Banco Central de Carbono: reducir emisiones para salvarnos

En estos días de cierta resaca depresiva después de la COP29 es pertinente recordar que el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997 y que entró en vigor en 2005, fue un hito histórico que, con el fin de promover el desarrollo sostenible, comprometía, por primera vez, a los países industrializados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Uno de los mecanismos para conseguir esta reducción fue implementar un mercado flexible, es decir, poner un precio a las emisiones para crear un estímulo económico, para evitar y reducir así tales emisiones allí donde es más eficiente con respecto al coste. Fue el inicio de los llamados mercados de carbono, instrumentos para estimular los objetivos de reducción de emisiones y que se han convertido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático.  

Con todo ello, el sistema no es lo bastante eficiente. De hecho, aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajan las emisiones, el fuerte impulso que le ha dado la UE a las energías renovables ha provocado un excedente de créditos, sobre todo por parte del sector eléctrico que es el que se está descarbonizando más rápido. Si a esto se suma que hay una menor demanda de créditos para la contracción de la producción industrial en Europa, el resultado es una disminución del precio del carbono en los últimos años: de los 100€/tCO₂ del 2023 hasta los 66€/tCO₂ actuales. Hace falta elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde a los objetivos para el 2030 y 2040. 

Aunque se trate de un tema sesudo y aparentemente aburrido, los mercados de carbono se encuentran en plena actualidad. Uno de los puntos de acuerdo de la COP29 ha sido la definición del funcionamiento de los mercados de carbono en el marco del Acuerdo de París (2015) a nivel global, ya que aclara cómo autorizarán los países el comercio de créditos de carbono y cómo funcionarán los registros de seguimiento. Y en nuestro país, el Congreso está transponiendo una directiva europea a través de un Proyecto de Ley para regular el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Es de vital urgencia la transposición de una directiva que ya debería haber entrado en vigor para, entre otros motivos, evitar la inseguridad jurídica en los nuevos sectores que se incorporan al mercado de carbono como el del transporte.   

Partiendo de la constatación de que este sistema de incentivos ha reducido las emisiones, también se debe tener en cuenta que este mecanismo favorece a los más ricos y poderosos, como de hecho hace todo mercado libre: las empresas que quieren emitir por encima de su cuota compran permisos de emisiones a otras que se comprometen a emitir por debajo de la cuota otorgada. O plantan más árboles.  

Por lo tanto, es importante controlar y regular el buen funcionamiento del sistema de emisiones, y es precisamente por ese motivo por el que el Grupo Plurinacional Sumar propone, vía enmienda al mencionado Proyecto de Ley, la creación de un Banco Central de Carbono. El nuevo organismo se encargaría de la ejecución de la política de reducción de gases de efecto invernadero. Para ello tendría, entre otras, las siguientes competencias: la gestión y monitoreo de los límites de emisiones; la sanción de los incumplimientos; ofrecer dictámenes técnicos; y gestionar toda una serie de instrumentos vinculados al sistema de emisiones. Entre ellos, el desarrollo y aplicación del Impuesto de Carbono en Frontera, para poner un precio justo al carbono emitido durante la producción de bienes que entran en la UE y el imprescindible Fondo Social para el Clima, que permitirá paliar las contingencias de la transición ecológica justa y garantizar que nadie se queda atrás. 

En definitiva, se trataría de un organismo que velara por tener un sistema de emisiones robusto, y que también contaría con un Consejo Asesor cuya función sería proporcionar asesoramiento científico independiente y actualizado en la materia. Y es que la ciencia, debe ser el principio rector de todas las políticas climáticas en un contexto donde la internacional reaccionaria, está fisurando el consenso global de la importancia de abordar la emergencia climática. La trasposición de esta directiva es una oportunidad para ampliar la ambición climática y desarrollar instrumentos esenciales que impulsen esta transición ecológica justa, imprescindible y urgente. Una transición, que descarbonice los sectores más contaminantes y así asegurar nuestra supervivencia en un planeta finito.