La conocida como ley de las otras víctimas sigue avanzando para, previsiblemente, ser aprobada este jueves en el último Pleno de la legislatura. Y, por el momento, solo UPN y PPN han votado en contra de su contenido principal; el PSN, cuya posición era clave para permitir avanzar la proposición de ley, ha acordado votado enmiendas clave junto a Izquierda-Ezkerra y los no adscritos (Geroa Bai). Así, la comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes el dictamen en relación con la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos desde el 1 de enero de 1951, momento en el que se entiende que reaparecen las movilizaciones obreras y populares.
La proposición de ley, impulsada por Izquierda-Ezkerra, tiene por objeto “promover el reconocimiento y reparación integral de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, en aras a su equiparación con lo que, a nivel de compensaciones, justicia y memoria, se establece en la Ley Foral 9/2010 de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo”.
A tal fin, para “restaurar con arreglo a la legislación vigente el daño derivado de los fallecimientos o lesiones graves y permanentes acaecidos en dicho contexto de violencia de motivación política”, la norma se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los conceptos de tortura y malos tratos recogidos en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia para, “sin más exigencia que la de ostentar la condición política de navarro o navarra, asegurar el resarcimiento de las vulneraciones sufridos dentro o fuera de la Comunidad Foral”.
En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas de acreditada competencia en ámbitos como el Derecho, la Criminología, la Sociología, la Psicología o los Derechos Humanos, será la encargada de incoar una investigación previa y rigurosa de los hechos que se le encomienden a partir de su constitución, prevista para antes del 31 de diciembre de 2015. Los miembros de la Comisión serán elegidos por el pleno del Parlamento para un período de cinco años, siendo uno de ellos designado presidente, también por mayoría de dos tercios.
Cada expediente que, sobre la base de instrumentos internacionales homologados como el Protocolo de Estambul, inicie dicho órgano de asesoramiento administrativo concluirá en el plazo de un año con una propuesta de resolución “vinculante”. La declaración como víctima implicará el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, psicológicos o materiales”.
Todas las personas y entidades públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de esta Comisión, cuyos resultados se recogerán anualmente en una memoria que será presentada ante el Parlamento, publicada y difundida entre la ciudadanía, estarán obligadas a colaborar en la forma que se determine.
Dos informes
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Reconocimiento y Reparación concluirá su mandado con la elaboración de sendos informes, uno sobre sus actuaciones relativas al período entre 1951 y el 28 de diciembre de 1978 y otro desde esa fecha hasta la actualidad.
Según se precisa en la enmienda in voce suscrita por PSN, I-E y los no adscritos, dichos documentos contendrán, como mínimo, una cuantificación solvente y veraz del número de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de los derechos humanos acaecidos en Navarra o sufridos personas domiciliadas en la Comunidad foral, una verificación de las denuncias y una memoria de conclusiones y recomendación. Sólo UPN y PPN se han opuesto a estos trabajos, que serán elevados al Parlamento para su debate y votación, como ha ocurrido en la mayoría de los siguientes puntos.
Igualmente, de nuevo a iniciativa de PSN, I-E y no adscritos, se ha agregado una disposición adicional que encomienda al Gobierno de Navarra la financiación de la Comisión a través de una partida específica en los Presupuestos Generales de Navarra y la cesión de un espacio físico con los medios materiales suficientes para desempeñar las labores de documentación, investigación, coordinación y demás.
Del mismo modo, se contemplan acciones en los ámbitos educativo (ciclos, cursos, seminarios o congresos) e institucional, en este caso a modo de “disculpa pública y reconocimiento” de los hechos. A tal objeto, el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento, organizará un acto de homenaje a las víctimas en el plazo de un año desde la finalización del primer mandato de cinco estipulado para la Comisión.
La proposición de ley se ha quedado sin exposición de motivos, al ser rechazada su incorporación al dictamen con los votos en contra de Bildu, Aralar-NaBai y PPN, la abstención de UPN y los votos a favor de PSN e I-E. La ausencia de dicho preámbulo no supone ningún impedimento, según consta en el artículo 135 del Reglamento de la Cámara.
Finalmente, a propuesta de Bildu y Aralar-NaBai, que lo entendían descontextualizado, sin nexo con el objeto de la ley, se ha aprobado una enmienda in voce tendente a suprimir del texto la obligatoriedad de instalar en el plazo de seis meses cámaras de videovigilancia y grabación de audio en todas las zonas de custodia de las comisarías de la Policía Foral y de las Policías Locales.
El Gobierno de Navarra queda liberado también de tener que establecer, en idéntico plazo, un protocolo para la asistencia médica a personas detenidas. Ambas disposiciones han decaído con la oposición de UPN y PPN.
En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han discutido 78 enmiendas, de las que se han aprobado 9. Tras la aprobación del dictamen en Comisión, la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos será elevada al pleno de este jueves, día 26, para su definitivo debate y votación.