Además de conseguir sacar a la calle a casi la mitad de la plantilla de la Policía Foral para pedir su retirada, el anteproyecto de ley de Policía que elabora la consejera de Interior, María José Beaumont, ha puesto en una difícil encrucijada al Gobierno de Barkos. Dos de sus socios, Podemos e Izquierda Unida, han anunciado que no apoyarán el anteproyecto si el texto no logra una adhesión sindical mayoritaria. También el PSN se ha pronunciado en contra de un anteproyecto que ha batido récords de opositores: “Ni siquiera UPN consiguió tener en contra a todos los sindicatos de Policía foral y a sindicatos de policías locales”, ha destacado la socialista Inma Jurío. Con el único apoyo de Geroa Bai y Bildu, el texto podría ser la primera derrota parlamentaria que causa la división en el cuatripartito.
Antes de que la sangre llegue al río, la presidenta Uxue Barkos ha propuesto “una mesa de trabajo y negociación a las partes implicadas”. En su opinión, la aplicación de la ley aprobada en esta legislatura supone, de facto, un repliegue de Policía Foral“. Por esa razón, añade Barkos, ”tenemos que buscar la forma para utilizar de la manera más operativa y más eficaz posible los medios policiales con los que cuenta Navarra, para que no se produzca ese repliegue“. De manera que propone, tanto a los sindicatos con representación en la Mesa general como a los grupos parlamentarios, una ”negociación“ en torno al anteproyecto de ley para que el texto pueda llegar a pleno con unas mínimas garantías de ser aprobado.
Barkos ha rebajado así en varios grados el tono empleado para referirse a este tema por parte de la portavoz de su Gobierno, María Solana, quien se refirió directamente a Podemos e Izquierda Unida para reprocharles su postura discrepante con el resto de los socios del Gobierno: “Tendrán que valorar cuáles son las consecuencias de todo orden que se abren en caso de que no prospere el anteproyecto que está encima de la mesa”, advirtió.
El anteproyecto que prepara Beaumont ha reunido en su contra a todos los sindicatos de la comisión de personal del cuerpo policial autonómico. Los cinco (APF, CSI-F, ELA, CCOO Y UGT) han convocado esta semana una concentración de protesta a las puertas del Palacio foral a la que acudieron, además de cerca de 500 policías forales, representantes de los sindicatos de policías locales y parlamentarios de Podemos, Izquierda Unida y PSN. Durante la concentración se exigió la dimisión de la consejera Beaumont, así como la retirada inmediata del anteproyecto como condición previa para sentarse a negociar cambios en la ley vigente. Una de las principales razones que ha causado el rechazo sindical hacia el anteproyecto de ley de Beaumont es que supone incrementar hasta las 1.592 horas al año la jornada laboral de la Policía foral. El aumento de horas se lograría gracias a la eliminación del sistema de compensación de horas actualmente vigente, que tiene en cuenta el trabajo a turnos o las pruebas físicas que deben superar los agentes.