“Tú eres un asesino, tú eres un etarra”. Son las palabras que le espetó María del Pilar Rubio a Ángel Berrueta el 13 de marzo de 2004. Habían pasado tan solo dos días desde los atentados del 11M en Madrid y María del Pilar Rubio exigió a Berrueta que colocase en el escaparate de su panadería un cartel en el que se atribuía la autoría de los atentados a ETA, como sostenían José María Aznar y el Gobierno del PP, a lo que el panadero se negó. Pocos minutos después, el marido de Rubio, el policía nacional Valeriano de la Peña y su hijo Miguel, de 19 años, le asesinaron de una puñalada y cuatro disparos. La Audiencia Provincial de Navarra sentenció que se trataba de un asesinato de “motivación ideológica”. Al día siguiente en Hernani Kontxi Sanchiz, una mujer de 58 años, murió de un ataque al corazón tras una carga policial durante una manifestación convocada en señal de protesta por el crimen de Berrueta. Veinte años después, el Gobierno de Navarra estudia otorgar a Ángel Berrueta y a su familia la condición de víctimas de la violencia policial y política.
Berrueta tenía 60 años cuando fue asesinado. El 12 de marzo de 2004 no abrió su panadería, situada en el barrio pamplonés de San Juan/Donibane, sumándose al duelo que mostraron aquel día multitud de comerciantes en España. También colocó en su escaparate un crespón negro en señal de luto por la masacre yihadista que el 11 de marzo en la que murieron 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Sin embargo, eso no resultó suficiente para María del Pilar Rubio, quien en el mediodía del 13 de marzo (“sobre las 13:30 horas”) bajó a la panadería de Berrueta, contigua al portal de su vivienda, a reclamarle que colocara un cartel con la leyenda 'ETA ez' (ETA no en euskera). “Ángel le dijo que no, que en nuestra tienda no se ponía nada que hiciese referencia a la política”, contó Mari Carmen Mañas, viuda de Berrueta, en una comisión celebrada en el Parlamento de Navarra en 2015. Tras la negativa del tendero, se inició una discusión entre los dos en la que, según recoge la sentencia, Rubio dijo a Berrueta, a quien consideraba un etarra por haber fundado la asociación Gurasoak, de familiares implicados en acciones de la 'kale borroka' (dos hijos suyos fueron detenidos y posteriormente declarados inocentes por acciones de este tipo): “Tú un asesino, tú eres un etarra”.
María del Pilar Rubio subió a su casa y contó lo ocurrido en la tienda creando “un estado de sobreexcitación, con frases reiterativas que calentaron la cabeza de su marido e hijo”. Valeriano de la Peña y su hijo Miguel bajaron a la panadería de Berrueta. Allí, el hijo le asestó una puñalada “mortal de necesidad al afectar al hígado y pulmón, y producir en la víctima un estallido hepático”. Ángel Berrueta trató de refugiarse en la trastienda de la panadería, pero fue entonces cuando el policía nacional, con su pistola reglamentaria, le asestó cuatro disparos (uno en la cabeza, otro en el brazo y un tercero en la zona abdominal; el cuarto falló).
Los dos asesinos abandonaron la tienda sin atender a Berrueta y regresaron a su domicilio, donde Valeriano de la Peña llamó a la Policía para comunicar que “había matado a una persona”. Según la sentencia, los agresores actuaron “por un sentimiento ideológico”, por ser la víctima “socio y miembro fundador de la asociación 'Gurasoak Lanean'”, considerándolo un “etarra”.
“Cuando llegué a la tienda no me dejaron entrar a pesar de que les decía que era la mujer de Ángel. Conseguí entrar y le vi con una máscara de oxígeno y rodeado de médicos. Nadie me dijo qué había pasado”. Ángel Berrueta falleció pasadas las 14:30 horas en el Hospital de Navarra. En un juicio celebrado en el año 2005, el policía nacional Valeriano de la Peña y su hijo Ángel de la Peña fueron condenados a 20 y 15 años de cárcel respectivamente por asesinato con agravante de “motivación ideológica”. María del Pilar Rubio fue condenada como inductora del crimen, pero meses después fue absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El dolor de la familia de Berrueta, sin embargo, se prolongó durante años. En ese tiempo fueron continuas las amenazas de muerte, pintadas y sabotajes contra la panadería. “A las doce de la noche, cuando ya estábamos en casa tras volver del tanatorio, recibimos una llamada de teléfono. Cojo y me dicen: 'Sois unos hijos de puta, vosotros vais a ir detrás. Vamos a ir matando a tus hijos y tú vas a ser la última. Soy un policía nacional'. Colgué, no podía más”, contó Mari Carmen Mañas en 2015. “Estuvimos así durante los siguientes cinco o seis años, teníamos que dejar el teléfono descolgado”, apostilló.
La familia denunció ante la Policía todas estas amenazas recibidas, pero todas quedaron sobreseídas. “Hubo una noche que no paraban de llamar desde el mismo número. Llamé a la Policía Municipal y les di el teléfono. Consiguieron averiguar que llamaban desde una cabina situada al lado de la Diputación (el Palacio de Navarra, situado en la calle Carlos III, en pleno centro de Pamplona). Supongo que habrá cámaras que pudieron grabar algo, pero se sobreseyó igual”, apuntó Aitziber Berrueta, hija de la víctima, en la misma comparecencia parlamentaria.
Veinte años después del crimen en el que Ángel Berrueta fue asesinado, el Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), estudia la posibilidad de reconocerlo como víctima de la violencia política y policial en virtud de una ley foral de 2019. Según confirman a este periódico fuentes de la comisión que se encarga de analizar los expedientes de solicitud, el de Berrueta y su familia es uno de los 41 expedientes que se están estudiando para, en su caso, otorgarles la condición de víctima que les daría derecho a percibir indemnizaciones.
La ley navarra, que fue modificada en 2022 para equiparar las indemnizaciones a las que perciben las víctimas del terrorismo reconocidas por el Estado, fija un máximo de 250.000 euros la cantidad a percibir en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.
Esta semana, el Gobierno municipal de Pamplona (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) han acordado instar al Gobierno de Navarra a que reconozca a Ángel Berrueta y a su familia como víctimas de motivación política para que obtengan “el derecho a la verdad, justicia y reparación que deben tener todas las víctimas de la violencia”.
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