Después de diez años de relación y varios meses de terapias fallidas para intentar reconducirla, Natalia decidió separarse de su pareja el 8 de marzo de 2020, cuando faltaban pocos días para que el Gobierno decretase el Estado de Alarma por la pandemia. Vivía con él y con la hija de ambos. La idea de un posible confinamiento domiciliario empezaba a estar cada vez más asentada, se nombraba con más frecuencia, y finalmente llegó. “Cuando habíamos acordado dejarlo e ir cada uno por su lado, nos quedamos encerrados juntos”. Fueron cuatro meses extra de convivencia, hasta el 21 de junio, y además “sabiendo que nos íbamos a separar”.
Muchas parejas se han encontrado durante la cuarentena en la misma situación: una separación aplazada, un divorcio que no ha llegado a firmarse, u otro que se ha suspendido en el tiempo y se ha quedado varado entre los miles sin resolver que se acumularon durante meses en las oficinas de los juzgados. Algunos de esos, como el de Natalia, han empezado a materializarse en los meses de verano. Aquí se presentan los datos de demandas de disoluciones matrimoniales o separaciones por Comunidades Autónomas, con datos del Consejo General del Poder Judicial del último trimestre de 2020.
Durante el tercer trimestre de 2020, el último con datos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha notificado un incremento del 16% en demandas de divorcios y separaciones con respecto al mismo periodo del 2019. Si bien, algunas expertas consultadas como María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), o Begoña González, mediadora familiar y abogada, atribuyen este incremento “a la reanudación de casos que ya estaban iniciados”, más que a un boom de divorcios provocados por el confinamiento.
Veníamos de varios meses de paralización de la justicia cuando el CGPJ publicó, en septiembre, los datos sobre demandas de disolución matrimonial pertenecientes a los meses de confinamiento: el segundo trimestre del año 2020 se redujeron en más de un 40% las demandas de divorcio y separación, tanto consensuados como no. “El Estado de Alarma supuso un gran freno en los procesos judiciales”, explica Lozano. “Si ya teníamos una dilatación crónica sobre la tramitación de los procesos de familia, ahora hay un aumento exponencial de casos y resoluciones en espera”. Por eso cree que la subida del 16,6% que registran los datos oficiales no debería interpretarse como una “evolución al alza de las disoluciones matrimoniales, en general, sino a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parón”.
Ambas explican también que este retraso podría haber engordado el porcentaje de divorcios aún más si la crisis económica no hubiera hecho contrapeso paralizando separaciones que estaban previstas. “El impacto de la crisis ha disuadido a muchos españoles de dar el paso para formalizar la ruptura matrimonial”, recoge el informe del III Observatorio del Derecho de Familia publicado en diciembre por AEAFA, elaborado a partir de una encuesta a más de 2.000 abogados.
Lozano añade que “las personas que se encuentran en paro, ERTE, o han perdido su negocio, no pueden sostener dos unidades familiares a la vez”. Begoña González, abogada y mediadora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), señala otro concepto clave en cualquier crisis como la desatada por la pandemia: la incertidumbre. “Hay gente que quiere separarse, pero está esperando a ver qué pasa, y los efectos de ese cansancio pueden notarse en las estadísticas más adelante”.
Natalia vivió la separación y la pérdida de un empleo prácticamente a la vez. “De repente todo se cayó”, recuerda. En su caso no encontró en ese bache el motivo por el que posponer la separación. “Tenía pensado pedir dinero hasta que la situación se regulase, porque sabía que sería cuestión de tiempo. Me gasté todos mis ahorros… entiendo la sensación de ansiedad de pensar que te estás separando, no tienes trabajo y además hay una pandemia, todo a la vez, y que puede ser una decisión difícil para muchas personas”.
Pensiones alimenticias a los hijos
En este contexto, hay un porcentaje que sí aumentó significativamente tanto durante como después del confinamiento, que es el de peticiones de suspensión o modificación de pensiones alimenticias a los hijos por parte de los progenitores divorciados, o compensatorias a la pareja. Cita el informe de AEAFA que “la caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte de aportaciones económicas”. Los datos recogidos por el CGPJ en el tercer trimestre de 2020 confirman ese incremento. Con respecto al mismo periodo de 2019, expone, “las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos han tenido un incremento del 56,8%, consensuadas, y de un 21,3% no consensuadas”.
