“Esperamos que Navarra pueda hacer valer sus competencias para mantener la ley contra el fracking”. El experto de Greenpeace en esta polémica, Julio Barea, ha reaccionado de esta forma al reciente anuncio del Tribunal Constitucional de que ha aceptado el recurso del Gobierno central contra la norma que impide el fracking, o sistema de fracturación hidráulica para la extracción de gas natural. Para la formación ecologista, este enfrentamiento resultará clave a la hora de poner freno a este “despropósito” en todo el país, y de ahí que el caso navarro pueda servir de punta de lanza para que otras comunidades autónomas se lancen a aprobar sus propias leyes contra el fracking.
En Navarra, el nuevo recurso del Constitucional se liga, de nuevo, a la defensa de las competencias de la Comunidad Foral. Precisamente la semana en la que, en el Parlamento de Navarra, se ha debatido largo y tendido sobre el autogobierno y todos los grupos han defendido el sistema navarro en temas como la autonomía fiscal, este jueves se conoció un nuevo punto de fricción entre el Estado y Navarra: el Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por Madrid contra la Ley Foral 30/2013 del 15 de octubre. Esta norma, en su artículo 1ª) prohíbe de forma absoluta la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el supuesto de que haya que utilizarse el fracking en la Comunidad Foral.
El Estado anunció que recurriría la norma y el Consejo de Estado consideró, a raíz de la prohibición del fracking en Cantabria, que las comunidades autónomas no podían realizar este tipo de normas. Pero, más allá del tema competencial que tanto juego está dando en Navarra, está el medioambiental. Y ahí es donde, curiosamente, Greenpeace tiene puesta la mirada. La propia formación considera que la autonomía navarra puede suponer una oportunidad para defender la norma contra el fracking, algo que no se ha podido hacer valer en otras comunidades donde se aprobaron las mismas leyes prohibiendo el fracking pero que ya han caído, como es el caso de Cantabria o La Rioja. Las siguientes en la lista son Navarra y Cataluña.
Pero, ¿puede la Comunidad Foral superar el escollo del Constitucional? Parece difícil, pero Barea confía en que “ojalá haga valer sus fueros”. Porque lo contrario supondría que se abre la puerta, de par en par, al fracking. Para este experto de Greenpeace, doctor en Geología, los inconvenientes del fracking están claros: “Hay una afección directa al paisaje, unas emisiones de metano brutales, hacen inyecciones para disolver la roca con productos cancerígenos…”.
“Beneficio rápido, desgracia asegurada”
Por todo ello, cree que España debería seguir el ejemplo de otros países europeos como Francia o Bulgaria que han prohibido esta práctica, pero aquí no ha sido así. “En Estados Unidos llevan trabajando una década y se les están agotando las posibilidades, así que pensaron en Europa y aquí, en España, todo son facilidades. Al final vienen unas empresas que, durante tres o cuatro años explotan el gas y, luego, dejan unos residuos que quedan para siempre. Beneficio rápido y desgracia asegurada”, explica Barea.
Al debate iniciado en Navarra se suma el de Euskadi, donde precisamente ahora está prevista la presentación de miles de firmas para pedir al Parlamento que establezca una norma contra el fracking. En esta zona, compuesta por Cantabria, Álava, Burgos o Navarra, están centrados los objetivos de las empresas del fracking porque es donde más posibilidades habría de encontrar gas; de ahí la “expectación” de la industria y de los colectivos contrarios a estas prácticas. “Esperamos que no les resulte tan fácil”, desea Barea.