La vida para nosotras, las personas sordas, jamás ha sido sencilla. No olvido mi experiencia en el año 2001, cuando cursaba un ciclo formativo y solicité un intérprete de lengua de signos que llegó a escasos tres meses de finalizarlo. Sin embargo, solo podía dar 6 de mis 30 horas lectivas. Esas 6 horas salieron del tiempo concedido a otra alumna sorda. Te quito a ti para dárselo a otra, y de esta manera perdemos las dos. Gana la Banca mientras la Administración educativa se desentiende de algo tan fundamental como el acceso a una educación pública.
En el año 2007, se materializó mi derecho al intérprete –indispensable para que pudiera acceder al conocimiento– en forma de ley, la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas. ¡Viva! Esta ley, de obligado cumplimiento, trae la promesa de que nadie volvería a pasar lo que yo y que a partir de entonces, toda la ciudadanía, independientemente de si es sorda o no, tendría garantizado el derecho a una educación pública estando así en igualdad de condiciones. Nuestro grito se dejó escuchar y al fin se suponía que saldríamos del silencio arbitrario impuesto de forma discriminatoria.
Sin embargo, hace pocos días hemos vuelto a revivir una situación de exclusión, tan común para nuestra gente: “Decepción, rabia e impotencia”, así describía su reacción Brenda Guerrero, una estudiante sorda y usuaria de la lengua de signos. La Junta de Andalucía únicamente le ha reconocido 8 horas –de las 25 horas lectivas que está cursando– a tener intérprete de lengua de signos y así poder acceder a la información y formación en igualdad al resto de sus compañeros. En otras palabras, Brenda solo tiene un 32% del derecho a la Educación.
La limitación del derecho al recurso del intérprete es una decisión cruel, además de un despropósito. ¿Son acaso los derechos algo así como una mercancía que se puede trocear por partes, aplicarse según convenga o según el arbitrio de la administración? Pongámonos en ese supuesto, imaginemos que el derecho de asociación y reunión solo se permitiera los días pares y que los días impares serían los días destinados a acudir al médico y al servicio de urgencias. De la misma manera, el derecho de tutela judicial efectiva se ejercería los viernes. Por su parte, el derecho a voto se podría ejercer siempre y cuando las votaciones coincidan con el año bisiesto y, por supuesto, decida usted qué día del mes prefiere para que no se respete la inviolabilidad de su domicilio.
Lo dicho, un despropósito. Decidir que Brenda tiene derecho a la educación solo 8 horas a la semana implica que es ciudadana de pleno derecho a tiempo parcial, pero que ¡faltaría más! cumplirá a tiempo completo con todas sus obligaciones.
Si aplicamos esta lógica absurda, el tiempo en el que Brenda es ciudadana de segunda podría decidir qué obligaciones ejercería con su comunidad, pues al no disfrutar de los derechos en igualdad de condiciones, merecería una dispensa de las mismas: de esta forma, un fin de semana al mes hará una barbacoa en el parque debajo de su casa, los miércoles pintará un grafiti en alguna pared de su ciudad, y en la declaración anual de la renta no estará obligada a declarar sus ganancias de los meses de febrero y octubre.
Obviamente, esto no funciona así, no puedes negociar el cumplimiento de tus obligaciones en proporción a los derechos que disfrutas. Imagínense. Las obligaciones se cumplen entre otras cosas porque no se tiene la opción de no hacerlo, bueno, so pena de medidas coercitivas por parte de la administración.
No obstante, cuando es la administración la que no cumple su obligación como garante de un derecho, ¿qué medidas coercitivas tiene la ciudadanía para exigirle su cumplimiento? La acción coactiva más efectiva que ostentamos es el voto. Así que, usémoslo en aras de garantizar los derechos, en este caso el derecho de acceso a la educación, de Brenda y de todas las Brendas de este país, que son muchas.
Como el caso de Brenda o como mi caso ha habido y sigue habiendo muchos en España, de los cuales la prensa se haría eco si pasaran en Venezuela. En Cataluña, la Plataforma en defensa de la educación bilingüe para la infancia y adolescencia con discapacidad auditiva (Volem Signar y Escoltar) sigue denunciando recortes en el derecho a la educación inclusiva de los niños y las niñas sordas. En Canarias, según la última información facilitada en sede parlamentaria, solo 10 de cada 30 horas son accesibles mediante interpretación a lengua de signos.
Esto nos convierte en estudiantes y ciudadanas a tiempo parcial, perjudicando y ralentizando nuestro desarrollo personal y, por extensión, nuestra inserción laboral. Nos pone piedras en los zapatos con los que tenemos que recorrer el, ya de por sí, arduo camino de lograr una capacitación que nos permita llegar hasta lugares de responsabilidad donde nunca antes había estado integrada la diversidad.
Nos sobran motivos para apostar firmemente por una Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad que integre a todos y todas sea cual sea su diferencia, sin ambages. Que ante todo promueva la igualdad de oportunidades como principio rector de una nueva sociedad más justa y más cohesionada.
Y como no podemos volver a votar porque no es año bisiesto, tomemos nota y salgamos a las calles los días pares e impares del mes para reivindicar que con la educación no se negocia. Queremos 25 de 25.