Tras la etapa de los Gobiernos del PP, uno de los avances que no se ha materializado es la puesta al día de la Ley de Secretos Oficiales (LSO), en contraposición a los progresos registrados en la apertura de archivos, la creciente distancia con respecto a los años de la dictadura, la aparición en escena de nuevos problemas y generaciones o de un panorama político desde el cual es preciso hacer frente a los retos no solo del presente sino también del futuro. Todo ello en un panorama imprevisible y con movimientos reaccionarios que siguen evocando los supuestos años de “gloria” y “paz” de la dictadura.
En este panorama he querido saber si mis valoraciones sobre lo acaecido en los años 1952 y 1953 y su evolución inmediata en las relaciones con Estados Unidos resisten o no la contrastación documental. Quizá porque no hay historia definitiva. También porque en los últimos años soy uno de los muchos historiadores que se han beneficiado de la política de relativa apertura de archivos militares sobre la guerra civil y la posguerra. Igualmente porque hasta en los super sacrosantos archivos de los Ministerios de Justicia e Interior historiadores jóvenes, y otros no tan jóvenes, han podido trabajar y arrojar luz sobre algunos ámbitos hasta entonces inaccesibles. Por ejemplo, el trato dado a los homosexuales en el franquismo o la organización y, hasta cierto punto, actividades de la Brigada Político-Social. He aprendido mucho de ellos.
Supongo que los ministros de Justicia e Interior tuvieron algo que ver en el levantamiento de las restricciones que existían. Ello sin contar los progresos de la legislación en materia de defensa del Patrimonio Documental Histórico español. Todo lo que se haga en lo que se refiere a la apertura de archivos ha encontrado y encontrará en mí un defensor abnegado.
En consecuencia, tras terminar mi último libro solicité acceso a la documentación correspondiente a los años 1952 y sucesivos sobre negociaciones militares con Estados Unidos en base a mis publicaciones precedentes desde 1979.
En la de tal año y otra sucesiva en Grijalbo examiné parte del proceso que condujo a los Pactos de Madrid, con especial atención a la entonces totalmente desconocida “Nota adicional al párrafo segundo del artículo III del Convenio Defensivo”.
En 2003, tras una larga experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Comisión Europea, publiqué 'En las garras del águila' (Crítica). En este caso llegué hasta la negociación del convenio de 1988. Para ello me fueron muy útiles la consulta de la documentación de la Comisión Interministerial para el desarrollo de los convenios con Norteamérica, nuevas publicaciones norteamericanas y mi experiencia como asesor con los ministros Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. El libro fue presentado por el expresidente Felipe González.
A la par fui publicando diversos artículos, en castellano e inglés, para dar a conocer mi análisis de una documentación que había sido ignorada tanto en la historiografía española como norteamericana. Gracias a las aportaciones de los embajadores José Manuel Allendesalazar y Carlos Fernández Espeso, conceptualicé lo que denominé “modelo de disuasión franquista”, hacia el exterior y, sobre todo, hacia el interior.
Mucho más tarde, en el ámbito del Ministerio de Defensa se han producido tres resoluciones ministeriales de interés para los historiadores. La primera, del 20 de septiembre de 2018, autorizó con carácter general la consulta pública de la documentación del Archivo General Militar de Ávila anterior a 1968 y descrita en el anexo de la misma; una segunda resolución del 30 de enero de 2019 sobre la documentación anterior a 1960 de los subsistemas archivísticos de los Ejércitos de Tierra y Aire, también descrita en su anexo y, por último, la resolución 420/11036 de 22 de julio 2020, que la autorizó para antes de 1968 y que estaba relacionada con los subsistemas archivísticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio. Sin la menor duda, en tales masas documentales habrá material para despertar el interés de innumerables historiadores, españoles y extranjeros.
Todos los que hemos trabajado en archivos hemos comprobado lo fácil que es desorientarse ante el inmenso volumen de documentación conservado. No es el caso, en particular, de otros temas políticamente sensibles como los relacionados con la represión. En este ámbito corresponde a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez todo el mérito que la derecha española ha sido incapaz de reconocerles.
Por ello hay que agradecer sus disposiciones a la Ministra Robles, porque es un comienzo que podría encontrar seguimiento, en ciertas condiciones, en la futura LSO de la democracia.
Hay, por ejemplo, que evitar algunas “trampas saduceas” que podrían ser utilizadas contra el derecho a conocer de los ciudadanos, asentado en el artículo 105b de la CE. Los bulos, exageraciones, mentiras y calumnias forman parte de la política y de la vida de las sociedades. Son, a su vez, fuente para la historia desde el momento en que nacen y se difunden, pero forman solo una parte de la historia que merece transmitirse de generación en generación.
En el caso en cuestión sería, por ejemplo, totalmente aceptable escribir un texto histórico analizando los alaridos de autosatisfacción y de adulación al prodigioso hombre que supo negociar los Pactos de Madrid de 1953. Se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Con respecto a tales alaridos existe ya una reciente tesis doctoral de Salamanca.
Sin embargo, hoy todavía se desconocen dos vectores fundamentales: la negociación en sí y la aplicación de tales pactos, sobre todo los que no se hicieron públicos-
Relatar, por ejemplo, las vicisitudes externas expuestas en mayor o menor medida en la prensa sobre las entonces “bases conjuntas” no es suficiente. El historiador tiene el derecho, y el deber, de indagar en las profundidades, es decir, en lo que hubo detrás: los acuerdos secretos que subyacieron a los públicos, el régimen de funcionamiento real de las supuestas bases “conjuntas” y las peleas subterráneas que se dieron entre españoles y norteamericanos en la aplicación de los pactos. Sin olvidar los roces y fricciones entre los Ministerios militares y entre ellos y los Ministerios de Interior, Justicia y sobre todo Asuntos Exteriores para limitar las hipotecas que los pactos entrañaron para España.
Identificar algunos de estos roces es lo más interesante. Que los hubo es innegable. Algunos memorialistas y, hasta cierto punto, protagonistas se refirieron a ellos en sus memorias. El ministro de Asuntos Exteriores José María de Areilza aludió a los consejos de uno de los presidentes del Gobierno más nítidamente franquista, Carlos Arias Navarro, al dirigirse a los negociadores en el sentido de que negociasen todo lo que pudieran pero que, al final, firmasen. Los acuerdos los necesitaba la dictadura como el pez necesita del agua.