“Si yo hago una inversión, según unas bases publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), creo que el garante de que se cumplan es el Gobierno. Si las cambian, creo que lo normal es esperar dos cosas: o recurrimos porque has cambiado las reglas del juego o plantean unas compensaciones por los daños y perjuicios para esos inversores”. El delegado en Navarra de la asociación de productores e inversores de energías renovables (Anpier), Juan Antonio Cabrero, asegura que en el caso de los huertos solares no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro; de ahí que estos pequeños inversores se sientan “engañados, estafados y humillados”.
Pero, ¿cuáles son las claves de esta polémica? ¿Qué animó a los navarros a participar en este proyecto, convirtiendo a la Comunidad Foral en una de las autonomías más afectadas? ¿Qué soluciones hay y cómo les afectarán las polémicas en torno a la Ley foral de Energía? Cabrero explica estas y otras cuestiones en torno a un conflicto que, en su opinión, se resume con el abandono en España de las energías renovables, y la cesión a las presiones del lobby energético por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
¿Cómo surgen estos pequeños huertos solares?
En el caso de Cabrero, conocido por ser ex dirigente de UGT en Navarra y que en Tafalla trabajaba en una empresa de producción de paneles fotovoltaicos, esta historia arrancó en 2004, cuando el BOE publicó una normativa para intentar aumentar la producción de energías renovables y reducir las emisiones de efecto invernadero. Era el llamado objetivo 20-20-20. Así, hasta 2008, arrancó y se normalizó un proceso que permitía a los ciudadanos invertir en un huerto solar como si fuera un plan de pensiones. Porque, primero, había que cumplir unos requisitos de los Gobiernos central y foral; después, conseguir unos préstamos a diez o doce años con las entidades bancarias (unos 51.000 euros si la potencia era de 5kW, y 100.000 si eran 10), cuyas cuotas en principio podrían pagarse con la producción energética en estos campos, realizados por promotoras; y, por último, una vez superados esos abonos, contar con esos beneficios que iban a convertirse en una especie de complemento para la pensión.
¿Cuándo empezaron los cambios?
La propuesta tuvo éxito en la Ribera navarra, donde en la actualidad se cuentan unos 8.665 productores de este tipo. En toda España, son unos 62.000. Sin embargo, el asunto dio un vuelco en la Nochebuena de 2010 cuando, con el PSOE en el gobierno, el Boletín Oficial publicó el primer recorte en la previsiones. Se anunció que las liquidaciones se pagarían únicamente al 70%, y de forma momentánea. En concreto, entre los años 2011, 2012 y 2013. A los productores no les quedó otra solución que poner parte de su dinero para hacer frente a los pagos al banco. Fue el inicio de unas modificaciones recurrentes, porque ha habido “diez cambios en cuatro años”, según denunció el pasado 18 de agosto a través de un comunicado el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.
¿Cómo se abonan ahora las liquidaciones?
Lo que era un paréntesis de tres años al final se convirtió en la puerta a un cambio más ambicioso. Así, el 13 de julio de 2013, con el PP ya en La Moncloa, el Gobierno decidió derogar la legislación anterior en materia de energías renovables. Una tabla rasa desde la que plantear las nuevas medidas, que finalmente no se anunciaron hasta el pasado 16 de junio de 2014. Entonces, plantearon una ley con carácter retroactivo y unos contenidos “que necesitan siete u ocho másters para ser entendidos”, apunta Cabrero. Ahí, los pagos a los productores, que los fija la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (un órgano del Gobierno) y los abona a comercializadoras, se quedaron esta vez en el 30 o el 50% del montante fijado inicialmente. Pero, además, tras la llegada del primer abono este mes, productores como Cabrero han denunciado que solo se están cobrando esos pagos, ya de por sí reducidos, al 60 o al 70%.
Un lío, por tanto, de recortes, de condiciones, de demoras en los abonos, que ya ha conseguido que algunos productores arrojen la toalla. Otros están intentando refinanciarse, o volver a poner dinero de sus ahorros. Desde la asociación, sin embargo, Cabrero insiste en que “la resistencia será nuestra victoria”. El asunto ya está en los tribunales y puede llegar a instancias internacionales. Este representante de Anpier, que cuenta con unos 4.500 socios, asegura que esta situación demuestra que “no hay seguridad jurídica” y, también, que no se apuesta por un sector, el de las renovables, que podría generar miles de puestos de trabajo.
¿Cómo afecta esta polémica a las renovables?
“Esto nos pasará factura en el futuro. En Alemania pueden tener ahora unos 40.000MW y siguen creciendo. En España, hay 4.500MW pero la situación está parada y no dejan poner más”, lamenta Cabrero. ¿Y qué gana el Gobierno con esta actitud? Para este productor, prescindir de los pequeños inversores para contentar a las grandes compañías eléctricas. “Supongo que tendrán un puesto asegurado en estas empresas cuando salgan”, denuncia con indignación. De ahí que uno de los puntos claves leídos el pasado 21 de junio en un manifiesto de Anpier en Madrid fuera que “la política energética de este país pase a ser una verdadera política de Estado y no la imposición caprichosa de unas pocas personas”.
¿Qué supone en este caso la Ley foral de la Energía?
A estas continuas rebajas y cambios normativos se ha sumado, además, el enfrentamiento entre el Gobierno central y el navarro a raíz de la Ley Foral de la Energía, que en principio exime a los pequeños productores de abonar un impuesto del Estado del 7%. En este sentido, y dado que todo el Parlamento navarro, por unanimidad, aprobó esta ley ahora recurrida por el Tribunal Constitucional, Cabrero se muestra tranquilo. “Esperamos que haya coherencia y sentido común”, desea. Según este portavoz, el PSOE ya ha reconocido que su actuación en esta materia fue “un error”. Sin embargo, ese paso fue clave para llegar a este punto sin retorno por el que la energía fotovoltaica pasa, en España, los lunes al sol.