Pere Aragonès ha sido investido President de la Generalitat de Catalunya con 74 votos a favor y 61 en contra. Aragonès ha conseguido el apoyo de todos los diputados independentistas después de que estas formaciones superaran la barrera psicológica del 50% de los votos en las elecciones menos participativas de la historia electoral de Catalunya. El proceso hasta llegar a la investidura no ha sido fácil para el nuevo President de la Generalitat. Desde el 14 de febrero se han sucedido más de 80 días de negociaciones entre las diferentes fuerzas independentistas, una investidura fallida en la que sus actuales socios de gobierno se abstuvieron, una decisión de querer gobernar en solitario que al final ha acabado en agua de borrajas, una negociación fallida con los Comunes y un acuerdo exprés con Junts. Todo para acabar conformando el mismo gobierno que en la anterior legislatura pero con un intercambio de papeles ya que es ERC la que por primera vez desde la Transición asume la Presidencia de la Generalitat.
Sin embargo, pese a que los focos han estado puestos en este largo proceso de negociación para conformar gobierno, no deberíamos pasar por alto algunos factores contextuales y dinámicas políticas que marcarán la próxima legislatura en Catalunya y que afectarán a la estabilidad política del Estado.
El final de la utopía disponible y el inicio de una fase de indiferencia política
El primer factor es el final de la utopía disponible que ha representado para amplios sectores de la sociedad catalana el proceso independentista. Desde mediados de 2018 la mayoría de los indicadores demoscópicos señalan un descenso de las preferencias por un Estado independiente y una continua victoria del no sobre el sí cuando se pregunta si Catalunya debería ser independiente. Como señalan los datos del CEO, pero también de otras encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación, las preferencias por un Estado independiente han pasado de alcanzar casi la mitad en 2014 a poco más de un tercio en la actualidad, reforzándose opciones como el encaje federal entre Catalunya y el resto de España o como el estatus autonómico actual.
En la última encuesta del CEO (preelectoral 2021) la preferencia por un Estado independiente reunía el 33,5% de los apoyos, el modelo federal un 26,5% y el modelo autonómico actual un 26%. En el periodo de 2014 a julio de 2018, las preferencias por un Estado independiente superaban el 40% en la mayoría de los barómetros publicados. Estas cifras ilustran las preferencias divergentes que existen y cómo se ha ido acortando la diferencia entre las opciones de encaje en España y de un Estado independiente. Además, el no a la independencia lleva desde julio del 2019 superando al sí, a veces por un amplio margen y otras de una manera más ajustada. En el periodo de tiempo que va de octubre de 2017 hasta mediados del 2019 era justo al revés.
Este cambio de preferencias políticas es el fiel reflejo del agotamiento de la estrategia independentista. Desde octubre de 2017 el independentismo catalán no tiene una hoja de ruta y un proyecto claro más allá de los reproches mutuos y de la divergencia estratégica entre ERC, que aboga por un mayor pragmatismo y por negociar una salida al conflicto político, y por la dupla que conforman ciertos sectores de Junts y la CUP, más partidarios de volver al enfrentamiento contra el Estado. El movimiento está en una situación claramente defensiva y no parece que la opinión pública avale una nueva confrontación contra el Estado máxime cuando las elecciones del 14F las ganó un partido no independentista y la primera fuerza independentista defiende la vía escocesa hacia la independencia aprovechando la Mesa de Diálogo entre los dos gobiernos.
Paralelamente a estos cambios en el eje nacional, en Catalunya se ha producido también una caída en el interés por la política y en el grado de información política. Una caída cuya máxima expresión son los comicios del 14F que obtuvieron la participación más baja jamás registrada en Catalunya. Pese a celebrarse en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus, no parece que fuera el miedo al contagio lo que explica la fuerte abstención.
Según el CIS, en una pregunta multirrespuesta sobre las razones de los abstencionistas para no ir a votar, solo un 22,1% no acudió a votar por miedo a contagiarse del virus y solo un 0,4% por ser positivo de Covid19. Las razones fueron eminentemente políticas: un 33,6% afirmaba que no le inspiraba confianza ningún actor político, un 23,7% que estaba harto de elecciones y de la política, un 22,3% para mostrar su descontento con la situación política, un 22,2% por la inexistencia de una alternativa que le satisficiera y un 22,1% porque votar no sirve para nada. Hemos pasado de la polarización y politización absoluta de las elecciones de 2017 a la indiferencia de las elecciones del 14F, y eso afecta a todos los electorados de una manera más o menos igualitaria, incluidos los votantes independentistas.
