A'caso osasuna'l Club Atlético Osasuna le va quedando muy claro que el Gobierno de Uxue Barkos pretende el reintegro a las arcas forales de todo el dinero que, presuntamente, evadieron al fisco sus exdirectivos. Hacienda se ha sumado al criterio del Fiscal y pide la imputación de Osasuna por sendos delitos fiscales correspondientes a las cuantías que sus ex dirigentes dejaron de abonar entre 2011 y 2014 por IVA e IRPF. Es un paso más en su voluntad de que Osasuna devuelva los 5,7 millones que, según la auditoría que se realizó sobre las cuentas del club, la entidad deportiva dejó de pagar durante el mandato de sus dos últimas ex directivas.
Aunque la auditoría cifra el dinero evadido al fisco en 5,7 millones, las multas que el Código Penal contempla para este tipo de delitos podrían llegar a multiplicar por cuatro esta cantidad. Si se condena a Osasuna por delito fiscal, el club podría verse obligado a devolver más de 22 millones de euros al erario público.
La presidenta Barkos ha reforzado la postura que mantiene Hacienda para intentar recuperar el dinero:“El Gobierno no tiene más que decir que lo que la Hacienda foral dice, que no es otra cosa, con el cambio de legislación que se produce en 2012, que las entidades son también responsables penalmente en casos como este, y ésa ha sido la actuación de la Hacienda foral”.
La juez del juzgado de instrucción número tres, Mari Paz Benito, ha tomado hoy declaración en sede judicial al ex gerente del club, Ángel Vizcay, y al ex presidente Patxi Izco. También está citado a declarar mañana el ex dirigente Miguel Archanco. Los tres deben responder ante la juez sobre los citados impagos de los impuestos de IVA e IRPF durante sus años de mandato. Según Hacienda, “cometieron las conductas defraudatorias actuando como tales directivos en nombre y por cuenta de Osasuna”.
El Gobierno presentó una querella contra Osasuna y los diez ex directivos que considera responsables de estos delitos después de que una auditoría revelase la deuda de 5,7 millones. Esta auditoría se llevó a cabo por mandato legal de la norma aprobada en la legislatura pasada para “reestructurar” la deuda de Osasuna. El Gobierno de Barkos siempre ha mostrado su voluntad de respetar dicha ley, pero entiende que la citada norma no exime al club de pagar las deudas que permanecían ocultas.
La actual directiva del club rojillo no lo entiende así. En opinión, la ley de reestructuración de la deuda fue “de punto final” y contemplaba con ello el saldo de “la totalidad de la deuda tributaria hasta el 31 de diciembre de 2014”, que ascendía a 53 millones. El presidente Luis Sabalza dijo en marzo ante la asamblea del club que su intención “es pagar, pero no fijo un plazo con el Gobierno porque estamos en mantillas”. Expresó además su malestar por la querella del Gobierno para reclamar el reintegro de los 5,7 millones, “pero todo se puede arreglar”, añadió.