El verano que cayó la laureada
Tras los incombustibles Sanfermines, los pueblos de Navarra van celebrando sus fiestas locales en una sucesión de chupinazos, festivales, vaquillas y juerga que se alarga hasta bien entrado septiembre. Los ayuntamientos se afanan en organizar los actos festivos de acuerdo con los presupuestos y la agenda municipal queda totalmente condicionada al calendario de fiestas. Pero hay una tarea para la que muchos consistorios navarros no hacen paréntesis, a juzgar por las comunicaciones que están remitiendo al Gobierno foral: la elaboración de un censo de los símbolos, menciones y leyendas franquistas que aún perviven en los municipios navarros y que, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y de la ley de Símbolos, el Ejecutivo foral se ha comprometido a retirar de las calles de Navarra.
Gracias a la colaboración de los ayuntamientos, el censo va tomando cuerpo. La Dirección General de Paz y Convivencia, que centraliza la recepción de las comunicaciones municipales, calcula que el grueso de los símbolos franquistas podrá estar debidamente documentado para principios de otoño. No se trata de un censo cerrado, ya que quedará abierto a nuevas aportaciones que puedan haberse pasado por alto durante este verano.
Pero, una vez considere el Gobierno que el censo tiene entidad suficiente, comenzará el proceso para la retirada de los símbolos franquistas en los municipios navarros. Y, para que los ayuntamientos cuenten con el suficiente respaldo legal, el Gobierno está elaborando durante estas semanas un protocolo con las normas que deberán seguir los consistorios para la modificación del patrimonio público. El Ejecutivo busca que la eliminación de los símbolos, menciones y leyendas del franquismo despierte la menor polémica posible.
Porque, aunque se trata de un acto obligado para las administraciones por ley, los cambios de las denominaciones franquistas no han sido nunca pacíficos en la Comunidad foral. Dos décadas de gobiernos ininterrumpidos de UPN se han traducido en una ausencia total de cambios, una dinámica a la que el actual Gobierno pretende dar un giro de 180 grados.
Inacción de UPN
Los regionalistas nunca se han manifestado abiertamente en contra de la retirada de símbolos franquistas. Pero tampoco se han tomado ninguna molestia para sustituirlos. Los argumentos para explicar esta inacción han sido variopintos: desde señalar que el cambio de nombres de calles no era una prioridad mientras la crisis golpeaba a los navarros, pasando por refugiarse en las normas de protección del patrimonio público con algún grado de protección, hasta las argucias legales. Como la que sirvió a la entonces alcaldesa Yolanda Barcina para mantener el nombre de la Plaza Conde de Rodezno porque, según dijo, no estaba dedicado al ministro de Franco, sino al título nobiliario que se creó en los inicios de la democracia.
La ley de Memoria Histórica que regula la retirada de los símbolos franquistas del espacio público en Navarra fue impulsada por IU y aprobada en 2013 con el voto a favor de todos los grupos, excepto UPN, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra. Los regionalistas han sido muy criticados desde entonces por sus nulas iniciativas para cumplir la ley. Los sucesivos portavoces de UPN, en cambio, han mantenido siempre que la ley se estaba cumpliendo.
Los argumentos de UPN con respecto a la presencia de símbolos franquistas, menciones o títulos concedidos durante el franquismo han ido evolucionando con los años. En 2005, el presidente de UPN y de la Comunidad, Miguel Sanz, rechazó que sus parlamentarios participaran en una moción presentada por Aralar para que el Gobierno revocara el título de hijo adoptivo de Navarra concedido a Franco. “Somos absolutamente contrarios a las políticas revisionistas” que conlleven la retirada de los símbolos franquistas, dijo abiertamente entonces el presidente navarro. “A nosotros no nos van a despistar con iniciativas que, creo, no tienen otro afán que el revanchismo y el revisionismo sobre algo que ha existido, nos guste o no”, añadió. Por su parte, Pedro Eza, portavoz de UPN, reiteró el compromiso de los regionalistas “con la Constitución, porque no tenemos ninguna atadura con el pasado.
Diez años después, en 2015, y ante una declaración institucional que consideraba “urgente dejar sin efecto todos aquellos reconocimientos públicos y administrativos que ensalcen a personas vinculadas al franquismo”, sólo el PP votó en contra (“No nos gusta entrar en esta controversia, en esas historias, hablando del pasado”, justificó Ana Beltrán). UPN respaldó con su voto la iniciativa y explicó que la ley de Memoria Histórica está para cumplirla. Pero, añadió su portavoz, Carlos García Adanero, “Bildu tampoco es el más indicado para este tipo de cosas, ya que mantiene como hijos adoptivos a asesinos. Así que, lecciones en torno a estos temas… mejor que se calle”.
Lo que recoge exactamente la ley en torno a los símbolos franquistas es que “el Gobierno de Navarra, en ejercicio de sus competencias, tomará las medidas oportunas para retirar, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
Este pasado mes de junio, el Gobierno que preside Uxue Barkos adoptó el acuerdo de retirar uno de los símbolos franquistas más prevalentes en los edificios de las instituciones navarras: la laureada de escudo de Navarra en el Palacio foral, sede del Ejecutivo. La pieza es una escultura de Fructuoso Orduna instalada en la fachada del Palacio de Navarra y representa un escudo de Navarra con la cruz laureada de San Fernando, concedida por Franco a Navarra en 1937.
Laureada en el Palacio foral
Y se abre de nuevo el debate. ¿Es la laureada una exaltación de la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista? Claramente sí, en opinión del actual Ejecutivo, que señala a través de su portavoz que “la laureada representa una exaltación de la guerra, de la muerte, del dolor y sufrimiento provocados por las armas en una guerra civil, del sacrificio de vidas humanas en la defensa de unas ideas. En definitiva, la exaltación de la violencia como instrumento político, algo inaceptable en una sociedad democrática y algo que el Gobierno de Navarra está obligado a corregir.
No lo interpretan exactamente igual históricos representantes de UPN en las instituciones, como el ex consejero y ex senador José Ignacio Palacios, que hoy milita en las filas del PP y que, en su artículo “Navarra, su escudo y la Laureada”, entiende que con la laureada “se premian los actos de valor muy distinguidos o heróicos de unidades militares, de ciudades o ayuntamientos, o de provincias, como la de Navarra” y defiende que “en plena Guerra Civil, y en el mismo momento en el que concluyó la Campaña del Norte, por decreto Nº 411 del Gobierno del Estado, se premió el heroísmo de los navarros con la concesión a nuestro viejo Reyno de la más alta distinción militar.
Interpretaciones al margen, lo cierto es que la retirada de la laureada de la fachada del Palacio foral no es una misión fácil, puesto que el Gobierno ha tenido que requerir a la institución Príncipe de Viana un informe sobre la afección que esta retirada tendría sobre un patrimonio público protegido. Si durante los trabajos para retirar la laureada se entiende que la escultura podría sufrir por ello algún desperfecto, el Gobierno deberá optar por ocultar la cruz siguiendo las indicaciones de Príncipe de Viana.