera”. Por el contrario, el director gerente del Instituto Euskarabidea del Gobierno de Navarra, Mikel Arregi, asegura basándose en los mismos datos que el decreto foral que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas trata “de forma desigual” a las dos lenguas. Y, para “superar esta situación”, anuncia la promulgación de un nuevo decreto que ofrezca a la ciudadanía “la opción para ejercer su derecho a usar el euskera”.
