Actuar contra la pobreza energética es uno de los objetivos “prioritarios” del Departamento foral de Políticas Sociales. Así se lo han reclamado desde colectivos como las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), que instaban al Gobierno Foral a preparar estas medidas antes de octubre, para que estuvieran listas antes del próximo invierno. El objetivo, según explican fuentes del departamento, es que estas medidas, incluidas dentro de las ayudas extraordinarias para personas con necesidades sociales, estén listas durante el próximo mes, pero el paso clave es si podrán entrar ya en vigor este 2015 o, en cambio, habrá que esperar a la aprobación del próximo presupuesto foral y, por tanto, hacerlo en 2016. Ello depende de la disposición presupuestaria del área.
Por ejemplo, Podemos, que apoyó el acuerdo programático del nuevo gobierno pero no negoció su composición, insistió en la necesidad de que la vicepresidencia de Políticas Sociales estuviera íntimamente ligada con la económica, para así garantizar su disposición de fondos. E Izquierda-Ezkerra, el partido que propuso el nombre de Miguel Laparra para ocupar la vicepresidencia al frente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, siempre ha insistido en que responder a las necesidades sociales ha sido la piedra angular en torno a la que gira ese acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y la propia I-E. Desarrollar estas medidas contra la pobreza energética será la primera prueba de fuego para conocer cómo el Ejecutivo se vuelca económicamente con esta materia.
El propio Laparra ya afirmó, tras anunciarse que sería el vicepresidente, que esperaba que las primeras medidas que adoptase fueran para combatir la pobreza severa y la exclusión social y, hace una semana, aseguró que su objetivo era, además de tramitar una modificación de la Renta de Inclusión Social (así está recogido en el acuerdo programático, para eliminar los límites de tiempo en la prestación, entre otras modificaciones), incrementar “de forma significativa” las ayudas extraordinarias y complementarias, para las que se cuenta ahora con un presupuesto de 1,8 millones.
Dado el coste extra de la última modificación de la RIS, tramitada al final de la legislatura (entre 5 y 11 millones más sobre lo inicialmente previsto, de 51 millones), ahora ampliar estas medidas extraordinarias exige un esfuerzo por parte de las arcas forales, y el objetivo del departamento es que sirvan para combatir la pobreza energética, prevenir casos de desahucios, casos de impagos de vivienda o que puedan beneficiar a familias con menores a cargo.
El equipo de gobierno de Yolanda Barcina adelantó, a finales de 2014, en palabras del entonces consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, que un total de 1.300 familias habían recibido ayudas para combatir la pobreza energética. Entonces, combatir la pobreza energética era una de las medidas incluidas entre las 152 acciones planteadas por el departamento para combatir la exclusión social, y Alli anunció negociaciones con empresas de suministro para evitar que hubiera cortes durante el suministro y que se contara con un protocolo previo al corte. Los resultados no llegaron a detallarse. En Catalunya, por ejemplo, sí salieron adelante, según se recoge en este artículo de El País.
Desde la PAH ya han solicitado una reunión con el vicepresidente para conocer, de primera mano, cuáles son sus apuestas, y si están dirigidas a evitar los cortes en el suministro, que se habilite una partida para no llegar a esta situación o que no se puedan producir desahucios durante el invierno si no hay alternativas de vivienda. En cualquiera de los casos, desde la plataforma consideran que son medidas “básicas” que “no se pueden hacer esperar”.