La abogada Begoña González explica que para que estas modificaciones sean concedidas “se tiene que demostrar que el cambio que sufre quien realiza la petición es sustancial y no transitorio: un despido, una actividad económica que tenga que cerrar, un ERTE que se prolonga…”. La acumulación de estas peticiones, así como las relacionadas con la custodia y el régimen de visitas, forzaron la inclusión, en el decreto ley 16/2020 para agilizar la justicia, de una regulación “especial y sumaria” para “cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria”.
El BOE recoge que las consecuencias de la pandemia “pueden conllevar alteraciones en las situaciones económicas de las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias, o de quienes las reciben”, por lo que, continúa, se “dará lugar a los ”procedimientos para la modificación de tales medidas“, con un carácter preferente. La misma prioridad se establece para las ”incidencias en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de menores“. La idea, añade la presidenta de AEAFA, era ”agilizar todo lo relacionado a las cargas económicas que se habían establecido previamente y que en esta circunstancia no se podían afrontar“.
Además, el informe de AEAFA y las expertas consultadas apuntan a otras cuestiones que están generando conflictos en las familias y que también tienen una vertiente económica. A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados y abogadas encuestados por AEAFA “han constatado un crecimiento significativo en las discrepancias de los progenitores en cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o tratamientos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social”.
Estos procesos son de Jurisdicción Voluntaria, es decir, interviene un órgano judicial que tutela los intereses del menor, pero no llega a sustanciarse en un juicio contencioso. “Estas cuestiones relativas a la patria potestad, como el cambio de colegio, o por ejemplo, si uno de los progenitores no quisiera vacunar a su hijo, exige un acuerdo entre ambos, y si no hay acuerdo hay que acudir a un juzgado. Ninguno puede cambiarlo unilateralmente”, explica Begoña González. “El juez no decide qué se tiene que hacer, sino bajo el criterio de qué progenitor se toman las decisiones”.
Mediación, la alternativa a los juzgados
Tanto la carga con problemas económicos y laborales, como la irritabilidad por las restricciones y la convivencia, han contribuido a aumentar los conflictos de pareja y familiares, según Trinidad Bernal, psicóloga de pareja y de familia y directora del Centro de Mediación ATYME. “Veo muchos casos de familias con hijos adolescentes que no han sabido cómo abordar una situación que se les ha complicado, que ha provocado incluso enfrentamientos entre ellos por la forma de abordar la educación. También parejas que estallan porque tienen diferentes criterios sobre temas como la elección de colegio para los hijos, o las extraescolares… Antes quizá discutían y se iban cada uno a su lugar de trabajo, a su espacio, ahora no pueden hacerlo y lo que empieza en una pequeña discusión a veces se transforma en un gran conflicto”, explica.
“Pero puede resolverse sin recurrir a los tribunales”, recuerda Begoña González, mediadora. Los mediadores son profesionales de diferentes ámbitos formados específicamente para trabajar con conflictos familiares. “Son las propias familias, y nosotros, quienes dirigimos un proceso que normalmente está solo en manos de abogados”. No es solo beneficioso para los propios afectados, tal y como explica Trinidad Beltrán, que dirige un centro de mediación, sino que además, añade Lozano, evita que todos los conflictos lleguen a los juzgados que ya están saturados.
La mediación sigue siendo una herramienta desconocida para muchos. “El conocer que existe es ayudarles a tomar la decisión por sí mismos sin necesidad de ir a un juzgado”, afirma Begoña. “Para empezar el ambiente en una sala de mediación es mucho más distendido que en una sala de juicio, que siempre impresiona y además te llevas el litigio a lo personal. Todo lo que se cuenta en la reunión de mediación es confidencial y se concede mucho tiempo a los miembros para que dialoguen”. Bernal cuenta que su centro está llevando a cabo un seguimiento a parejas que han recurrido para separarse a la vía de la mediación, y por el momento lo que se está observando es que “desarrollan mucha más facilidad para resolver situaciones conflictivas”, sobre todo, con respecto a los hijos.