América Latina, ¿quién debe pagar la cuenta de la COVID-19?

América Latina se está haciendo más pobre consecuencia de la COVID-19, esfumándose la posibilidad de ser una región de ingresos medios, cada vez más cerca de la añorada modernidad. Tendrá que afrontar una contracción del 9,4%, una de las más severas del planeta. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos, un retroceso de 15 años para la región.

Solo se conseguirá superar los impactos de la pandemia a través de un esfuerzo colectivo como pocas veces antes en la historia reciente de la región. Es momento de arrimar el hombro como sociedad para salir adelante con unidad. Un esfuerzo de quienes menos tienen, que ya lo están haciendo y también de los que más tienen.

Porque hasta ahora la COVID-19 no ha afectado a todos y todas por igual. Según el reciente estudio de Oxfam, ¿Quién paga la cuenta?, desde el principio de los confinamientos, hay ocho nuevos milmillonarios en América Latina y el Caribe, personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Las personas más ricas han aumentado su fortuna en 48.200 millones de dólares desde marzo 2020, lo que equivale a un tercio del total de los paquetes de estímulo de todos los países de la región.

Dos realidades contrapuestas. En una región en la que cerca de la mitad de la población vive al día y la informalidad es la realidad del mermado empleo, la opción es exponerse al contagio o morir de hambre. Para la gran mayoría de la ciudadanía, los confinamientos han acabado por ahogar los magros ahorros o mostrado la vulnerabilidad de unos servicios públicos que no alcanzan a garantizar cobertura ni derechos.

Durante las últimas décadas, se han venido desmantelando los esquemas de impuestos a las grandes fortunas, hasta el punto de que en la actualidad tan solo tres países cuentan con un impuesto al patrimonio: Argentina, Colombia y Uruguay. Con el diseño actual de este impuesto, en el mejor de los casos, se recaudaría en total un máximo de 281 millones de dólares.

El impacto de la pandemia supondrá la necesidad de grandes cantidades de recursos para la reconstrucción con un contexto de limitado margen fiscal. En mayor o menor grado, todos los países han activado paquetes de estímulo que equivalen al 2,7 % del PIB (sin contar con los créditos garantizados). En Oxfam hemos estimado que la caída de ingresos para el conjunto de países representará al menos el 2 % del PIB, unos 113.391 millones de dólares. Las medidas de confinamiento y el gran parón de la actividad económica a nivel internacional también están resultando catastróficos para la recaudación tributaria, y en algunos países, como Perú o Colombia, esto puede suponer una caída de casi un 30 % de su recaudación anual.

¿Quién debe pagar la cuenta?

Resulta impensable abordar la recuperación económica ante esta crisis sin romper con el tabú de infratributación de la riqueza. Es urgente contar con el aporte extraordinaria de las rentas más altas, las grandes fortunas y los grandes patrimonios en cada país. El FMI ha incluido esta medida en sus recomendaciones frente a la crisis, proponiéndola “a modo de 'sobretasa solidaria” como ya ha sucedido en otros momentos críticos históricos en el mundo.

Si se aplicara un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, con carácter progresivo, entre el 2 % y el 3,5 % en cada país, sobre los patrimonios por encima de un millón de dólares, se podría recaudar hasta 14 260 millones de dólares, cincuenta veces más de lo que se recauda en la actualidad sobre estas grandes fortunas.

Por otro lado, la crisis no puede convertirse en la oportunidad de un grupo de empresas para obtener utilidades extraordinarias. Esta situación absolutamente inusual justifica la creación de un impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones mientras dure la pandemia.

Aquella parte de los beneficios de las corporaciones considerados extraordinarios como resultado de la crisis deben contar con un recargo extraordinario y de aplicación temporal. Ya existen precedentes similares que se pusieron en práctica en países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá en periodos de guerra: ello contribuyó enormemente a generar recursos necesarios para la reconstrucción del país.

Como señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recientemente: “Debemos ver a los países no solo unidos para vencer al virus, sino también para hacer frente a sus profundas consecuencias. Ello significa diseñar políticas fiscales y monetarias capaces de apoyar la provisión directa de recursos para apoyar a los trabajadores y los hogares, la provisión de seguros de salud y de desempleo, el aumento de la protección social y el apoyo a las empresas para evitar las quiebras y las pérdidas masivas de puestos de trabajo”.