Navarra y el Estado sellan por fin los cambios del Convenio Económico sin coste para las arcas forales
Por fin, acuerdo cerrado. La Comisión Negociadora del Convenio Económico entre Navarra y el Estado ha configurado este martes el texto que actualizará este convenio y que, en principio, está llamado a garantizar la potestad tributaria de la Comunidad Foral. La conflictividad entre ambos organismos ha motivado esta revisión que, sin embargo, llega rodeada de suspicacia por parte de los grupos de la oposición en Navarra, que han acusado a ambos ejecutivos de haber escenificado sus diferencias únicamente para, a la postre, destacar este pacto. Sea como fuere, ahora el texto planteado en Madrid tendrá que ser ratificado tanto en el Parlamento foral, donde la mayoría de los grupos ya ha adelantado entre dudas que lo apoyarán, como en las Cortes Generales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, se han reunido de nuevo en Madrid, esta vez sin las críticas que acompañaron a una de estas últimas citas, en septiembre de 2014, cuando Barcina recriminó a Montoro que el Estado hubiera planteado, de forma unilateral, un nuevo recurso a cuenta del IVA de Volkswagen. Barcina habló entonces de una reunión “complicada y tensa”, mientras que Montoro quiso quitar hierro a la situación asegurando que ese recurso obedecía únicamente a una actuación de la Agencia Tributaria, que ponía en cuestión el sistema del IVA de Volkswagen entre los años 2007 y 2011. La polémica podía suponer la reclamación por parte del Estado de 1.500 millones a Navarra.
De ahí que, desde la oposición en el Parlamento foral, se hablara de una amenaza de “bancarrota” para las arcas navarras y, por parte de algunos grupos, como un ataque a la autonomía fiscal de Navarra por parte de Madrid. Ambas instituciones retomaron las conversaciones para buscar un acuerdo y, finalmente, ya en octubre de 2014 escenificaron un acuerdo que se cerró el 21 de enero de 2015. Y sin coste para las arcas navarras, lo que suponía que el Gobierno central daba marcha atrás en esa reclamación de los 1.500 millones que, hasta entonces, figuraba siempre como una posibilidad con la que acudir a los Tribunales.
Ahora, llegaba el momento de refrendar ese acuerdo. Tras la comisión, la vicepresidenta y consejera navarra de Economía, Lourdes Goicoechea, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han expresado su satisfacción por el acuerdo. Goicoechea ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que no considera que Navarra haya ganado un pulso al Ejecutivo central con esta actualización, sino que ambas partes han cedido para llegar a un pacto.
Otros puntos del acuerdo
En virtud de lo acordado, se modificarán los artículos 2 y 6 del Convenio para que la potestad tributaria de Navarra quede salvaguardada. También se armonizan todos los impuestos regulados durante los ejercicios 2013 y 2014 que estaban pendientes de convenir (loterías, juego online, gases fluorados, generación de energía eléctrica, depósitos bancarios), de manera que queda la exacción a quien corresponde.
Asimismo, se ha introducido una mejora técnica en el Convenio con un acuerdo para que cuando un contribuyente haya pagado determinados impuestos a una Administración y la otra Administración los reclame, la situación se corrija sin perjudicar al contribuyente y, al mismo tiempo, las administraciones no se puedan reclamar entre ellas deuda alguna.
El secretario de Estado, por su parte, ha subrayado que el Convenio Económico que rige las relaciones entre el Estado y Navarra “no es un privilegio”, sino que se trata de “un método de relación diferente que tiene amparo en la Constitución”. También ha apuntado que Navarra va a disponer ahora de más recursos tributarios y que, en la distribución de competencias acordada, la potestad reconocida a Navarra no es “ni un ápice menor” que la reconocida al País Vasco.
En cuanto a los próximos pasos, ha expresado su deseo de que el Parlamento navarro instrumente el acuerdo “prontamente”, augurando que esto ocurrirá antes de que finalice el mes de marzo. Posteriormente, la norma se someterá a la ratificación del Congreso y el Senado.
