Alfredo de Miguel insiste ante el Supremo en que se manipularon pruebas para condenarlo por corrupción

13 de los 15 condenados en el mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y excargos institucionales, han presentado ya los preceptivos escritos que anuncian su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la contundente sentencia que dio a conocer el pasado 17 de diciembre la Audiencia Provincial de Álava y que podía haber sido más alta de no haberse producido dilaciones indebidas después del final de la investigación y antes del arranque del juicio. Los dos que asumen tal cual la condena son Josu Arruti y su padre, del mismo nombre, que pactaron con la Fiscalía una rebaja a cambio de confesar la existencia de una trama de comisiones ilegales. En paralelo, los fiscales de Álava han planteado a sus colegas del alto tribunal que recurran también para elevar las penas en un punto muy concreto, la absolución por el delito de coacciones.

El principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel (Txitxo), recibió un castigo de más de 13 años de cárcel en primera instancia por la comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o asociación ilícita. Su abogado, Gonzalo Susaeta, ha presentado un escrito de 11 folios -al que ha tenido acceso este periódico- en el que insiste en que las pruebas condenatorias fueron manipuladas, una estrategia de defensa -o más bien de ataque a la denunciante, Ainhoa Alberdi, al fiscal, Josu Izaguirre, y al instructor, Roberto Ramos- que ha simultaneado con la insistencia en que esas mismas pruebas no mostraban ningún indicio de corrupción.

Alega Susaeta que la Audiencia de Álava ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso “con todas las garantías” en relación con “la obtención, aseguramiento y cadena de custodia de las principales o nucleares pruebas esgrimidas por la acusación y aceptadas y valoradas por el tribunal como de cargo”. Asimismo, el letrado enfatizada que los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria incluyeron en la sentencia “elementos o circunstancias fácticas que no estaban contempladas en las conclusiones definitivas del ministerio fiscal”, por lo que interpreta también que se ha vulnerado el denominado “principio acusatorio”. Los abogados de De Miguel -del bufete Cuatrecasas- enumeran supuestos errores en todos y cada uno de los bloques del caso en los que el político ha sido condenado. Como se trata del anuncio del recurso, explican que detallarán su argumentación jurídica 'a posteriori', con la formalización del recurso.

De Miguel creó con los también dirigentes del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano una empresa pantalla para recaudar comisiones tras la adjudicación de contratos a empresarios afines. Se llamaba Kataia Consulting y estaba a nombre de las esposas de los tres. Respecto a la pareja de Txitxo, Ainhoa Bilbao, Cuatrecasas también formula un recurso en términos similares.

El plazo ordinario para el siguiente trámite, la formalización de los recursos anunciados es de 15 días. No obstante, el escrito del abogado de Tellería, Jesús Villegas, incluye una petición de ampliar el margen de tiempo hasta 60 días debido a la complejidad de la causa -el juicio duró todo un año y la sentencia se demoró otro tanto-. La defensa del también excargo del PNV considera igualmente que ha habido “errores” en la valoración de las pruebas y pide revocar la condena de la Audiencia Provincial. Uno de los escritos más contundentes es el del empresario y afiliado del PNV Jon Iñaki Echaburu, condenado por abonar comisiones a la trama de De Miguel. Su abogado enumera hasta 19 derechos fundamentales vulnerados. Adelanta, además, que su cliente es insolvente.