Delfuego reconoce que su insolvencia supondrá “sacrificios” y “esfuerzos” para sus acreedores

El abogado de la promotora Delfuego Booking, la empresa cántabra de la UTE que organizó el fallido concierto de David Guetta este verano en Santander, ha defendido que solicitar el concurso de acreedores ha sido una decisión “nada fácil” pero “muy meditada y responsable” que redundará “en beneficio” de los afectados por el “no concierto”, a quienes el concurso garantiza “un trato igualitario” en la devolución de las entradas, aunque con una quita que intentarán que sea “la menor posible”.

Así lo ha señalado Vicente González, en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, en la que el abogado ha señalado que la compañía está haciendo “todo lo posible” para que el efecto del concurso de acreedores en Escenario Santander, actividad principal de Delfuego a través de una concesión del Ayuntamiento de la capital, sea “el menor”, de forma que “el perjuicio que se pueda generar al entorno próximo” de la sala de conciertos sea “el menor posible, empezando por el Ayuntamiento de Santander”.

El abogado ha explicado que la empresa ha incurrido en una situación de insolvencia que se ha producido de forma “súbita e inesperada” por el comportamiento de Guetta, que “solo podemos calificar como un incumplimiento grosero y grave”, ha dicho.

Ha añadido que ante los problemas de “insolvencia y liquidez” para atender un reembolso de entradas “tan masivo y cuantitativamente importante”, la empresa ha considerado que la forma “más idónea” es que la devolución se haga “en el marco del concurso, de forma igual y ordenada y siguiendo las prescripciones de la administración concursal”.

Al respecto, el abogado ha defendido que “no tendría ningún sentido” empezar a devolver las entradas a unos afectados primero que a otros en base a un criterio que en todo caso sería “personalísimo” de la empresa y “sin duda inadecuado”, ya sea por orden de compra, por tipo de entrada, etc.

Una vez que Delfuego ha solicitado el concurso de acreedores voluntario y el juez de lo Mercantil ha nombrado a la administración concursal, ahora ésta tiene que analizar la compañía, valorar las causas de la insolvencia, hacer una “foto fija” de los acreedores y la deuda e identificar los activos.

El abogado de la empresa ha calculado que este trabajo estará hecho en un plazo “breve” de unos 40 o 50 días como máximo. “En ese momento tomaremos la decisión de promover en su caso un convenio, que comportará algún esfuerzo por parte de los acreedores”, ha dicho González, quien ha puntualizado que cualquier propuesta de convenio “comporta sacrificios por parte de los acreedores”, aunque intentarán que sea “el menor posible”.