UPN presiona para vetar por ley que terroristas den clases y el Parlamento analiza su viabilidad

UPN ha presentado en el Parlamento de Navarra dos iniciativas legislativas para vetar por ley que personas condenadas por terrorismo puedan dar clases a menores de edad. Lo ha hecho tras conocerse hace unos días que un expreso de ETA que no fue inhabilitado por la Justicia para la docencia es profesor en un instituto de Tudela. La tramitación de las dos iniciativas en la Cámara foral ha sido suspendida a la espera de que los servicios jurídicos del Parlamento y el Consejo de Navarra elaboren sendos informes jurídicos para saber si es legal o choca con el derecho a la reinserción recogido en la Constitución.

El partido regionalista ha presentado estas dos iniciativas después de que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, señalara que no se puede inhabilitar a este expreso de ETA porque ya cumplió su condena de cárcel y no pesa sobre él ninguna sentencia que le impida ejercer la docencia. “Aunque me desagrade, aunque me inquiete, aunque me preocupe, aunque no sea de mi agrado, tengo que cumplir la ley”, reconocía hace unos días Carlos Gimeno.

Con sus iniciativas legislativas UPN propone, por un lado, la modificación del decreto foral del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para exigir, a aquellos trabajadores con contacto habitual con personas menores de edad, que no tengan condena por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista. “Estamos a favor de la reinserción de los terroristas, y que trabajen, pero que lo hagan formando a chavales porque no creemos que sean un modelo a seguir”, ha señalado el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, quien ha afeado al PSN por “hacer el trabajo a EH Bildu defendiendo los derechos de los terroristas”.

En segundo lugar, UPN pide modificar la ley foral de subvenciones para incluir la prohibición de ser beneficiario de ayudas a condenados por estos delitos o a entidades que les contraten o subcontraten para proyectos o actividades dirigidas que conlleven un trato repetido, directo y regular con menores de edad.

Los socios del Gobierno cuestionan su legalidad

Los socios del Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han pedido a los servicios jurídicos del Parlamento y al Consejo de Navarra que elabore informes jurídicos sobre la legalidad de las iniciativas presentadas por UPN al considerar que pueden ir en contra del derecho a la reinsercción.

“Se establece una sanción que implica la restricción de derechos por conductas por la que ya han sido condenados y han cumplido una sanción penal. Esto podría vulnerar el artículo 25.1 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamenta a la reinserción social”, ha apuntado el portavoz socialista, Raón Alzórriz. “Nos produce rechazo social y asco que haya exetarras que puedan estar dando clases a niños y niñas, pero creemos que la ley está por encima de todo”, ha añadido.

“Pueden colisionar con derechos fundamentales que se recogen en la Constitución, y con legislación básica de la ley estatal de subvenciones”, ha indicado la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal. Desde Geroa Bai, por su parte, Pablo Azcona, ha defendido que “la reinserción es una de las patas fundamentales del sistema penitenciario”.