¿Pasar página? No sin la libertad de los presos y sin votar
No obstante, no deberíamos confundir el agotamiento del proceso político independentista con un final del conflicto político entre Catalunya y el resto del Estado: el conflicto político entre Catalunya y el Estado dista mucho de acabarse. Catalunya no ha pasado página ni va a hacerlo tal y como defendía Salvador Illa durante toda la campaña. El más del 50% de voto independentista y los 74 diputados favorables a la secesión certifican que el movimiento independentista catalán no va a desaparecer, ni siquiera a rebajarse, si no se solucionan las razones de fondo que lo explican. Y menos con la existencia de líderes independentistas injustamente encarcelados.
Pese a estar en una fase defensiva claramente marcada por el daño infligido con la judicialización del conflicto, el retroceso en las demandas políticas y por el análisis de las propias debilidades, en Catalunya las fuerzas independentistas no van a dejar de ser hegemónicas hasta que no se rompan, o como mínimo, se vuelvan más permeables, ambos bloques nacionales. Para que esto pase deben atajarse dos cuestiones que marcan claramente la situación política en Catalunya: la situación de los presos y la necesidad de los catalanes de pasar por las urnas para refrendar su estatus. No puede existir normalización política en Catalunya si no se libera de la cárcel y se permite el regreso a Catalunya a los líderes políticos del procés. La mitad de los votantes de Catalunya no pueden tener en prisión a sus líderes políticos. Es un evidente retroceso democrático. Además de ser un consenso de país: entre dos tercios y tres cuartas partes de los catalanes quieren la libertad de los presos políticos. Una cifra que supera ampliamente el perímetro electoral del independentismo.
Por si esto no fuera poco, desde el recorte al Estatuto de Autonomía de Catalunya, los catalanes no han decidido sobre su pacto político con el resto del Estado. Ahora mismo, Catalunya es la única CCAA cuya población vive regida por un Estatuto que no refrendaron y que no es el pactado entre el Parlament de Catalunya y el Congreso. Esto es una anomalía territorial que debe solucionarse: Catalunya debe acudir a las urnas para decidir su estatus respeto al Estado, y una fórmula para que ello se dé es validar por medio de una consulta los posibles acuerdos que nazcan de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central. Pese a que ello no solucionara el conflicto de raíz, es posible que lo acercase a una solución política más o menos satisfactoria para las partes. No se podrá pasar página sin cumplir estas dos condiciones.
La sólida mayoría independentista no tapa la debilidad del gobierno de Aragonès
Los 74 votos que han garantizado la investidura de Aragonès pueden parecer una mayoría política sólida y cohesionada para afrontar una legislatura larga que incluya el diálogo con el Estado sobre el conflicto político, la reconstrucción de la economía catalana después de la pandemia y afrontar los retos urgentes vinculados a la transición ecológica y energética que Catalunya tiene. Pero este gobierno nace tocado y débil.
En primer lugar, nace de un doble acuerdo político contradictorio. El primero un acuerdo de investidura con una hoja de ruta pactada entre ERC y la CUP y el segundo un acuerdo de gobierno entre ERC y Junts. Existe un evidente choque entre ambos acuerdos. El pacto entre ERC y Junts para la investidura de Aragonès ha enterrado algunas de las medidas sociales y económicas más ambiciosas del acuerdo entre republicanos y anticapitalistas. Es evidente que esto tendrá consecuencias durante la legislatura: sin los votos de la CUP será difícil que ERC saque adelante unos presupuestos de la Generalitat ya que la suma entre republicanos y juntaires se queda a 3 diputados de la mayoría absoluta. Además, aun en el caso de que los anticapitalistas siguieran apoyando al gobierno de Aragonès, el President de la Generalitat, según el acuerdo, deberá someterse a una moción de confianza a mitad de legislatura para valorar el grado de cumplimiento del pacto. Es una seria dificultad para Aragonès.
