El Botànic “sophomore”: suelo o techo
Un sophomore (perdónenme el anglicismo) es el término utilizado en los Estados Unidos para describir a un estudiante en su segundo año, aunque se ha popularizado a través de su uso en la NBA: se conoce como sophomore la segunda temporada de un deportista, más definitoria todavía que la anterior la mayoría de las veces. El primer año, como rookie, el jugador se enfrenta a dificultades obvias, goza de mayor expectación pero también mayor paciencia e indulgencia de público y crítica. El segundo año, sin embargo, ya es uno más y tiene que demostrar su valía sin excusas.
Si el acuerdo del Botanic inició su andadura hace cuatro años con unos objetivos ineludibles para la sociedad valenciana (el fin de la corrupción, el cambio de modelo productivo y la recuperación de servicios públicos, entre otros), esta nueva legislatura -la segunda sin el PP- presenta el enorme reto de concretar, consolidar y demostrar el cumplimiento de dichos objetivos. Tras veinte años de corrupción y despilfarro, la expectación y la indulgencia se han disipado, las excusas ya no sirven y corremos el riesgo de caer en un peligroso conformismo, una vez superada la presión inicial.
Así, a la desigualdad social en nuestro territorio, a una economía todavía dependiente de la construcción y el turismo, a los problemas en el acceso a la vivienda y derechos básicos aún no desprivatizados se unen hoy otras cuestiones inaplazables para la sociedad valenciana: la lucha contra el cambio climático, no como un horizonte peligroso pero futuro sino como un problema acuciante para nuestra vida cotidiana presente; la necesaria progresión de la agenda feminista hacia una puesta en valor y reparto equitativo de las tareas de cuidados, que repercuta sobre el propio modelo productivo; y la búsqueda de soluciones efectivas ante el despoblamiento y el abandono rural.
Todo ello en un contexto estatal marcado por la radicalización de las derechas, la recuperación electoral del PSOE -recuperación que no ha venido vinculada a la capacidad de plantear soluciones de calado a la crisis social y territorial enquistada en nuestro país-, el agotamiento del ciclo electoral del 15M y cierta incertidumbre sobre el proyecto de país que se abre a partir de ahora, ejemplificado en los problemas incomprensibles para creación de un gobierno de coalición.
Los resultados municipales, una vez agotado el recurso a la llegada de la extrema derecha, amenazan con seguir desmovilizando el voto progresista y devolver a la derecha a espacios de poder. Resultados que en nuestro territorio se añaden a otra realidad: la incapacidad que tenemos los agentes políticos progresistas de penetrar en el sur, con el mantenimiento o la vuelta del PP en algunas ciudades importantes como Alicante, Torrevieja, Orihuela o Benidorm y la reutilización de la diputación de Alicante -y sus recursos públicos- no como una institución útil a la gente, sino de oposición partidista.
La vertebración de la Comunitat Valenciana lleva décadas siendo un problema histórico y, si bien se han tenido en cuenta gestos simbólicos como la firma del pacto en Alicante o la situación de la Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia, citando a Twitter “a Alicante no hay que ir, en Alicante hay que estar”. Resolver esta situación implica una hoja de ruta que además de cuestiones simbólicas, involucre desde el cambio de modelo productivo a las infraestructuras de conexión territorial. Un proyecto de descentralización que no debe afectar en exclusiva a Alicante, sino a toda la cohesión de un territorio en un proyecto colectivo común. Para ello reforzar municipios y comarcas, y superar del modelo de diputaciones es clave.
También lo es avanzar en la normalización del bilingüismo y la equidad lingüística, caballo de batalla de la oposición, garantizando, desde el reconocimiento de las particularidades de cada territorio, el derecho a usar y conocer las dos lenguas cooficiales. Derecho que debe ser entendido como un elemento de cohesión y no como un arma arrojadiza. En demasiadas ocasiones se han mezclado prejuicios, miedos e inflexibilidad, pero se trata de un tema crucial que excede el ámbito puramente educativo, y al que se debe atender abriendo cauces de diálogo con todos los territorios.
Otra gran prioridad política es avanzar de manera coherente en el cambio de modelo productivo, cambio vinculado a la reducción de la desigualdad, la transición ecológica y la protección de los sectores que más reportan a nuestro territorio. En tanto que la vivienda y la especulación en torno a su precio han sido el centro de nuestro modelo productivo y nuestro desarrollo territorial, el trabajo de la Conselleria de Vivienda junto a la de Territorio se presentan como lugares clave, la necesidad de acabar con los desahucios, pinchar la burbuja del alquiler, movilizar casas vacías y desarrollar un urbanismo que responda a las necesidades sociales y ambientales es crucial para garantizar derechos presentes y futuros.
No obstante, en estas primeras semanas de legislatura ya estamos asistiendo al desarrollo de unas políticas territoriales basadas en la continuidad de un modelo de obras públicas que ni benefician a la gente ni son compatibles con el necesario enfoque ambiental. Proyectos como la ampliación del puerto, el desdoblamiento de la V21, la ZAL, o la resurrección de PAIs absurdos, delatan continuidad con las inercias y falta de reflexión o, en el peor de los casos, la asunción de una falsa “teoría del goteo”, que asume como propios los intereses de grandes constructoras y reduce el planteamiento del cambio de modelo a un discurso vacío.
En este marco se incluye el modelo turístico y su sostenibilidad. Más allá del morbo generado alrededor de la medida concreta de la tasa, se trata de ser prácticos: ¿queremos un modelo turístico sostenible que respete los derechos del territorio y sus habitantes? ¿Qué medidas se van a poner encima de la mesa para lograrlo? Lo verdaderamente relevante de esta propuesta nunca fue la tasa en sí -una medida concreta y conocida que siendo beneficiosa no resuelve problemas por sí sola- sino la resistencia a aplicar medidas favorables a la mayoría cuando unos intereses empresariales concretos se oponen.
En este sentido, otras cuestiones como el apoyo al comercio local, la reversión del servicio de agua para hacerla pública, la mayor intervención en producción de energía limpia y asequible, un apoyo a los agricultores que vaya más allá de reproducir conflictos entre territorios, son sólo algunas de las medidas que deben ser aterrizadas y consideradas globalmente en una apuesta decidida por liderar la transición ecológica en favor de los de abajo.
En esta legislatura sophomore debemos concretar objetivos de largo plazo, abordar cuestiones aplazadas y dar pasos adelante en un proyecto valenciano que también sea un ejemplo para todo el país. El agotamiento del modelo autonómico necesitará de propuestas que vengan, fundamentalmente, de las periferias. La cuestión de la infrafinanciación ya no puede ser más excusa para la inacción, sobre todo si finalmente Sánchez llega al Gobierno (pese a su curiosa forma de “negociar”). Tampoco la “herencia recibida”, aunque esté documentada y sea palpable, ya no sirve justificarlo todo por y para “que no vuelva el PP”, se trata de asumir como comportamiento cotidiano imperativo el despejar cualquier género de dudas sobre buen gobierno, sin ninguna relajación al respecto.
Para Podem, el acuerdo de gobierno es más que un posicionamiento político y un compromiso entre partes: se trata de un “suelo” de medidas y propuestas desde el que partir para transformar la Comunitat Valenciana, para esto es fundamental una sociedad que no baje los brazos ni se conforme, porque el gran reto de esta legislatura es que, por el camino, ese suelo no se convierta en un “techo”.