No obstante, el principal problema que tiene el nuevo presidente es la relación con Junts. Pese a las proclamas realizadas desde la tribuna del Parlament sobre el respeto mutuo y la confianza renovada entre ambos socios a nadie se le escapa que republicanos y juntaires compiten por la hegemonía del bloque independentista y su relación es, en el mejor de los casos, tensa. De hecho, los reproches mutuos durante la negociación rompen claramente el marco discursivo que ambas formaciones intentan instalar tras la investidura de Aragonès. Y no solo eso. Pesos pesados del espacio posconvergente, como Artadi o Rius, ambos vinculados a Puigdemont, han decidido no formar parte del nuevo gobierno.
La dependencia de la CUP, cuyo pacto ha quedado en entredicho con la formación del nuevo gobierno, y la hostilidad y desconfianza entre ERC y Junts, auguran una legislatura difícil para Aragonès y, probablemente, la imposibilidad de agotar los 4 años de mandato si no explora mayorías alternativas en el Parlament.
Un giro a la izquierda en plena crisis social difícil de materializar políticamente
Una de las prioridades políticas que Aragonès ha fijado en sus dos discursos de investidura ha sido un ambicioso plan de recuperación socioeconómico y una apuesta por una serie de reformas económicas, sociales y vinculadas a la transición energética como vectores para reconstruir la economía y el tejido empresarial catalán después del impacto de la pandemia. El nuevo President quiere imprimir un giro a la izquierda al nuevo gobierno. Además, en el Parlament existe una clara mayoría parlamentaria que, con matices, puede ser favorable a ciertas medidas redistributivas como las que ha defendido el presidente.
Sin embargo, este deseo President puede chocar rápidamente con la realidad política. Justo después de la investidura en la que Aragonès prometía un gobierno independentista y de izquierdas se filtraba el nombre del próximo Conseller de Economía, el exdirectivo de La Caixa Jaume Giró. No parece que alguien que ha liderado La Caixa y que ha estado vinculado a las principales empresas del IBEX35 vaya a llevar a cabo un programa claramente redistributivo como el que avanzaba el President en sus discursos de investidura. Recordemos además que es desde la Conselleria de Economía y Hacienda desde la que se elaboran los presupuestos de la Generalitat de Catalunya y, por lo tanto, desde la que se establecen las prioridades políticas de un gobierno.
Por si esto no fuera suficiente, el acuerdo entre ERC y Junts otorga a la formación de centroderecha independentista las consejerías de Asuntos Sociales, Economía, Hacienda, Salud e Infraestructuras. El porcentaje del presupuesto de la Generalitat que estas consejerías suman asciende a más de un 60%. Además, es precisamente desde estas consejerías desde las cuales se deben ejecutar las políticas públicas y las acciones gubernamentales para implementar las medidas socioeconómicas que defendía Aragonès.
La estabilidad política en el Estado sigue dependiendo de Catalunya
Para acabar este análisis es necesario señalar que no debemos olvidar que la estabilidad política en el Estado depende de lo que pase en Catalunya. Pese a que el foco mediático estatal se haya alejado de la situación política catalana, la actual mayoría política que sostiene el gobierno pasa por el concurso de ERC. Una ERC que intentará implementar desde la presidencia de la Generalitat su vía pragmática y explorará las posibilidades que de la mesa de diálogo como instrumento político de negociación. Sin embargo, la debilidad de los republicanos, atrapados entre Junts y la CUP, los primeros aceptando la mesa de diálogo a regañadientes y los segundos apostando por un envite unilateral al Estado, complicarán las posibilidades de Aragonès en esta negociación.
Además, parece evidente también que, para consolidar la vía de ERC, el gobierno central debe dar pasos para el reencuentro y que no se quede únicamente en una cuestión retórica. La libertad de los presos y una agenda catalana basada en el reconocimiento nacional de Catalunya, el blindaje del catalán y la consecución de un nuevo sistema de financiación podrían ser un primer paso para entrar en una nueva fase del conflicto más encaminada hacía la resolución. Sin estos gestos será difícil que ERC pueda continuar apoyando al Gobierno central.
El conflicto entre Catalunya y el Estado está en una fase de evidente congelación marcada por la correlación de debilidades tanto del independentismo como de la élite dirigente estatal. Sin embargo, en un momento político tan inestable, nadie debería fiar la resolución de este conflicto al agotamiento de una de las dos partes. En el Gobierno central deberían tomar nota.